¿Qué puede salir mal si le das solo quince días a un órgano que aún no existe para poner en marcha todo el Poder Judicial de la Federación? Todo.
La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 impuso un calendario imposible: el nuevo Órgano de Administración Judicial, que todavía no ha sido conformado, tendrá a más tardar el 15 de septiembre de 2025 para adscribir a todas las personas electas como juezas, magistradas y ministras en la elección del 1 de junio. No tendrá meses para planear. Tendrá, en el mejor de los casos, dos semanas. Y no solo deberá realizar adscripciones, sino también asumir el control operativo de todo el aparato judicial: desde el pago de nóminas hasta el suministro de papel y tinta en los tribunales.
Este órgano, integrado por cinco personas (tres designadas por mayoría de ocho votos del Pleno de la Corte, una por el Senado y una por el Ejecutivo), aún no tiene nombre ni rostro. Tampoco reglas claras. Pero sobre sus hombros recaerá la estabilidad de un sistema que atiende miles de asuntos cada mes. Si no está funcionando en tiempo y forma, el riesgo de colapso institucional es real.
Un fallo en la operación del órgano significaría, en la práctica, que cientos de juzgados y tribunales podrían quedar sin titulares, con personal administrativo sin pagar, sin presupuesto para operar y sin posibilidad de recibir y tramitar los asuntos que les correspondan. En un país con más de 32 mil asuntos federales en trámite solo en los juzgados de distrito, el colapso no sería teórico: implicaría retrasos masivos, pérdida de confianza pública y una vulneración directa al derecho de acceso a la justicia. El vacío no se llenaría con discursos ni con buenas intenciones. Se traduciría en puertas cerradas para quienes necesitan una resolución pronta y eficaz.
Y lo que se dislumbra en la Corte no es menor. La propia Corte ya ha advertido sobre la sobrecarga que implicará la desaparición de sus Salas, enfrentará una carga de trabajo que se antoja inmanejable. Según su Informe de Labores 2024, del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, el Pleno resolvió 479 asuntos. En contraste, la Primera Sala resolvió 1,868 y la Segunda, 2,009. Ahora, todo recae en un solo cuerpo colegiado, que ni con el mejor de los ánimos podrá responder al tamaño de la demanda en plazos razonables.
En este nuevo diseño, la Corte no solo perderá capacidad de respuesta, sino también la especialización que por décadas se desarrolló en las Salas. Asuntos civiles, penales, laborales y administrativos ahora competirán por espacio en una sola agenda común. Las discusiones serán más lentas, menos técnicas y mucho más susceptibles a bloqueos del poder político y económico. La promesa de una justicia cercana y accesible se podría desvanecer cuando el tribunal más alto del país se vea obligado a elegir entre cantidad y calidad, entre resolver lo urgente o lo importante.
Abogadas, abogados y litigantes empezamos a preocuparnos, aún más, ante lo que quienes aprobaron la reforma esperan que este nuevo órgano logre en dos semanas. Se espera que este órgano sea capaz de pagar salarios, garantizar insumos materiales, asignar plazas y todo sin margen de error, vaya, para este puesto no hay curva de aprendizaje porque la demanda por justicia no para.
Si algo debería enseñarnos esta reforma es que no se puede reinventar la justicia sin construir los puentes que la sostengan. En el centro de esta discusión no está solo el poder, sino la vida de miles de personas que dependen de un Poder Judicial que funcione. No de un aparato electoral, no de un eslogan, sino de instituciones reales, capaces, listas. Y hoy, lo que tenemos en puerta es lo contrario: un órgano inexistente al que se le pide hacer lo imposible y un Pleno que antes de siquiera entrar a conocer sus oficinas, tendrá que nombrar a sus integrantes del órgano de administración, de lo contrario, el poder judicial federal podría colapsar al encontrarse con un impasse institucional.
jf
