A dos semanas de las elecciones judiciales que reclamarán toda la energía del régimen, tenemos un ratón corriendo por las redes: la “lista negra” cuya hechura es atribuida al gobierno de Estados Unidos, en la que aparecerían 44 nombres de políticos y militares supuestamente vinculados con los cárteles del crimen organizado quienes, según la especie, en algún momento serían detenidos y juzgados ante tribunales de ese país por su complicidad con organizaciones terroristas. Es una joya de la perversión política.
Quien haya creado o filtrado esa lista le acabará haciendo un favor a la presidenta Claudia Sheinbaum, así sea de manera involuntaria. En un momento en el que debe acopiar fuerza y legitimidad para resistir la ofensiva económica y fiscal de Donald Trump, apaciguar la violencia criminal y cruzar con buena cara el pantano electoral del 1 de junio, aparece esa lista hostil donde están gobernadores y legisladores de Morena cuya reputación ya ha tropezado varias veces y cuya lealtad a la jefa del Estado ha estado en entredicho otras tantas. Me llama la atención que no haya nadie de la oposición, ni de gobiernos anteriores. ¿De veras se filtró de alguna oficina desde Washington DC? Si así fuera, revelaría que el sistema de inteligencia americana está dejando mucho que desear.
De otra parte, ni siquiera puedo imaginar cómo podría ser el “operativo” destinado a secuestrar a los integrantes de esa lista para llevarlos a juicio al otro lado de nuestra frontera: ¿gobernadoras y gobernadores y líderes del poder legislativo federal, encerrados en una celda compartida con militares mexicanos de alto rango, custodiados por las fuerzas armadas estadounidenses? Es una locura: una intervención militar en toda forma para derrocar de plano al gobierno mexicano. De hecho, la sola idea de una acusación de esa magnitud, formalizada por autoridades estadounidenses sin la autorización del gobierno mexicano, provocaría la cancelación inmediata de las relaciones diplomáticas.
Si la existencia de esa lista fuera cierta, si el Departamento de Estado o la Casa Blanca la convalidaran o si quisieran hacer algo con ella, el gobierno mexicano estaría obligado a defender la soberanía nacional con toda convicción. Los Estados Unidos son muy poderosos y la Casa Blanca está habitada por un político abusivo y ambicioso, pero nadie ha propuesto ni considerado siquiera la anexión de México. Si hubiese pruebas irrefutables de la complicidad de esa larga lista de políticos con los cárteles criminales, lo que habría no sería una lista clandestina, sino una fuerte presión de Estados Unidos para que el gobierno mexicano procediera legalmente contra esas personas, con los expedientes en la mano.
No obstante, tanto la presidenta Sheinbaum como el Departamento de Estado americano se han visto obligados a declarar que esa lista no existe porque, a pesar de todo, parece verosímil. El secuestro de Ismael Zambada, la captura y la negociación con Ovidio Guzmán y la rarísima entrega colectiva de sus familiares más cercanos a Estados Unidos, la inopinada cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, y la insistencia de Trump para desplegar al ejército estadounidense en territorio mexicano, entre una larga lista de desacuerdos y conflictos, han generado el entorno mediático perfecto para darle visos de veracidad a la “lista negra”. Si está pasando todo, ¿por qué no podría venir algo más?
La lectura más dura de este episodio es que resulta creíble, porque Estados Unidos sí están en pie de guerra contra los cárteles, porque los personajes enlistados efectivamente han causado escándalos, porque los criminales mexicanos sí son muy poderosos y porque nuestro gobierno sí está siendo rebasado. Esta sí es la lista negra, sin comillas.
Investigador de la Universidad de Guadalajara