Hoy tomará posesión Hugo Aguilar Ortiz como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un indígena mixteco nacido en Tlacotepec, Oaxaca, con una larga experiencia profesional en los sistemas normativos internos de los pueblos originarios. Fue el elegido para encabezar esta nueva época del Poder Judicial y será el segundo indígena de la historia en presidir el máximo tribunal del país, después de Benito Juárez.
La nueva cabeza del Poder Judicial ha estudiado y defendido los sistemas normativos internos de las etnias de México. Por el cargo que ocupaba en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, condujo las consultas sobre el Tren Maya y el Interoceánico y promovió con ahínco la ambiciosa reforma al Artículo Segundo de la Constitución, de septiembre del 2024. No hay duda de que se ganó a pulso la candidatura y el apoyo del régimen para presidir la Corte.
Con todo, que el gobierno haya elegido a Hugo Aguilar Ortiz no justifica que el primer día de la nueva Corte de Justicia de la Nación esté marcado por un show fabricado sobre las costumbres y los valores de los pueblos originarios, usados como propaganda política.
Hace diez años, en el 2015, dirigí una investigación que titulamos: Desiguales, invisibles y excluidos (disponible en Internet) donde probamos que, en nombre de los pueblos indígenas, se canalizaba un alud de recursos públicos que llegaban a cuentagotas hasta sus destinatarios: “más de 90% de la población potencial que debería estar siendo beneficiada por alguno de los programas públicos analizados —programas diseñados expresamente para pueblos originarios— no obtuvo nada”.
Hoy, gracias a los datos publicados por Inegi para 2024, sabemos que esas comunidades siguen siendo las más pobres y marginadas de México. Las normas han cambiado, pero la realidad sigue siendo devastadora. Un reporte elaborado por Edmundo del Pozo (publicado por Fundar) nos recuerda que la pobreza multidimensional en los pueblos originarios sigue siendo superior al 66%: dos tercios de las comunidades indígenas; 15 millones de seres humanos que siguen excluidos, como siempre, del bienestar social.
Otra investigación reciente, elaborada por Pedro Mellado, muestra que un cuarto de las mujeres indígenas (23%) vive en pobreza extrema, mientras que 76.6% no cuenta con seguridad social, 53.2% carece de agua, luz o gas en su vivienda; y 47% no tiene servicios de salud (Sin Embargo, agosto de 2025). Podría seguir, pero no me alcanza este espacio.
Entiendo que el mensaje que quieren enviar desde el régimen es que el pueblo ha llegado a los tribunales (o algo así). Pero esa teatralidad es tan abusiva como indigna de nuestras comunidades indígenas: se las estará usando otra vez para lavar con ceremonias fingidas las culpas acumuladas por cinco siglos y para ocultar, con rituales de purificación y entrega de bastones de mando, el terco abandono de sus necesidades. En los hechos, casi nada ha cambiado. Si se mira con cuidado, las razones que llevaron al EZLN a la rebelión de 1994, siguen vigentes en 2025.
Que me perdonen las buenas conciencias, pero usar los marcadores identitarios de los pueblos indígenas como objetos cosméticos y utilería para la propaganda, no convierte a nadie en parte de esas comunidades. Ni el hábito hace al monje, ni los huipiles, los sahumerios, las flores o las consagraciones hacen más dignos a quienes llegaron a la Suprema Corte de Justicia en una operación política orquestada por y para el poder.
Podría cerrar esta nota escribiendo que la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz en el Poder Judicial hará posible, por fin, un cambio de fondo. Pero me reservo, porque llevo siete años observando el mismo espectáculo de rituales adulterados, mientras al humo del copal se lo lleva el viento.
Investigador de la Universidad de Guadalajara