El acceso a la información en México nunca ha sido fácil. Durante décadas, la ciudadanía tuvo que luchar contra un muro de burocracia, secretos oficiales y silencio institucional. La creación del INAI fue una conquista democrática que permitió abrir pequeñas grietas en ese muro. Hoy, ese logro se pone en riesgo al sustituir al INAI por un nuevo organismo depende directamente del Ejecutivo.
El nombre del nuevo ente suena prometedor: "Transparencia para el Pueblo". Pero el contenido de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 20 de marzo de 2025, y el reglamento del mismo el pasado viernes 21, nos hace levantar las cejas. A diferencia del INAI, este organismo dependerá directamente del Ejecutivo y sus decisiones serán determinadas por quienes tienen el mayor incentivo para ocultar la información que no es atractiva: los propios gobernantes.
El INAI no desapareció como una institución intachable. En sus últimos meses, el instituto quedó envuelto en señalamientos de corrupción, mal manejo de recursos y opacidad en sus propios procesos. Casos de uso indebido de fondos y contrataciones irregulares debilitaron su credibilidad y facilitaron el argumento de su desmantelamiento. Su imagen quedó atrapada en la contradicción de exigir transparencia mientras internamente arrastraba prácticas cuestionables. Esto no justifica su eliminación, pero sí obliga a reconocer que su actuación dejó de ser un bastión confiable para la ciudadanía.
La comparación entre la ley de 2015 y la de 2025 muestra un retroceso evidente. Antes, el INAI era un órgano autónomo, con comisionados designados por el Senado y con la capacidad de garantizar el derecho de acceso a la información de manera independiente. Ahora, Transparencia para el Pueblo es un órgano subordinado al Ejecutivo, con su titular nombrado y removido por la Presidencia de la República. Es decir, la persona encargada de garantizar la transparencia responde directamente a uno de los poderes que deben ser vigilados.
Las facultades para negar información también han cambiado, y no precisamente para mejorar. El artículo 112 de la nueva ley establece que podrá clasificarse como reservada cualquier información cuya publicación "comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social". En la práctica, esto deja un margen discrecional enorme para restringir información pública bajo criterios ambiguos. Además, se permite la reserva de información relacionada con negociaciones internacionales, políticas financieras, medidas de fiscalización, procesos judiciales en curso y hasta la divulgación de proyectos estatales, lo que podría obstaculizar investigaciones periodísticas y el escrutinio ciudadano.
Otro cambio que no pasa desapercibido es que la nueva ley solo prevé el recurso de inconformidad contra las resoluciones emitidas por las Autoridades garantes locales cuando se encuentren vinculadas con solicitudes de información concernientes a recursos públicos federales. Aunado a esto, la nueva legislación establece que los juicios de amparo en materia de acceso a la información y protección de datos personales serán conocidos por jueces y tribunales especializados que determinará el Órgano de Administración Judicial. Para ello, el Poder Judicial de la Federación deberá habilitar juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito especializados en estas materias en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, mientras se lleva a cabo esta reestructuración, todos los plazos y términos en trámite quedarán suspendidos por 180 días naturales, lo que representa una demora considerable en la resolución de estos casos y una afectación directa para quienes buscan justicia en este ámbito.
Además, la incertidumbre sobre quiénes serán los jueces y magistrados que ocuparán estos tribunales especializados es aún mayor si se considera que la elección judicial mediante voto popular se llevará a cabo el 1 de junio. La falta de claridad sobre los criterios de selección en estos nombramientos solo profundizan las dudas sobre la independencia y eficacia de estos tribunales en la defensa del derecho de acceso a la información.
A pesar de este panorama desalentador, la historia nos ha demostrado que la ciudadanía es capaz de recuperar los espacios que le pertenecen. La sociedad civil, el periodismo y la academia han demostrado que no necesitan permiso para investigar, cuestionar y exigir respuestas. Si algo nos ha enseñado el pasado es que, por más candados que se pongan, la ciudadanía organizada siempre es más fuerte.
