Este domingo primero de junio acudí a la casilla que me corresponde para las elecciones judiciales. Desde hace muchas elecciones, mi decisión más usual suele ser anular mi voto, pero igual acudo a verificar las condiciones de la elección en mi casilla. Hoy no fue la excepción. Les explico mis razones a continuación, sin antes recordar que respeto tanto a quienes fueron a votar, a quienes anularon parcial o completamente, y a quienes simplemente no fueron a las casillas.
Para que unas elecciones sean democráticas y equitativas, existen distintos requisitos mínimos más allá de que el voto sea universal e inclusivo. No basta con que te pidan elegir de una boleta con nombres, que además te sean completamente ajenos, como para que eso se llame democracia. También tiene que garantizarse que la competencia sea libre y equitativa, con medios de financiamiento públicos que equiparen las desiguales condiciones individuales. Además, es necesaria la imparcialidad en quienes organizan, la transparencia, rendición de cuentas y la ausencia de coerción y fraude.
Claro que esta elección tiene aspectos positivos. Primero, puede generar, poco a poco y con el paso del tiempo, mayor conocimiento del funcionamiento del poder judicial. Segundo, hay personas que participaron con muy buenas intenciones, como candidatas o como activistas de la renovación del poder judicial, y su participación es una buena noticia para el país.
Tercero, y tal vez el aspecto más importante, es la innegable la podredumbre del Cartel Judicial, como le llama al poder judicial J. Jesús Lemus en su libro. Pero también coincido en que esta reforma judicial está lejos, muy lejos de ser lo que necesitaba el país. Para mí, en realidad, la reforma responde a intereses de luchas y reacomodos entre las élites y, de fondo, es el aspecto negativo más grave (y claramente debatible).
Hay todo un debate sobre el método de elección de jueces y juezas en el poder judicial a nivel mundial, que no es menor. ¿Qué convierte a una persona en la más apta para impartir justicia? Algunas personas están a favor de que se obtengan puestos por “méritos” en la carrera judicial, y más bien proponían limpiar de corrupción dicho proceso. Ante tal postura, mis dudas van hacia esa utopía de supuesta “meritocracia” alcanzable.
La otra postura es que se debe elegir por voto popular a los integrantes del poder judicial. La persona más apta para impartir justicia es la que sea más popular y/o obtenga más votos. Esto no es usual en otros países, en parte porque se puede prestar a vicios muy similares a los de una elección de legisladores o de poder ejecutivo. En algunos casos, ¿Podría llegar a ser incompatible el impartir justicia y ser popular?
El vicio más grave de esta perspectiva aplicada a México es la falta de equidad en la competencia, tomando en cuenta que estamos en uno de los países más desiguales del planeta. Por eso Oxfam le llama “captura política” al proceso donde, en sociedad en extremo desiguales, las élites políticas pueden “distorsionar la democracia” a su favor.
En ese sentido, me parece que esta elección judicial se distancia aún más del objetivo de equidad y justicia respecto del resto de elecciones federales o estatales que tenemos usualmente.
Muchos antecedentes son problemáticos: ¿Acaso podemos olvidar que esta reforma constitucional se aprobó con el voto de Yunes Márquez y Yunes Linares, panistas con posibles implicaciones en distintos delitos, recibidos con aplausos por legisladores de MORENA y aliados? Sí, ese fatídico día donde el hijo pidió licencia argumentando tener una enfermedad grave para dar paso a su suplente, su padre, y regresando horas después para votar por la reforma.
Pero lo que más aleja a estas elecciones judiciales de la justicia y equidad, no son siquiera estos antecedentes, sino su proceso. Van tres puntos al respecto. Primer punto, quienes buscaron participar como candidatas y candidatos, necesitaron postularse ante el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y sus comités de evaluación, los cuales definieron candidatos preliminares que serían insaculados públicamente.
