Cuando pensamos en internet, pensamos en libertad. La promesa de un acceso igualitario a la información, a la educación, a la cultura. Pero hoy, bajo el pretexto de cerrar la brecha digital, se está abriendo otra más peligrosa: la brecha entre ciudadanía y poder.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo para expedir la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión promete conectividad para todos. Habla de banda ancha como derecho fundamental, de acortar desigualdades históricas, de llegar a comunidades rurales e indígenas.
Con palabras suaves, se oculta una concentración de poder brutal. En nombre del acceso, se desmantela la vigilancia ciudadana sobre el espectro radioeléctrico, sobre la asignación de concesiones, sobre los contenidos que consumimos y se producen. Y como si fuera poco, la iniciativa incluye disposiciones que amenazan directamente la privacidad y la libertad de expresión.
De acuerdo con la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), esta propuesta permitiría que la nueva Agencia de Transformación Digital bloquee plataformas digitales de manera discrecional, bajo el pretexto de un "incumplimiento de obligaciones", sin necesidad de orden judicial. También contempla la creación de un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil —una idea similar al PANAUT que ya fue declarado inconstitucional en 2022— y autoriza el uso de dispositivos para cancelar señales de telefonía móvil, abriendo la puerta a apagones de internet arbitrarios
¿De qué libertad hablamos si el mismo poder que gobierna será quien decida cómo, cuándo y a quién se conecta? ¿Cómo confiar en la equidad en el acceso si se eliminan los contrapesos y se multiplican los instrumentos de censura y vigilancia?
México ha construido, con enorme esfuerzo ciudadano, un ecosistema digital donde la participación, la crítica y la pluralidad florecen, a pesar de las desigualdades estructurales. Sin embargo, también hay señales de que este proceso puede corregirse. Es positivo que la presidenta haya reconocido la necesidad de revisar la iniciativa y abrir el debate. Que el Congreso sea el espacio donde se discutan, modifiquen y mejoren estas reformas es no solo un gesto de apertura, sino una oportunidad democrática que no podemos dejar pasar.
No se trata de rechazar sin más, ni de aprobar sin matices. Se trata de aprovechar esta oportunidad para construir una ley que garantice el acceso universal a la conectividad sin sacrificar la privacidad, la libertad de expresión ni la autonomía. Una ley que cierre brechas de desigualdad, pero también una que evite abrir puertas al autoritarismo.
El Congreso tiene hoy en sus manos la posibilidad de corregir el rumbo. De demostrar que la transformación digital no debe ser vertical, sino colectiva. Que en democracia, las mejores decisiones nacen del debate informado, de la apertura a la crítica y de la capacidad de rectificar. El futuro digital de México puede ser libre, plural y justo. Pero solo si tenemos el valor —y la paciencia democrática— de construirlo entre todas y todos. Una ciudadanía apática es lo peor que le puede pasar a nuestro país.
