El empresario y gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, seguramente consciente de que seguía cayendo su imagen pública entre la ciudadanía, dada la impopularidad del llamado “Tarifazo”, así como la posibilidad real de que la medida se terminara frenando por la vía judicial (con el amparo a estudiantes y otros en curso), o incluso mediante un referéndum y un plebiscito en desarrollo, decidió dar un paso atrás. Las decenas de miles de personas que durante semanas se movilizaron contra el aumento al transporte público en Jalisco deben sentir este momento como una victoria, y siempre vale la pena celebrar. Pero hay que verlo claramente: todavía queda mucho por resistir y exigir.
Lemus, “al estilo Jalisco”, aplicó la estrategia de “crear incendios para luego apagarlos”: Anunció en un video hace unos días, que la llamada “Tarjeta Única” (la tarjeta bancaria Broxel) ya no será obligatoria para acceder al subsidio al transporte público, como se venía asegurando desde diciembre pasado. No hubo un reconocimiento explícito del error que representaba la estrategia. Pero sí fue una admisión implícita de que imponer una tarjeta bancaria privada como requisito para acceder a un servicio público era políticamente insostenible. Así pues, las personas podrán pagar $11 pesos del transporte en efectivo o con las tarjetas previas del sistema.
Este paso atrás no ocurrió por buena voluntad del gobierno estatal. Ocurrió porque miles de estudiantes, personas usuarias, colectivos y organizaciones sociales presionaron en las calles, en redes sociales y en el debate público. Ocurrió porque la gente no aceptó que se mediara el acceso a un servicio básico como el transporte público con un banco privado. En ese sentido, la movilización ciudadana ya logró algo importante: demostrar que las decisiones sobre la movilidad en la ciudad no pueden tomarse a espaldas de quienes realmente sí usan el sistema todos los días.
Sin embargo, a pesar de este cambio en la estrategia del gobierno, siguen existiendo problemas de fondo. El primero es el más evidente: la tarifa y el subsidio. Según el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado, la tarifa general del Transporte Público queda en $11 pesos, un monto que si bien está por debajo de los $14 pesos que se trataron de imponer, sigue representando 16% más que la tarifa actual ($9.5). Hasta ahora no existe una explicación técnica o legal convincente para este aumento en el costo, particularmente cuando la calidad del servicio sigue empeorando continuamente.
Además, el acuerdo sigue contemplando “un subsidio” por cada viaje en transporte público concesionado, es decir, ya no se transparenta el monto que será subsidiado. En otras palabras, el gobierno seguirá transfiriendo recursos públicos para sostener las ganancias del sistema concesionado. Esto resulta difícil de justificar.
La segunda gran pregunta es qué ocurrirá con la “Tarjeta Única” (tarjeta bancaria Broxel). El problema nunca fue únicamente que se pretendiera usar para pagar el transporte, sino que se quiere utilizar para concentrar ahí la dispersión de diversos programas sociales y el acceso a otros servicios públicos (como por ejemplo, servicios de salud estatales).
En ese sentido, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas señalaron que se les estaba negando el acceso a programas sociales si no contaban con la tarjeta bancaria. De igual forma, trabajadores que atendían a adultos mayores para tramitar la llamada Tarjeta Única denunciaron que se les pedía aceptar cláusulas que comprometían la privacidad de sus datos personales, sin avisarles claramente. En realidad, se estaba empujando a miles de personas a entregar información sensible a una empresa bancaria privada para poder acceder a servicios públicos (misma que en su aviso de privacidad contemplaba la posibilidad de compartir dichos datos con fines comerciales).
Por eso el contrato con Broxel no debería simplemente modificarse. Debería cancelarse por completo. Ningún servicio público debería condicionarse al uso de una tarjeta bancaria privada, mucho menos de compartir datos personales. Y para las miles de personas que ya entregaron sus datos personales en el proceso de registro, el gobierno tiene la obligación de garantizar que esa información sea eliminada y que no pueda utilizarse con fines comerciales. También queda una pregunta incómoda: si el contrato se termina cancelando o modificando, ¿quién pagará los costos de esa decisión?
Pero incluso más allá de esta polémica, la discusión sobre el transporte público en Jalisco no puede reducirse únicamente al tema de la tarjeta o de la tarifa. Las personas usuarias siguen enfrentando problemas cotidianos que el gobierno parece ignorar: unidades saturadas, largas esperas entre camiones, rutas mal conectadas o insuficientes, y promesas incumplidas de ampliación del sistema de tren ligero.
Porque al final del día, el problema de fondo no es solamente la tarifa. El problema es el modelo. Durante décadas, el transporte público en el área metropolitana de Guadalajara ha operado bajo esquemas de concesión a empresas privadas cuyo objetivo principal es generar ganancias, no transportar a la gente. Pero el transporte público no es cualquier mercado: es un servicio esencial para garantizar el derecho a la movilidad, el acceso al trabajo, a la educación y a la vida en las localidades.
Cuando la lógica principal es la rentabilidad, los incentivos suelen chocar con el bienestar colectivo: aparecen rutas rentables y rutas abandonadas, unidades saturadas y mantenimiento insuficiente.
La discusión que se abre ahora debería ir más allá del aumento y de la tarjeta. Debería preguntarse cómo avanzar, incluso de forma gradual, hacia un modelo de transporte verdaderamente público, donde los subsidios no terminen alimentando utilidades privadas sino fortaleciendo un servicio digno y eficiente para la población. La movilización ciudadana ya demostró que es posible frenar decisiones injustas. No lo olviden: el transporte público es un derecho, no un negocio.