Las probabilidades de que las cosas se pongan peor por la presión necia del gobierno de los Estados Unidos son muy altas. Obviamente, la amenaza de los aranceles tiene a la economía mexicana en vilo: ya suenan los caballos que podrían pasar por encima de la industria automotriz (que representa un tercio de nuestro comercio internacional); y ya salta a la vista que la nueva política petrolera impulsada por el presidente Trump pondrá en jaque los precios y la estabilidad de nuestra propia producción. Bastarían esos dos golpes para frenar el crecimiento, pegarle al valor del peso, subir la inflación y aumentar el desempleo.
¿Qué podría ofrecer México para detener esas decisiones? Las declaraciones de los cancilleres Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente no se refieren a la economía sino a la tríada formada por migrantes, drogas y armas. La ya muy conocida estrategia del “leverage” usada mil veces por Donald Trump en sus negocios privados y en sus asuntos públicos, podría hacer suponer que no habría aranceles mientras México atienda las preocupaciones de los Estados Unidos en materia migratoria y de producción y distribución de fentanilo. Para nuestro canciller, el éxito de esa negociación estaría en la promesa estadounidense de controlar la venta y el flujo de armas hacia México y algún compromiso de estrechar la vigilancia del mercado de drogas dentro de los Estados Unidos. ¿Pero qué se estaría pidiendo del gobierno mexicano?
De entrada, nuestro país asumió ya una política de control migratorio mucho más agresiva que en el pasado reciente y, a la vez, ha aceptado sin chistar que el gobierno de los Estados Unidos deporte hacia nuestro territorio una cantidad cada día más alta de migrantes de cualquier nacionalidad. Los costos de la movilización de las fuerzas armadas en la frontera norte, de la preparación de albergues para recibir deportados y del refuerzo de la vigilancia y de los controles de personas migrantes a lo largo de su trayecto por territorio mexicano, corren por cuenta de nuestro erario. El gobierno de Estados Unidos, que yo sepa, no solo no ha ofrecido ni un centavo, sino que decidió retirar toda la ayuda que estaba llegando a México a través de los programas gestionados por la agencia USAID. Dicho de otro modo: México está pagando y Estados Unidos solo está exigiendo.
¿Qué pasaría si, en ese intercambio desigual, el gobierno de los Estados Unidos decide actuar por su cuenta en contra de los cárteles (que considera organizaciones terroristas) e inicia una especie de cacería de capos y sicarios, aun quirúrgica, en territorio mexicano? Que se hayan puesto en evidencia los vuelos de reconocimiento estratégico que ya está haciendo el Pentágono sobre nuestra geografía y que se haya estacionado un portaviones de guerra en aguas cercanas a la península de Baja California, constituyen muy malos augurios. Tampoco parece una causalidad que la Armada mexicana y la de Estados Unidos hayan iniciado operaciones de capacitación e intercambio en estos mismos días. Por lo demás, ¿hasta dónde se propondrían llegar los estadunidenses en ese caso? ¿Estarían dispuestos a atacar selectivamente nuestro territorio y, a la vez, a denunciar a personas concretas de nuestra clase política o de nuestra élite militar por estar coludidos con criminales?
De ser así, el avispero que soltó el presidente Calderón en 2007 con su estrategia militar parecería un juego de niños, comparado con lo que podría desatarse tras una ofensiva directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en territorio mexicano. Comprendo que es ingenuo esperar sensatez y cordura del presidente Trump. Pero, aun así, espero que alguien en la Casa Blanca tenga en cuenta ese riesgo, porque las cosas se pueden poner muy mal.
Investigador de la Universidad de Guadalajara
