Está claro que la lucha contra el consumo de estupefacientes ilegales es una tarea permanente del Estado Mexicano, así se puede ver en los informes de seguridad en los que se destaca que entre abril de 2022 y marzo de 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la destrucción de 66 mil plantíos de amapola, con los cuales se podía haber producido heroína y opio, entre otros estupefacientes. Sin embargo, contra estas cifras contrasta el hecho de que al año en nuestro país alrededor de 375 mil personas, entre las que se cuentan 16 mil niñas, niños y adolescentes, padecen alguna enfermedad terminal y mueren con dolor. La única forma de evitar el sufrimiento de las personas con enfermedades crónico-degenerativas es con el uso de medicamentos paliativos, entre ellos, potentes opiáceos que derivan de la amapola como lo es la morfina. La medicina contra el dolor es necesaria para que las personas que padecen dichas enfermedades conserven una buena calidad de vida y se les garantice la protección de su derecho a la salud, desde el bienestar físico, hasta las cuestiones emocionales y psicológicas, por lo que garantizar su abasto es una responsabilidad del Estado Mexicano. Lo anterior cobra relevancia porque recientemente se dio a conocer que existe un desabasto de este tipo de paliativos. Desde 2017 se ha presentado una reducción del 40% en la adquisición de morfina, lo que, aunado a los cambios de prioridades del sector salud debido a la pandemia del Covid-19, provoca que muchas personas se queden sin estos insumos que les son indispensables para enfrentar sus padecimientos sin dolor. Paradójicamente, México es el tercer mayor productor de amapola, en especial el llamado triángulo dorado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como la zona sur de la Sierra Madre Occidental que comprende los estados de Guerrero y Oaxaca. En el Senado Mexicano ya se ha planteado el debate sobre la necesidad de regular la siembra y en su caso uso de la amapola con lo que también se podría beneficia a más de 30 mil familias que se encuentran en una de las zonas más marginadas del país. Si se llegara a regular se podría desarrollar un sector industrial farmacéutico especializado, generando empleos y capacidad productiva en esa región, lo que contribuiría a sacar del abandono a las y los habitantes de las comunidades y sustraerlos del control de los grupos de la delincuencia organizada que en más de un caso han obligado a los agricultores a ceder sus tierras para producir drogas. Asimismo, de implementarse una regulación adecuada, podría abaratar el costo de los medicamentos a base de goma de opio y resolver el grave problema de desabasto. En esta ocasión una posible solución al sufrimiento y las carencias de las personas parece estar en nuestras manos. Es cuestión de buscar como sí, mientras tanto, el tiempo corre y en México las personas adultas y las y los niños están padeciendo enfermedades y dolor.
