Los impuestos pueden tener una finalidad adicional a la de recaudar impuestos: la de luchar contra las distintas desigualdades sociales. Este objetivo puede ser alcanzado especialmente si los impuestos se cobran de forma progresiva, es decir, que graven en un mayor monto e incidan más en los más ricos.
El reciente informe sobre el ISAI (Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles), publicado por las organizaciones Política Colectiva y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG), analiza distintos impuestos relacionados con la propiedad inmueble cobrados en el país, evidenciando que no utilizan de forma efectiva su potencial para luchar contra la gravísima crisis de vivienda que se vive en el país.
De hecho, la crisis de vivienda en México es más grave aún debido a que los gobiernos locales han renunciado a utilizar impuestos como el ISAI (y otros que detallo a continuación) para regular el mercado de vivienda y disminuir la gentrificación y turistificación en sus ciudades, así como financiar políticas que contrarresten dichas problemáticas.
Por ejemplo, en el caso del ISAI, un impuesto que se cobra a la adquisición de viviendas y otros bienes inmuebles, el informe evidencia la importancia del impuesto, ya que representa 20% de los ingresos propios de los municipios (frente a 37% del predial). De hecho, en 13 municipios, como Querétaro, Mérida, Zapopan, Benito Juárez (Cancún), Mazatlán, San Luis Potosí, La Paz, Monterrey, Cuernavaca, Tijuana, Tlajomulco y Pachuca), más del 10% de los ingresos totales provienen del ISAI (sumando los propios y aquellos que provienen de la federación).
El problema es que “recaudar más” no implica necesariamente que se esté haciendo de forma más justa. Lo anterior cobra especial importancia cuando se trata de ciudades involucradas en espirales inflacionarias del precio de vivienda y burbujas especulativas en el mercado inmobiliario.
El ISAI podría desincentivar la financiarización de la vivienda si cobrara tasas más progresivas (es decir, un porcentaje aún mayor en viviendas más caras) y si aumentara ampliamente para quienes adquieren su segunda vivienda (o por encima de esto), o para quienes pretenden usar la vivienda con fines de inversión o rentarlas en plataformas como Airbnb.
Dada la grave crisis de vivienda y el proceso de gran despojo de propiedad de vivienda que sufren las generaciones jóvenes y las clases trabajadoras, no existe justificación alguna para que se le cobre el mismo impuesto a quien adquiere su vigésima vivienda para invertir y poner en renta (con todos los efectos que generan sobre el mercado), respecto de alguien que con esfuerzos está logrando comprar su primera vivienda (probablemente endeudándose durante décadas) con el simple objetivo de habitarla. Es urgente que el ISAI sea utilizado para combatir la acumulación de vivienda en pocas manos.
De igual manera, el informe analiza el potencial del ISAI como un mecanismo de gravamen a las herencias multimillonarias de propiedad inmueble, potencial que distintos municipios desperdician o condonan mediante incentivos fiscales opacos (por ejemplo, el municipio de Guadalajara declaró vía transparencia que “no saben” cuánto representa la pérdida recaudatoria por estos incentivos).
De hecho, el informe analiza el caso de las deducciones personales de impuestos que realizan las personas físicas sobre los intereses por créditos hipotecarios, mecanismo que representa grandes pérdidas recaudatorias para el país (y toda su población), pero que siete de cada diez pesos del beneficio se concentraban en el 10% más rico del país, quienes también utilizan comúnmente estas viviendas para “inversión”. Así, el sistema recaudatorio mexicano le financia sus inversiones a quienes especulan con la vivienda, con los impuestos de todas las personas.
Finalmente, también hay otro caso de impuestos que podrían contribuir a aminorar la crisis de vivienda: el impuesto cedular de enajenación de inmuebles, que corresponde a las entidades federativas, aunque actualmente sólo se cobra en cuatro estados. Este impuesto grava la utilidad generada por la venta de propiedad inmueble, por lo que podría ser utilizado como un mecanismo de “recuperación de plusvalías”, impuesto común en otros países. De forma “curiosa”, debido a ciertas sentencias judiciales, el impuesto sólo lo pagan las personas físicas y no las morales, generando aún más ganancias a las empresas inmobiliarias e injusticia fiscal.
Así pues, el informe de Política Colectiva y el INDESIG muestra con claridad que hay una diversidad de impuestos y herramientas fiscales útiles para combatir la crisis inmobiliaria, la gentrificación, la turistificación y la financiarización de la vivienda, que los gobiernos en México han ignorado durante años. Si en realidad está dentro de sus intereses combatir esta crisis y la acumulación de vivienda en pocas manos, no pueden seguir ignorando el potencial de la recaudación progresiva.
