En aquella discusión nos preguntamos si la democracia mexicana estaba en riesgo o si, por el contrario, estaba pasando por un momento de consolidación. Queríamos dirimir si valía la pena seguir usando el lenguaje y los valores de ese régimen o si ya habíamos pasado a otro momento, en el que seguir hablando de competencia entre partidos, candidatos y campañas, deliberación pública y conciencia ciudadana era ya una ingenuidad. Nos preguntamos si había que cambiar de lentes para comprender e interpretar con tino el entorno político en el que vivimos: si había que dejar atrás el debate democrático para afrontar, de plano, a un régimen autoritario.
Unos decían que, a pesar de todo, estamos asistiendo a la consolidación de la democracia mexicana; que el debate abierto y franco entre opciones contrapuestas fortalece la conciencia pública; que la contienda electoral entre partidos seguirá prevaleciendo como la única forma de otorgar legitimidad a los gobiernos; y que, aunque el presidente esté empleando un lenguaje rudo y agresivo para descalificar a sus adversarios, su conducta no había dañado la estructura fundamental del Estado mexicano. Quienes sostenían esa postura, aplaudían como un hecho democrático que el gobierno enfrentara abiertamente el pasado turbio del país y le ofreciera un horizonte diferente, con el respaldo de la mayoría.
En sentido opuesto, quienes sostenían que ese régimen ya estaba en los umbrales de la muerte, ofrecían como evidencia la ofensiva enderezada en contra del Poder Judicial, la creciente militarización de la administración pública, el uso de los presupuestos públicos para sumar votos, el desdén y la agresión en contra de los órganos autónomos de Estado, la disciplina forzada por los aparatos de poder y el culto al presidente. Decían que no tenía sentido seguir hablando de la pluralidad política y de la elección entre partidos diferentes, cuando es obvio que el país está dividido y enconado y aseguraban que, para el 2024, se está fraguando una elección de Estado y, eventualmente, un fraude electoral mayúsculo.
Entre esas dos posturas irreconciliables había algunas coincidencias: la más obvia era la centralidad que ha cobrado el presidente y la fuerza de sus conferencias mañaneras. Para bien o para mal, nadie ponía en duda el renuevo del presidencialismo: unos lo celebraban por estar encarnado en López Obrador, alegando que su legado perdurará como proyecto de gobierno al menos otros seis años; los otros, lo lamentaban exactamente por las mismas razones, leídas en sentido opuesto. También coincidían en la idea de que estamos viviendo una ruptura inevitable: o la derrota definitiva de la clase política tradicional, que respaldó al neoliberalismo y abusó de las prebendas y los privilegios, o el fracaso inapelable de la llamada 4T y de sus partidarios. En ninguno de los dos flancos se abrió la más mínima oportunidad de reconciliación: todo o nada. Y en ambos se habló del próximo año como fatalidad: como si toda la historia mexicana fuese a condensarse en una sola fecha.
Tras escuchar ese debate pensé —con buen ánimo— que quizás podríamos soñar con una síntesis dialéctica, capaz de albergar lo mejor de ambas posturas: que las elecciones sigan siendo la única forma de hacerse del poder y que las instituciones más relevantes del país sobrevivan a la polarización; pero que desaparezcan, a la vez, el presidencialismo y la clase política que abusó de sus posiciones de poder: que ambos se anulen mutuamente. Pero que prevalezca, en el país, el compromiso inequívoco con la igualdad social y la pluralidad de voces capaces de construirnos un futuro compartido. Empero, dudo que eso vaya a suceder. Decía el clásico: para que las cosas se pongan mejor, antes se tienen que poner peor.
