El informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), publicado el 19 de marzo, no deja lugar a dudas sobre las razones que llevaron a proponer que el caso mexicano sea discutido en la Asamblea General de ese organismo. Como ya es habitual, el gobierno mexicano reaccionó negando los hechos y descalificando al emisario. Pase lo que pase y lo diga quien lo diga, el gobierno mexicano alega que es perfecto.
Es verdad que las desapariciones forzadas empezaron mucho antes de la llegada de López Obrador a la jefatura del Estado mexicano. Pero ya en su informe del 2021, la CED reportó que “(en ese año) se mantenía una situación generalizada de desapariciones con casi total impunidad. Observó que, según los datos estatales, solo entre 2 % y 6 % de los casos de desaparición habían sido judicializados y que, a esa fecha, solo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional”.
“En 2023 el Comité lamentó que persistiera una situación generalizada de desapariciones, que el Estado Parte no hubiera aprobado los reglamentos de la Ley General y del Sistema Nacional de Búsqueda, ni adoptado una política nacional e integral de prevención y erradicación de las desapariciones”. En esa misma visita, “denunció la fragmentación de las investigaciones, el uso limitado de investigaciones de campo y de medios de prueba científicos, y la falta de persecución del delito”.
“Las recomendaciones de 2023 reiteraron muchas de las formuladas en 2015, 2019 y 2021, resaltando su falta de implementación”.
“Al 28 de febrero de 2026 (fecha del último Informe) el Comité había registrado un total de 819 peticiones de acción urgente relacionadas con desapariciones ocurridas en México, lo que representa alrededor del 36,5% del total de los casos registrados (en todo el mundo)”.
“La información presentada (sigue el informe) revela otros fallos en los procesos de búsqueda e investigación (…). En la mayoría de los casos, la búsqueda parece ser realizada principalmente por los familiares de los desaparecidos. Cuando las autoridades competentes intervienen, suelen hacerlo casi exclusivamente a través de solicitudes documentales y peticiones rutinarias (…); muchos casos destacan graves deficiencias (como no) visitar el presunto lugar de ocurrencia de los hechos o de la posible localización de la persona desaparecida; proceder al análisis forense de las muestras genéticas disponibles y tomar las muestras pertinentes para identificar a la persona desaparecida; recopilar y analizar redes telefónicas, hojas de llamadas, datos generados a partir de teléfonos móviles y vídeos de cámaras de seguridad en el supuesto lugar de ocurrencia de los hechos”.
Por lo demás, “las autoridades comunican con frecuencia a las víctimas que la falta de recursos humanos y financieros obstaculiza la ejecución de las acciones de investigación y búsqueda. Y la información disponible revela que las autoridades a cargo de investigar los casos de desaparición optan por utilizar otro tipo penal, (lo que) resulta en una tipificación fragmentada de los hechos, principalmente por homicidio, privación ilegal de libertad, secuestro, portación de armas prohibidas o delincuencia organizada, lo que borra la desaparición forzada”.
“Finalmente, parte de las peticiones de acción urgente reflejan datos detallados sobre la presunta implicación de servidores públicos en actos que habrían obstaculizado los procesos de búsqueda e investigación (pero) la información disponible no refleja que se hayan adoptado medidas sistemáticas y efectivas al respecto”.
Eso dice el informe. Pero en el gobierno tienen otros datos, porque la 4T nunca se equivoca. En México somos felices y estamos requetebién. Quien afirme lo contrario, es un traidor a la Patria.
Investigador de la Universidad de Guadalajara