No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este 11 de septiembre se celebró la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su nueva integración de ministras y ministros electos. Si bien es pronto para saber si tendremos un verdadero tribunal constitucional, esta primera sesión ya nos permite vislumbrar hacia dónde podría dirigirse la nueva Corte.
Empecemos por lo positivo. El ministro presidente Hugo Aguilar abrió la sesión con palabras en mixteco, frente a un pleno lleno de personas jóvenes. Fue un gesto potente: un reconocimiento a la diversidad lingüística del país y a la necesidad de que la justicia se vuelva más cercana a la ciudadanía.
Pero hay que señalar lo preocupante. A lo largo de esta primera sesión, las y los ministros incumplieron el reglamento que ellas y ellos mismos habían aprobado apenas unos días antes. Las intervenciones comenzaron con largos discursos de agradecimiento por el voto ciudadano y sobre la importancia de los derechos y la dignidad; cuando empezaron a discutir los asuntos, ya habían agotado los siete minutos que el reglamento les concede para cada participación.
Para una Corte que en campaña prometió acercarse a la gente y usar lenguaje claro, el resultado fue decepcionante: el debate fue el mismo de siempre, plagado de tecnicismos y referencias procesales, sin explicar en términos sencillos lo que estaba en juego para las personas. La sesión, lejos de acercar a la ciudadanía, volvió a alejarla.
A ello se suma el embudo que parece que será la Corte. Solo se resolvieron tres asuntos. Recordemos que, tras la desaparición de las Salas, todos los casos deberán resolverse en el Pleno. Si la Corte mantiene este ritmo, será incapaz de resolver de manera pronta y expedita la carga de trabajo que ya tiene y los nuevos casos que vengan. Esto terminará afectando directamente a las personas que esperan justicia.
En lo jurídico, la sesión marcó un giro procesal importante. El Pleno rompió con la jurisprudencia 25/2016, que demandaba un cambio de fondo para considerar que existía un nuevo acto legislativo susceptible de impugnarse. La nueva Corte adoptó un criterio híbrido, a propuesta del ministro presidente: ahora cualquier reforma basta para abrir la puerta a una acción de inconstitucionalidad, y será el Pleno el que analizará, caso por caso, si el cambio es sustantivo y amerita pronunciarse sobre el fondo.
El problema es que este enfoque “caso por caso” deja a la Corte la facultad de decidir discrecionalmente cuándo entra al fondo y cuándo no. Y si a ello se suma la insistencia que escuchamos por parte de algunas ministras y ministros sobre la importancia de “ser respetuosos de la voluntad del legislativo”, el riesgo es que la Corte pueda escudarse en este enfoque casuistico para resolver solo lo que resulte menos incomodo. En esta votación, solo un ministro votó en contra de este cambio, advirtiendo los riesgos de esta discrecionalidad.
Si esta Corte quiere ser recordada como cercana y transformadora, tendrá que demostrarlo en sus fallos: protegiendo derechos sin dilaciones, hablando con un lenguaje accesible y abandonando la idea de que los derechos pueden esperar a que el legislador decida cumplir la Constitución. La cercanía con la ciudadanía no se mide en discursos inaugurales, sino en decisiones que cambian las vidas de quienes exigen justicia.
