Mucho se ha hablado sobre la gran e histórica problemática de México como un país cuya recaudación de impuestos es baja, incluso para estándares de países con un similar nivel de desarrollo económico y social. En nuestro país, el total de impuestos recaudados apenas alcanza 17% del PIB, siendo que el promedio de América Latina está por encima de 23%, mientras que en la OCDE llegan en promedio a recaudar el doble que en México (34%).
Es tan bajo lo que se recauda en México, que incluso es menor que el gasto social promedio en la OCDE; es decir, la recaudación por impuestos en nuestro país en tan baja que aunque su totalidad se dedicara sólo a gasto social y se dejaran de fondear cualquier otro tipo de políticas económicas, de gastos de gobierno (salarios de la burocracia y gastos para su funcionamiento, etc.), de costo de la deuda pública, etc., aun así sería imposible alcanzar los estándares internacionales de los países “más desarrollados”.
Es por esto que desde hace muchos años (en realidad desde hace más de cincuenta años), se ha pugnado por la necesidad de una reforma fiscal de gran calado que logre aumentar la recaudación en el país, especialmente para cobrar más a quienes más tienen.
Al negarse a aumentar impuestos, el gobierno federal encabezado por López Obrador ofreció como alternativa el mejor cobro de los impuestos actuales (principalmente a las grandes empresas) y el fin a las condonaciones y perdones fiscales a discreción. Si bien claramente son estrategias loables y necesarias, la realidad es que su impacto en la recaudación ha sido relativamente bajo, de acuerdo con lo que muestran los datos.
Durante el sexenio actual, la recaudación de impuestos ha aumentado apenas 15% en términos reales (es decir, luego de eliminar el efecto de la inflación), un aumento muy por debajo del aumento del 84% durante el sexenio de Peña Nieto, cuyo importante incremento está vinculado a la reforma fiscal de 2013.
Mientras que en el sexenio de Peña la recaudación por ISR e IVA aumentó en 63 y 25% respectivamente, en el sexenio actual el aumento apenas llegó a 18 y 16%. En el caso del IEPS (en su modalidad dirigida a bienes no combustibles, como tabaco y bebidas alcohólicas y con azúcares y/o alto contenido calórico), el aumento fue de 73% en el sexenio pasado, y apenas alcanzó 5% durante lo que va del actual.
Con un espacio fiscal cada vez más acotado por el aumento de obligaciones fiscales del gobierno (como el esperado aumento en las pensiones para los siguientes años), y un nuevo sexenio entrante que se destaca por el interés en seguir aumentando el gasto en algunos programas sociales clave, queda clara la necesidad de aumentar la recaudación por impuestos de forma urgente.
En el futuro próximo, la pregunta no será si es necesaria o no una reforma fiscal. La pregunta será: ¿a quienes les vamos a cobrar más para poder financiar el Estado social que necesitamos?, ¿a los más ricos, a las clases medias o a los más pobres? Una reforma fiscal progresiva, que cobre más a quien más tiene (y quien se ha beneficiado por décadas de un sistema fiscal débil) debería ser la pugna de las mayorías precarizadas en este país.
