Esta semana, la alcaldía Cuauhtémoc retiró las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara del Jardín Tabacalera. La decisión -encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega- generó reacciones encontradas. Para algunas personas fue un acto de justicia simbólica, mientras que para otras este acto hablaba de una embestida contra lo que representan ambas figuras. Pero quizá la discusión más importante no está en quiénes eran los personajes representados, sino en cómo se colocaron esas esculturas, y cómo se decidió retirarlas.
El espacio público no es tierra de nadie ni propiedad de quien gobierna en turno. Las reglas existen, y es obligación de las autoridades cumplirlas y hacerlas cumplir. Si las esculturas se instalaron sin los permisos necesarios, como ha señalado la alcaldía, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cómo fue posible que eso ocurriera? ¿Quién autorizó la colocación?
Y por el otro lado, si al asumir el nuevo gobierno se detectaron irregularidades, ¿se siguió algún procedimiento legal para remover las estatuas? ¿Se consultó al Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México? ¿Se elaboró un expediente? ¿Se notificó formalmente a las autoridades del gobierno de la ciudad?
Nos hemos acostumbrado a ver ciertas decisiones como actos de voluntad política, no como actos jurídicos, como si lo único que hiciera falta para cambiar algo en el espacio público fuera tener una buena razón o una causa. Pero en un Estado de derecho, eso no basta.
El derecho administrativo , ese conjunto de normas que a veces se ve como mero trámite y que en ocasiones es olvidado por las autoridades, existe para garantizar que las decisiones gubernamentales se tomen con base en reglas claras, y que la decisiones puedan ser revisadas. Es por esto que importa cómo se toman las decisiones, no sólo por qué se toman. Porque sin procedimientos, todo queda a criterio de quien tiene el poder en ese momento. Y eso no es gobernar: es improvisar.
Este caso es una oportunidad para hacernos preguntas que casi nunca nos hacemos. ¿Qué permisos se necesitan para instalar o remover esculturas? ¿Cuáles son los requisitos de consulta vecinal? ¿Cuáles son las consecuencias legales si se omiten esos pasos? Y también: ¿qué señal se envía cuando las reglas se dejan de lado? Porque si cada administración puede borrar lo que hizo la anterior sin justificación legal, ¿qué certeza tienen las personas que participan en proyectos ciudadanos? ¿Qué garantía hay de que lo que se construye desde lo público será respetado, evaluado y, si es necesario, removido conforme a la ley?
No se trata de estar a favor o en contra de Fidel o del Che. Se trata de respetar el derecho, y los procesos jurídicos. Si hubo errores en el pasado, deben documentarse y corregirse; no simplemente desaparecerse. Si hay reclamos ciudadanos, estos deben canalizarse por las vías establecidas y atenderse fundamentando y motivando las decisiones.
Este caso no es un asunto menor. Es un recordatorio de que el derecho existe para poner límites, para evitar abusos y para garantizar que el espacio público se administre con responsabilidad y apego al derecho. Así es como se garantiza y se protege el Estado de derecho.