Con la reforma judicial no solo salen ministros, magistradas y jueces: también personal con décadas de experiencia, secretarias y secretarios proyectistas, secretarias auxiliares y adjuntos, equipo técnico que llevaba años perfeccionando su trabajo en los tribunales. La fuga de capital humano que se está dando en el poder judicial federal es importante. Pero en esa pérdida hay un ángulo especialmente preocupante: el retroceso que implica para las mujeres y para la construcción de una justicia con perspectiva de género.
Durante años, se invirtió en capacitar a quienes integraban el Poder Judicial federal en temas de violencia contra las mujeres, igualdad sustantiva y juzgar con perspectiva de género y derechos humanos. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero poco a poco empezó a reflejarse en resoluciones concretas. Por ejemplo, se lograron sentencias como la obtenida por la clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Ibero en Puebla donde se consiguió que el IMSS brindara atención médica a la hija de una mujer desaparecida, al ordenar al Seguro social a afiliarla a través de su abuela, quien la tenía a su cargo.
No se trataba de un sistema perfecto. Estaba lleno de rezagos y en ocasiones hasta de criterios contradictorios. Pero era perfectible. Cada curso, cada protocolo y cada resolución que incorporaba la perspectiva de género representaban pasos hacia una justicia más sensible, más cercana a la realidad de las mujeres y de los grupos históricamente excluidos. Esa trayectoria se interrumpe de golpe con la reforma, que desmantela lo construido y deja en el aire el futuro de una justicia que, si bien lento, se estaba transformando.
La incertidumbre de lo que viene ha provocado que muchas juezas, magistradas, y personal que conforma las ponencias de las y los titulares, decidan salir. En muchos casos esta salida se origina ante la constatación de que un modelo de justicia basado en elecciones populares erosiona la profesionalización y premia la popularidad por encima de la técnica. Cada salida representa años de experiencia que no se reemplazan fácilmente. Y en un país donde las mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a la justicia, esa fuga de talento tiene un costo enorme.
Lo que se pierde no son únicamente cargos o plazas. Con la salida de personas valiosas -mujeres y hombres, juzgadoras y personal técnico y de apoyo- se debilita la columna vertebral de la justicia federal. Lo que viene es incierto: no sabemos cómo resolverán quienes lleguen ni si estarán a la altura de los retos que implica impartir justicia en México. Pero si algo queda claro es que la legitimidad de un juez, magistrada o ministra, no se gana en las urnas, sino en el trabajo cotidiano. A quienes pronto ocuparán esos espacios les corresponde demostrar que pueden mejorar lo que ya existía y no desandar lo que tanto costó construir. Porque, como escribió Albert Camus, “la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo al presente”.
