En el Cuarto Informe de Labores del ministro Arturo Zaldívar, fechado en el 2022, el entonces presidente de la Corte escribió que su gestión había apostado por un proceso de diálogo y autocrítica que “condujo a la reforma más ambiciosa al PJF desde 1994. Un proyecto de cambio profundo, para recuperar la confianza de la ciudadanía y servir mejor al pueblo de México”. Sonaba convincente. Le dejo la palabra para que me entiendan:
“Hoy esa reforma —dijo hace apenas dos años— que introdujo cambios constitucionales y legales de gran trascendencia al PJF, es una realidad plena para garantizar una justicia íntegra, moderna, profesional y con sentido humano.
“Uno de los compromisos centrales de la reforma fue el fortalecimiento de la carrera judicial, que se ha consolidado. Actualmente el ingreso, formación y permanencia de todo el personal se sujeta a una legislación uniforme, en la que la Escuela Federal de Formación Judicial capacita y concursa todas las categorías, con reglas que aseguran la meritocracia, la profesionalización y la igualdad de oportunidades.
“Desde el inicio de esta administración —dijo Zaldívar— una de las prioridades fue implementar una política de cero tolerancia a la corrupción como elemento central para fortalecer y recuperar la legitimidad de la Judicatura frente a la ciudadanía. Uno de los ejes más importantes de esta política ha sido el endurecimiento de los requisitos para la ratificación de personas juzgadoras federales en su cargo. Hoy, a fin de alcanzar la excelencia, contamos con una evaluación comprehensiva basada en elementos objetivos e indicadores, para lo cual se llevan a cabo visitas de inspección, análisis de estadística, medición de productividad y resultados de visitas de inspección previas, análisis de la evolución de situación patrimonial, actuación respecto del personal a su cargo, factores académicos y factores disciplinarios.
“En estos cuatro años de gestión se consolidó un PJF muy diferente, que no tolera la corrupción y que está equipado para sancionarla, lo que permitió la desarticulación de las redes de influencia que lastimaban la integridad de la función judicial. Con todo, para garantizar la plena integridad en la Justicia Federal era indispensable enfrentar con firmeza el problema cultural del nepotismo, que se consideraba un componente inevitable del PJF. En sólo cuatro años hemos logrado crear un nuevo PJF basado en un sistema meritocrático, alejado del nepotismo y el tráfico de influencias.
“A diferencia del pasado, hoy en día existen reglas claras que rigen el otorgamiento de los nombramientos e impiden situaciones de conflicto de interés o tráfico de influencias. El derecho al acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad está garantizado, pues los nombramientos ya no se basan en relaciones de parentesco o afectivas, sino en evaluaciones, concursos y certificaciones realizados por la EFFJ, con fundamento exclusivamente en méritos y competencias.
“En 2019 nos comprometimos con un Poder Judicial Federal diferente. Uno que enfrentara los grandes desafíos como la corrupción, el nepotismo y la violencia de género, y que hiciera del respeto a los derechos de todas las personas, su prioridad. En los últimos cuatro años cumplimos esa promesa”.
Tras releer esos párrafos pregunto: ¿de qué nos perdimos? Zaldívar tenía razón en que la clave para depurar y consolidar a las instituciones del Estado es el sistema de carrera. No hay una solución mejor. ¿Cómo es que pasamos de esa convicción a la idea manida según la cual hay que correr a todos, así sea escalonadamente, para suplirlos por voto popular? La respuesta es obvia: porque así lo ordenó el presidente, convencido de que el pueblo elegirá con sabiduría a sus jueces. Lo demás sale sobrando.
