Con fecha de 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera parte del llamado “Plan B” en materia electoral, que incluye modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Acto seguido y como se había anunciado se presentaron una serie de acciones de inconstitucionalidad a las cuales, como marca el procedimiento, correspondió el análisis de su admisión y, para sorpresa de muchos, el pronunciamiento favorable del ministro ponente, sobre la suspensión de los efectos y/o consecuencias de la reforma. Y es que hay que entender que la concesión de una suspensión en una acción de inconstitucionalidad no es de frecuente vista, pues en la mayoría de los casos la misma se niega, la más reciente que recuerdo es la que se concedió con la tramitación de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de fecha 13 de febrero de 2019. Lo cierto es que el que se conceda esta suspensión busca evitar que se generen afectaciones irreparables en este caso al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados toda vez que la aplicación de las normas impugnadas supone una desventaja para las personas candidatas de oposición frente a la cantidad de recursos que podría utilizar el partido gobernante para buscar las preferencias de la ciudadanía en una elección. En el caso concreto la suspensión se limitó únicamente a las dos próximas elecciones, la de Coahuila y la del Estado de México, esto quiere decir que en ninguno de dichos procesos puede ser aplicada la reforma, su regulación o sus disposiciones, ello con el fin de que exista certeza en cuanto a las reglas que regirán en dichos procesos. Ante estos hechos, la Consejería Jurídica del ejecutivo federal impugnó la suspensión concedida con el argumento de que no hay pruebas de que con la reforma vayan a presentarse afectaciones irreparables al sistema democrático. Ahora corresponde al pleno de la Corte determinar si finalmente se confirma o se revoca la suspensión otorgada. Esta resolución de la corte será de altísima relevancia, tanto por el precedente, cuanto por lo que está en juego para las futuras elecciones de nuestro país, pues se puede ver afectada la legitimidad de los resultados electorales, lo cual no es un riesgo mientras el “Plan B” siga suspendido.