No sólo esto obstaculiza la libre postulación, sino que además permitió candidaturas sumamente riesgosas, como múltiples organizaciones han denunciado. Por poner un ejemplo, a nivel nacional se denunciaban decenas de candidaturas vinculadas de cerca con liderazgos de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín está sentenciado a 16 años de cárcel en Estados Unidos (EU) por abuso de menores. Incluso un ministro de culto de dicha iglesia aspira a magistrado en Jalisco. No se diga el caso de candidaturas vinculadas con el crimen organizado.
Segundo punto, el proceso electoral negó presupuesto público para fondear las campañas electorales de las candidaturas. Esto implicó una violación al principio básico de competencia en equidad: Las personas con más recursos económicos son las que han tenido campañas más visibles y, muy probablemente, serán quienes resulten electas a ocupar los puestos en el poder judicial. Si fuese así, tendríamos un poder judicial nuevamente vinculado a las altas élites.
De igual forma es sumamente inequitativa la competencia entre quienes tienen respaldo por organizaciones políticas, partidos políticos, o incluso cualquier movimiento con poder de movilización de votos (Por ejemplo, una congregación religiosa).
Claramente, los que mejor práctica tienen en esto son los partidos políticos y los gobiernos, que aunque supuestamente no tienen injerencia en esta elección, han participado de múltiples formas, siendo tal vez la más obvia la distribución de “acordeones” donde se induce el voto por sus candidatos preferidos. Por cierto, esta práctica fue señalada por el INE como un delito electoral y una “vergüenza” para la democracia, aunque no creo que se vayan a impugnar las elecciones o señalarlas de “fraude” a pesar de la incidencia de este evidente delito electoral.
Tercer punto: hay claras diferencias respecto a la transparencia de una elección común realizada durante las últimas décadas en México. Las más evidentes son que los funcionarios de casilla no contarán los votos al finalizar la jornada electoral (Se realizará en días siguientes en consejos distritales del Instituto Nacional Electoral [INE] por autoridades electorales), ni cancelarán las boletas no utilizadas: en esta ocasión las separarán y guardarán en las bolsas donde fueron recibidas, selladas con una cinta de seguridad -tampoco habrá conteo sobre las boletas sobrantes.
En un país donde hemos aprendido a escuchar “fraude” ante una elección muchas más veces de las que desearíamos (Vamos, la acusación de fraude es el hito histórico del partido político hoy en el poder federal), estas preocupaciones no son menores.
En mi opinión, la trampa de la narrativa sobre estas elecciones es creer que podemos olvidarnos de todas estas inequidades e irregularidades. Y creo que es muy válido ir a votar críticamente, y también no votar (o anular) bajo argumentos críticos al proceso.
La justa democracia no es sólo votar individualmente un día cada periodo de tiempo. Mucho menos es válido hacernos creer que nuestro campo de acción se restringe a elegir, forzosamente, entre decenas o centenas de candidaturas que en su mayoría no tuvieron condiciones favorables para mostrar cuáles eran los mejores perfiles (ni la ciudadanía para informarse de las mismas, lo cual no es su culpa).
Usualmente he leído en opiniones en medios de comunicación un argumento que se resume así: “Sí, las elecciones judiciales no son perfectas y tienen múltiples vicios, pero igual votemos o no, alguien quedará electo, así que mejor votemos”.
¿Eso nos basta? ¿A eso se reduce nuestra incidencia en la supuesta “democracia” y en el poder judicial: un voto individual? Creo que tenemos que reflexionar en nuestras críticas sistemáticas a estos supuestos mecanismos de democracia nuevos. Tendríamos que exigir tanto una mayor equidad y transparencia en las elecciones, como evaluar si este fue el mejor mecanismo de elección de los puestos del poder judicial, o si hay otras alternativas que nos pueden, realmente, alejar de la captura política de las élites, y llevar a una sociedad más justa e igualitaria. Este debería ser el objetivo primordial de cualquier reforma judicial.
