El pasado viernes, la policía de la Ciudad de México agredió y detuvo arbitrariamente a activistas de la organización LLECA, que protestaban por el incumplimiento de acuerdos para ampliar un albergue destinado a personas trans en situación de calle. Cuatro activistas fueron golpeadas y detenidas, en un operativo que deja en evidencia el papel que hoy desempeña el Estado frente al derecho a la vivienda: no como garante, sino como promotor del despojo y fuerza disciplinadora contra quienes lo resisten.
No se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, se han multiplicado los desalojos violentos en distintos puntos de la ciudad (y del país), ejecutados con procedimientos plagados de irregularidades, ejecutados por golpeadores (conocidos popularmente como “cargadores”) y con el acompañamiento de la fuerza pública. Familias que han habitado sus hogares durante décadas han sido expulsadas sin alternativas de vivienda, con sus pertenencias arrojadas a la calle (cuando no destruidas durante el proceso), con un aparato estatal se vuelve eficiente, cuando de proteger intereses inmobiliarios se trata.
De hecho, tal eficiencia desaparece, por ejemplo, en el caso de Clara Brugada (Jefa de Gobierno en la CDMX) que hace cinco meses prometió que trabajaban en la creación de un protocolo para desalojo, que aún no ha sido publicado. El Estado se vuelve lento al proteger a las personas afectadas.
El aumento de desalojos no es casual. Coincide con la aceleración de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Lo que se anuncia como una oportunidad histórica de desarrollo económico, en realidad está operando como un catalizador de procesos de expulsión urbana. Y es que el Mundial no sólo traerá turistas. En realidad, traerá un aumento abrupto en la supuesta rentabilidad del suelo urbano. Y cuando el suelo se vuelve más rentable, quienes lo habitan se vuelven prescindibles.
La estrategia es de manual. La expectativa de mayores ganancias impulsa la especulación inmobiliaria, eleva el valor del suelo y convierte barrios enteros en activos financieros. La vivienda deja de ser un espacio para vivir y se transforma en un instrumento de acumulación.
Nada de esto sería posible sin la participación activa del Estado. La regresión “legal” de derechos, con la reforma al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la CDMX eliminó garantías fundamentales que obligaban a las autoridades a evitar desalojos siempre que fuera posible, a garantizar indemnización y realojamiento adecuado, y a proteger el derecho humano a la vivienda.
Este retroceso legal ha creado las condiciones institucionales para facilitar el desplazamiento masivo de población bajo la apariencia de legalidad. El retroceso no es técnico. Es político. Y así se puede leer también el intento de legalizarlo por la nueva SCJN, con un proyecto de la ministra María Estela Ríos González hace unas semanas, el cual sólo fue detenido gracias a las protestas de colectivos.
El Mundial no está transformando nuestras ciudades para quienes las habitan, sino para quienes buscan extraer rentas de ellas. El aumento en el valor del suelo no beneficia a quienes viven en estos territorios, sino a quienes poseen la capacidad de apropiarse de ese valor mediante el despojo sistemático.
Por eso, cada desalojo ejecutado hoy no es sólo una injusticia individual. Es parte de un proceso estructural de redistribución regresiva. Es una transferencia de territorio desde quienes lo habitan hacia quienes lo explotan y capitalizan.
Este evento no está llegando como una celebración colectiva. Está llegando como un proceso de desposesión. Desde Río de Janeiro hasta Sudáfrica, millones de personas han sido expulsadas de sus hogares durante eventos como el Mundial en ediciones anteriores, para dar paso a proyectos de infraestructura, desarrollos inmobiliarios y procesos de revalorización urbana destinados a maximizar las ganancias privadas.
Frente a esta realidad, es urgente establecer un freno inmediato y total a todos los desalojos. No es aceptable que, bajo el pretexto de un evento deportivo, se violen derechos fundamentales y se expulse a miles de personas de sus hogares. Es necesario restituir las protecciones legales que han sido eliminadas, garantizar mecanismos efectivos de defensa y reparación para las personas afectadas, y regular el mercado inmobiliario para impedir la especulación desmedida. Y si el gobierno no lo garantiza, probablemente seguirá creciendo el llamado al boicot al Mundial, lanzado por distintos colectivos. Y habría que apoyarlo.