El próximo miércoles 12 sabremos (si no hay más contratiempos ni zipizapes) quiénes estarán en las boletas electorales para ocupar cargos en el Poder Judicial de la 4T. Será a partir de ese día cuando podremos ir despejando las dudas sobre los antecedentes y las cualidades profesionales de las personas que se inscribieron a este proceso e ir conociendo a quiénes habrá favorecido la suerte después de las tómbolas con las que se harán las listas finales (con excepción de las y los juzgadores que ya ocupan cargos judiciales y esperan ser ratificados en ellos por voto popular).
No es necesario insistir en lo abstruso de este proceso, presentado por la propaganda oficial como una gran lección de México al mundo pues somos, en efecto, el único país del planeta que se ha propuesto renovar todos los cargos del orden jurisdiccional a través de las urnas, con requisitos mínimos para acceder a las candidaturas. En abril y mayo habrá campañas oficiales de las y los candidatos a cada uno de los cargos en disputa, cuyo desarrollo sigue siendo una incógnita, considerando que los partidos están impedidos de cualquier participación, que no habrá dineros públicos para esas campañas, que los particulares tienen prohibido pronunciarse a favor o en contra de nadie y que ni siquiera las personas que aparecerán en las boletas pueden usar su dinero para darse a conocer entre sus electores potenciales.
Así que veremos campañas muy raras. Más de 5 mil 300 candidatas y candidatos para elegir 464 magistrados y magistradas de tribunales de circuito, 386 juezas y jueces federales, 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 10 magistradas y 5 magistrados de las salas electorales regionales de la CDMX, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Xalapa, además de otros miles para ocupar los cargos de los poderes judiciales de las entidades federativas que han decidido sumarse a este proceso. Todo eso, votado de manera diferenciada según el estado de la República en el que cada quien esté registrado, con ciudadanos de primera, segunda y tercera, medidos por el número de juzgadores que cada uno podrá elegir.
Sin embargo, en medio de toda esa parafernalia y del ruido que producirá, habrá dos elecciones fundamentales: las de la Corte y las del Tribunal de Disciplina Judicial, porque de ellas saldrán las catorce personas que estarán por encima de la miríada de abajo y a través de las cuales se gobernará el Poder Judicial. Según el modelo de boletas que ya publicó el INE, para elegir a esas catorce cabezas se presentarán 84 candidaturas a la Suprema Corte y 52 para el órgano disciplinario. No será fácil evaluar las trayectorias, las credenciales y los vínculos politicos de miles de candidaturas para todos los cargos. Pero esas 136 constituyen el núcleo duro de este proceso.
Dirán que no se van a meter, pero apuesto doble contra sencillo que el partido hegemónico cuidará esas dos elecciones como la niña de sus ojos, pues no podría tolerar que la mala suerte (o la inteligencia estratégica de sus adversarios) lleve a la Corte y al Tribunal Disciplinario a personas que no sean afines al régimen. Necesita el control de esos dos órganos y, así como operó con todos sus medios para hacerse de la mayoría calificada del Legislativo en las elecciones del 24, así también lo hará para dominar al Poder Judicial. No necesita desgastarse con todos los puestos: basta con garantizar la movilización suficiente para asegurar esos catorce. Y apuesto, de paso, que alguna de las tres ministras invitadas a la ceremonia del 5 de febrero presidirá la Corte.
Investigador de la Universidad de Guadalajara
