El reciente episodio protagonizado por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha puesto en evidencia una alarmante erosión del Estado de derecho. En una decisión sin precedentes, se ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial ignorar las suspensiones otorgadas por dos juzgados de distrito, que buscaban detener el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras. Este acto, lejos de fortalecer la justicia, amenaza con socavar los cimientos institucionales sobre los que descansa nuestro estado de derecho.
En lo personal, no estoy de acuerdo con las suspensiones emitidas por los juzgados de distrito en este caso. Considero que estas son contrarias a los propios precedentes de la Suprema Corte en materia de interés legítimo y los efectos para los que se concedieron afectan el interés público al poner en riesgo la continuidad de un proceso que, aunque controvertido, tiene un mandato constitucional. Sin embargo, lo que debe hacerse en estas circunstancias no es desacatar las resoluciones judiciales, sino recurrirlas conforme a los cauces legales. Ignorar las decisiones judiciales, independientemente de si estamos de acuerdo con ellas o no, sienta un peligroso precedente aplicable en el futuro.
Este caso trasciende la reforma al Poder Judicial y expone un problema más profundo: la creciente subordinación del derecho a la política. Las resoluciones judiciales, que deberían ser el último bastión de protección, llevan siendo ignoradas por autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, y ahora, por el propio poder judicial.
Esta dinámica no solo afecta a juzgadores y litigantes, sino a toda la ciudadanía. Cuando las sentencias y resoluciones emitidas en el juicio de amparo pierden su fuerza, la capacidad de las personas para defenderse frente a las arbitrariedades del poder queda gravemente debilitada. ¿Qué confianza podemos tener en un sistema que permite que sus propias reglas sean descartadas cuando no resultan convenientes?
La Sala Superior justificó su decisión señalando que los procesos electorales no pueden ser interrumpidos debido a su trascendencia constitucional. En el caso concreto, la Sala concluyó que las suspensiones otorgadas por los jueces de distrito contravenían el principio de definitividad, que garantiza la continuidad ininterrumpida de las etapas electorales. Pero, lo más alarmante aún es la instrucción de la Sala Superior de presentar una denuncia contra uno de los jueces que otorgó las suspensiones. Este acto constituye un ataque directo contra la independencia judicial, un principio esencial para garantizar que las y los juzgadores puedan actuar sin presiones o temores a represalias. Si las y los jueces comienzan a sentir que sus decisiones pueden tener consecuencias personales, ¿quién protegerá a la ciudadanía de los abusos del poder?
Estamos viviendo un momento donde cada vez más la política doblega al derecho, renunciando así a la posibilidad de vivir en un país donde las leyes nos protejan a todos por igual. En este momento crítico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una solicitud promovida por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, para que se dirima si los jueces de distrito tienen la facultad de suspender actividades relacionadas con el proceso electoral. Este hecho subraya la magnitud de las tensiones internas en el Poder Judicial y plantea preguntas fundamentales sobre los límites de las competencias de sus órganos.
Nuestro máximo tribunal constitucional está llamado a poner fin a la incertidumbre y restaurar el orden constitucional. Su papel no es solo resolver el conflicto inmediato, sino sentar un precedente que reafirme la fuerza del derecho sobre la política y garantice que las reglas del juego democrático deben ser respetadas. Si la política somete al derecho, lo que perdemos no son solo instituciones, sino la posibilidad de vivir bajo un verdadero pacto democrático. En este momento, más que nunca, la Suprema Corte debe asumir su papel histórico: restaurar la confianza en el sistema judicial y demostrar que, frente a la incertidumbre, la justicia aún tiene la posibilidad de prevalecer.
