Después de muchos jaloneos, la semana pasada en la Cámara de Diputados se aprobó terminar con 109 fideicomisos. Un fideicomiso público es un fondo que obtiene y administra recursos públicos para cumplir con un fin específico. Cada uno tiene sus reglas. Cada uno puede ser inspeccionado y debe transparentar sus cuentas y su trabajo. El ejemplo más claro es el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), del que salen los recursos para responder a emergencias como sismos, huracanes o inundaciones.
Los diputados de Morena, con sus aliados, aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos de educación, ciencia, deporte y desastres naturales, por la sombra, dicen ellos, de la corrupción. Su extinción coloca a las personas beneficiarias en un estado de total indefensión. Pero, en cambio, se mantendrá intacto un fideicomiso de aduanas con disponibilidad de 70 mil millones de pesos, que ha sido varias veces señalado por la Auditoría Superior de la Federación como discrecional y con irregularidades.
Todos los fideicomisos, sean públicos o privados, que manejan recursos públicos, son auditables y se rigen bajo los principios aplicables de transparencia y rendición de cuentas, precisamente porque son recursos públicos. Entonces, todavía no nos queda claro porque en lugar de hacer auditorías, revisar qué funcionaba y qué no con estos 109, los cortaron, a todos, de tajo.
Para lograr extinguirlos, primero se tenían que reformar y derogar diversas disposiciones en al menos 16 leyes como la Ley General de Víctimas o la de Ciencia y Tecnología. La discusión inicial incluía extinguir 44 fideicomisos y cuatro fondos, después la propuesta se amplió a 55. Con ello, el gobierno Federal decía que obtendría recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Pero ahora, en la lista hay 109 fideicomisos. Y de afrontar la crisis ya han dicho bien poco.
Entre estos se encuentran 65 fondos administrados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 26 fondos de centros de investigación como el asignado al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y el Centro de Investigación en Matemáticas.
Pero la extinción de los fideicomisos de ciencia, no es el único golpe que la “cuatroté” pretende dar a los científicos y académicos mexicanos y a los centros de investigación. El presupuesto para el 2021 prevé destinar para ellos 2.1% menos de lo que tienen este año. De aprobarse, sería el más bajo en la última década. Además, y en plena pandemia, la investigación médica también se vería afectada. Todos los institutos nacionales y hospitales públicos sufrirán reducciones en su presupuesto anual.
La casi nula inversión en ciencia y tecnología, es un problema que México arrastra desde hace tiempo. Y si algunos creían que con este gobierno sería diferente, temo decirles que se equivocaron. Los recursos destinados a estos sectores, se encuentran lejos de cumplir con la Ley General de Educación, que dice que se les debe destinar al menos un 1% del PIB. Parece que olvidan que invertir en esto contribuye al bienestar de todos. Tal vez por eso, los países con mayor índice de Desarrollo Humano, son también los que destinan más dinero a la investigación y la tecnología, como Noruega, Suiza, Alemania, Islandia, Suecia, Holanda y Dinamarca.
La reducción a los presupuestos de ciencia y la cancelación de los fideicomisos, es un golpe al desarrollo del país. No es un capricho ni una frivolidad exigir que este tipo de iniciativas, sean reconsideradas y llevadas a un plano de análisis y discusión informado y bien fundamentado. Porque apostarle a la educación y a la generación de nuevas tecnologías, sería la mejor manera de llevar a México a un lugar mucho más próspero.
Senador de la República
@makugo
