Hablar de la reforma al poder judicial no fue una de las cosas que el 2024 se llevó y menos con las más recientes suspensiones emitidas por parte de juzgadores de distrito en Michoacán y Jalisco.
La reforma al poder judicial se encuentra atrapada entre resoluciones judiciales que, en lugar de brindar certeza, generan absoluta incertidumbre. Las reciente decisiones de jueces de distrito que ordenan suspender a los Comités de Evaluación de los tres poderes de la Unión, en la etapa en que se encuentra y en el ámbito de sus competencias, todo proceso o procedimiento contemplado en la reforma al Poder Judicial, ha desatado una tormenta que amenaza con afectar a la ciudadanía, principal víctima de esta crisis institucional.
Lo hemos dicho distintas personas: la reforma judicial de 2024, lejos de fortalecer al Poder Judicial, lo ha sumido en una incertidumbre peligrosa. Aunque presentada como una apuesta por la democratización, esta reforma ha generado un entorno en el que la independencia judicial se encuentra en riesgo, debilitando las garantías de imparcialidad y acceso a la justicia que son fundamentales para la población. El cambio a un modelo de elección popular de personas juzgadoras de todos los niveles no solo politiza aún más los nombramientos, sino que también vulnera la estabilidad de la carrera judicial, mina la confianza ciudadana en las instituciones y termina por exigir mayores requisitos a los integrantes de los equipos de las personas juzgadoras que a los propios jueces y juezas.
Sin embargo, las suspensiones emitidas, aunque bien intencionadas, se encuentran lejos de ser la solución esperada. Dichas suspensiones fueron emitidas para efectos tan variados que van desde garantizar que no se afecte la carrera judicial ni los derechos de las personas juzgadoras, ordenar al Instituto Nacional Electoral detener cualquier avance en los procesos electorales relacionados con la reforma al poder judicial, hasta ordenar detener el proceso en el que se encuentran los Comités de Evaluación de los tres poderes.
Más problemático aún es el hecho de que, de los tres comités involucrados en este proceso, únicamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial ha decidido acatar las suspensiones. Mientras tanto, los comités del Poder Ejecutivo y del Legislativo continúan avanzando con el proceso electoral, desafiando la orden judicial. Esto posibilita que nos en la elección extraordinaria no contemos con candidaturas propuestas por el Comité del Poder Judicial, dejándose fuera perfiles extraordinarios. Esta fragmentación en el cumplimiento de las suspensiones no solo socava la coherencia institucional, sino que también refuerza la percepción de que política prima sobre el Estado de derecho.
El panorama es aún más complejo cuando se considera que el propio Consejo de la Judicatura Federal presentó recurso de queja contra las suspensiones emitidas por jueces de distrito. Este hecho no solo refleja una fractura interna en el Poder Judicial, sino que también evidencia las tensiones generadas por la implementación de la reforma. En particular, el recurso de queja 235/2024 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito desecha el recurso de queja presentado por el Secretario Técnico adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos al considerar que no está legitimado para actuar en forma contraria o desleal al sentido en el que debería guiar sus acciones y las del Consejo de la Judicatura Federal, quien tendría que actuar con integridad y lealtad hacia su función priorizando siempre el interés del sistema judicial, y de la ciudadanía ante las amenazas al estado de derecho defendiendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación.
La reforma judicial se llevó consigo la certeza de que las decisiones judiciales, en particular las suspensiones, serían acatadas de manera uniforme por todas las instituciones involucradas. La negativa de los otros comités a detener el proceso electoral, a pesar de la orden judicial, no solo expone un desacato preocupante, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad de los mecanismos actuales para garantizar el respeto pleno al Estado de derecho. Este escenario debilita la confianza en las instituciones y genera un precedente peligroso que podría replicarse en otros ámbitos de la administración pública.
Estos actos evidencian cómo las dinámicas de poder están afectando no solo la implementación de la reforma, sino también la percepción pública sobre la capacidad de los órganos judiciales para proteger el equilibrio democrático.
La disparidad en el cumplimiento de la suspensión pone de relieve las tensiones entre los poderes del Estado. Que el Poder Ejecutivo y el Legislativo avancen con el proceso electoral a pesar de la orden judicial no solo desafía abiertamente al Poder Judicial, sino que también crea un precedente peligroso: el de la desobediencia institucional como respuesta a decisiones que no favorecen sus intereses. Este choque de poderes alimenta una narrativa de enfrentamiento que debilita aún más la credibilidad de las instituciones y mina la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
La historia del Poder Judicial está escrita en sus decisiones, pero el futuro dependerá de la capacidad de sus actores para encontrar el equilibrio entre proteger la constitución y ejercer la auto contención a la que llamaba hace unos meses el ministro González Alcántara Carrancá. De lo contrario, el principal afectado seguirá siendo la ciudadanía, que hoy enfrenta un sistema judicial atrapado en conflictos de poder. ¿Cuánto más deberá esperar la sociedad para ver una justicia que funcione verdaderamente para ella?
