Durante el último tercio del Siglo XX se discutió mucho sobre los poderes fácticos, que ejercían una enorme influencia sobre los gobiernos: las grandes empresas y sus agrupaciones, los medios de comunicación, las organizaciones religiosas, los grupos de presión, las redes de poder disfrazadas de asociaciones civiles y, por supuesto, los cárteles criminales. La cuestión era cómo poner límites a esos poderes fácticos para que no atropellaran las normas jurídicas ni bloquearan la actuación legítima de los poderes formales del Estado.
Hoy, en cambio, estamos viendo cómo los gobiernos están decidiendo actuar de facto en contra o al margen del derecho, para afirmar su autoridad. En apenas unas horas de la semana pasada, vimos varias estampas de esa contradicción fáctica que niega y pasa por encima de la ley para imponer las decisiones del Estado.
La evidencia indiscutible de esa conducta se compendia en la repentina “expulsión” de 29 reos acusados de encabezar a distintos cárteles y de haber orquestado y ejecutado crímenes gravísimos. Nadie en su sano juicio querría defender a ese atado de criminales. Pero la secuencia no tiene desperdicio: la decisión nace luego del encuentro que tuvieron los integrantes del gabinete de seguridad de México con sus homólogos de los Estados Unidos, con el propósito de persuadir al equipo del presidente Trump de no tomar decisiones que, de facto, echarían por tierra el tratado comercial suscrito por ambos países y Canadá.
Ya la amenaza de imponer aranceles a partir de mañana 4 de marzo es abierta y descaradamente contraria al derecho internacional, a la letra del T/MEC, al más elemental respeto por la soberanía y las normas jurídicas que regulan las relaciones bilaterales e, incluso, a las normas jurídicas de los Estados Unidos cuyo Senado aprueba los tratados y vigila su cumplimiento. Pero nada de eso importa: Donald Trump decidió presionar con aranceles y, pasando por encima de los poderes Legislativo y Judicial de su país, ha optado por emitir decretos presidenciales (executive orders) simplemente porque puede gobernar de facto.
Los negociadores mexicanos (si es que cabe llamarlos así) decidieron a su vez entregarle un tributo humano al ogro americano para mostrar su disposición a combatir el tráfico de drogas. No tengo la más pálida idea de por qué eligieron a ese grupo de 29 criminales en particular, pero su argumentación fue fáctica de cabo a rabo: de entrada, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que la presidenta Sheinbaum no tomó esa decisión, lo que lleva a suponer que tampoco estaba enterada. ¿Perdón? ¿Desde cuándo el gabinete de seguridad, nombrado por la presidenta, se volvió independiente? Dijo también que se trató de un “acto de autoridad sin precedentes”. ¿Sin precedentes o sin base jurídica alguna? ¿Cómo se puede interpretar un acto de autoridad que no está basado en el derecho?
Y la justificación es, quizás, aún más audaz: dijo que eligieron a alguno (o a varios o a todos, no me quedó claro) de esos reos, porque se rumoraba que el Poder Judicial podría liberarlos. Y dada esa posibilidad, prefirieron sacarlos del país en calidad de expulsados. Ya que el Poder Judicial podría actuar en sentido opuesto a la voluntad del Ejecutivo, éste optó por pasar por encima de la ley: optó por actuar como poder fáctico, pues los reos no fueron extraditados, sino expulsados: no hubo un protocolo jurídico ni nada parecido, sino hombres armados, vehículos oficiales y armas. Un secuestro y una entrega pactada que, del otro lado, fue celebrada como un triunfo de las fuerzas del orden de los Estados Unidos sin mención alguna al gobierno mexicano.
¿Por qué están actuando así? Porque pueden. Ni el derecho ni los derechos cuentan. Tienen el poder y punto: y lo usan de facto.
Investigador de la Universidad de Guadalajara.