En un Estados Unidos polarizado por debates sobre la llamada "discriminación inversa", la Suprema Corte acaba de emitir un posicionamiento controversial en una de sus últimas decisiones en el caso Ames v. Ohio Department of Youth Services donde elimina un estándar que demandaba un estándar probatorio más alto a ciertos demandantes que alegaban haber sido discriminados.
El caso partió de la demanda de Marlean Ames, una mujer heterosexual con más de veinte años de trabajo en el sistema de justicia juvenil de Ohio. Ames alegó que fue discriminada por su orientación sexual: no obtuvo un ascenso y luego fue degradada de su puesto laboral mientras que ambos puestos fueron ocupados por personas de la comunidad LGBTQ+. Su demanda, presentada bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, fue rechazada por dos tribunales inferiores a la Suprema Corte.
Pero no porque se hubiera decidido que no hubo discriminación. Los tribunales aplicaron una regla vigente en 20 estados y en el Distrito de Columbia: la llamada doctrina de background circumstances. Según esta regla, las personas de grupos mayoritarios —como blancos, hombres o heterosexuales— debían superar un umbral adicional: demostrar que su empleador es "inusual" al discriminar a alguien de la mayoría. A los integrantes de grupos minoritarios no se les exige este requisito extra.
La Corte Suprema, de manera unánime, eliminó este estándar. En la opinión escrita por la jueza Ketanji Brown Jackson (nominada en su momento por el presidente Biden), el tribunal subrayó que el Título VII protege a cualquier individuo. “El Congreso no dejó espacio para que los tribunales impusieran requisitos especiales únicamente a los demandantes de grupos mayoritarios”, escribió la ministra Jackson. El fallo devuelve el caso de Ames al tribunal de apelaciones, que ahora deberá examinarlo en igualdad de condiciones.
El contexto no es menor. En Estados Unidos, el debate sobre la llamada "discriminación inversa" está en el centro de la agenda política. La actual administración de Donald Trump ha impulsado la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el gobierno federal y ha buscado frenar su expansión en otros ámbitos. El propio EEOC, la agencia encargada de combatir la discriminación laboral, ha cambiado de enfoque y prioriza ahora la eliminación de "todas las formas" de discriminación, incluidas las derivadas de políticas DEI.
En este ambiente, el fallo de la Suprema Corte fue respaldado tanto por el gobierno de Trump como por distintos grupos conservadores. Al mismo tiempo, algunas organizaciones de derechos civiles alertan que podría incentivar demandas estratégicas por “discriminación inversa” con poco sustento, en un intento por debilitar las políticas de inclusión.
El caso de Ames no decide aún si ella fue discriminada. Lo que sí establece es que podrá demostrarlo bajo las mismas reglas que cualquier otra persona. Esta sentencia nos recuerda algo importante: todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Pero también nos muestra cómo ciertos litigios —y ciertos discursos— buscan convertir el derecho a la no discriminación en un arma contra las políticas que precisamente buscan corregir desigualdades reales. No hay que confundirse: defender estándares procesales iguales no puede ser el pretexto para erosionar el compromiso con la inclusión.
Melissa Ayala
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