Hace un par de semanas mencionaba en este espacio el intenso debate que se ha dado en la discusión pública respecto a la disminución de la pobreza en México durante el sexenio de López Obrador. Tal vez el aspecto menos conocido es que, según la medición oficial de la pobreza en México que realiza el CONEVAL, el nivel de la pobreza extrema en 2018 es básicamente el mismo que en 2022 (cifra más reciente disponible hasta el momento).
Más específicamente, la pobreza extrema se mantiene en 7.1% de la población para el año 2022, aunque su desagregación por edades cambió: mientras que la pobreza extrema en adultos mayores disminuyó de 8.1% en 2018 a 5.1% en 2022, la pobreza extrema en niños, niñas y adolescentes aumentó, pasando de 8.8% a 9.9%, respectivamente.
Justo la semana pasada también mencionaba que durante el sexenio que está por terminar, la mejora en el ingreso de los hogares más pobres se debía mucho más al aumento del ingreso laboral, y en realidad era poco el impacto registrado por los programas sociales.
Y es que los resultados del impacto de los programas sociales en la pobreza extrema son mixtos. Por ejemplo, en 2018, 69% de los hogares en pobreza extrema recibían al menos un programa social de transferencia monetaria, mientras que ese indicador pasó a 54% en 2022. Es decir, los programas sociales tienen un menor alcance en hogares en pobreza extrema durante el sexenio actual.
Lo anterior es el balance de aspectos positivos de la política social durante el sexenio (como el incremento de la cobertura y el monto transferido por la Pensión de Adultos Mayores), pero también de aspectos negativos como 1) la cancelación del programa PROSPERA (que cubría a un gran porcentaje de hogares en pobreza extrema), 2) que la Beca Benito Juárez (BBJ) de Educación Básica sólo otorga una única transferencia por familia (y no por hijo o hija, cómo lo hacía PROSPERA) y 3) el estancamiento en el presupuesto de los programas dirigidos a la población en pobreza extrema (como la BBJ de edu. básica) e incluso el deterioro del monto transferido con el paso del sexenio: la BBJ comenzó en 2019 transfiriendo cerca de $1,050 mensuales (en pesos constantes de 2024) y en 2024 apenas alcanzó $920; es decir, 12% menos en términos reales. Todo lo anterior afectó el poder de la política social para disminuir la pobreza extrema.
La buena noticia, a mi parecer, es la promesa para el sexenio de Sheinbaum de universalizar las Becas Benito Juárez de Educación Básica y convertirlas en una transferencia individual, una por cada niño o niña inscrito en una escuela pública, similar al programa “Mi Beca para Empezar”, una de las políticas insignia en la CDMX durante el gobierno de la ex-jefa de gobierno.
Más allá del muy interesante debate entre “becas universales” versus “becas talento” (o becas al supuesto “mérito”) que se tuvo durante los últimos años (del cual ya he publicado mi posicionamiento en otros espacios), el tema con la universalización de las becas en educación básica para escuelas públicas, es que, a diferencia de lo que ha pasado con la política social durante el sexenio de López Obrador, se trata de un programa que impactaría principalmente a los hogares más pobres: el 59% de los hogares en pobreza extrema por ingresos tienen al menos un hijo inscrito en educación básica pública (mientras que sólo el 24% de dichos hogares tienen un integrante adulto de 65 años o mayor, por ejemplo).
Los detalles importantes para el grado de impacto en la pobreza extrema serán el monto de la transferencia y por dónde comenzarán la cobertura gradual. Según cálculos propios, un monto cercano a $900 pesos mensuales por estudiante (como se ha anunciado) representaría, en promedio, apenas el mismo impacto en los hogares más pobres que el que tenía PROSPERA hace seis años. Sí realmente se quiere disminuir la pobreza extrema mejor que durante los gobiernos neoliberales, el monto debería ser ampliamente mayor.
Por otro lado, si la cobertura será gradual, el impacto en la pobreza extrema sería mayor si se comienza por los primeros grados de la educación primaria, y no por la educación secundaria, como se ha planteado.
En todo caso, a quienes estarían dejando atrás siguen siendo los hogares que no tienen inscritos a sus hijos en educación básica pero que están en la edad adecuada, que normalmente son los más pobres del país. De ahí que debería de considerarse eliminar la condicionalidad de asistencia educativa para recibir una transferencia monetaria, una herencia de los programas sociales del neoliberalismo que consideraban que los beneficiarios deberían desarrollar “corresponsabilidades”.
Al eliminar la condicionalidad, este programa debería convertirse en una transferencia universal para todos los niños, niñas y adolescentes. Incluyendo, claro, a los menores en etapa de primera infancia, el grupo poblacional ignorado por la política social de la 4T. Una política social con dicho esquema, y un presupuesto importante, podría ser la estrategia más potente del gobierno federal para realmente reducir la pobreza extrema en el país. Disminuir la pobreza extrema está en manos del gobierno, ellos decidirán si está en su interés hacerlo o no.
