Hasta hace muy poco era muy común que escucháramos decir que los políticos, como alcaldes, gobernadores, diputados, senadores e, incluso el Presidente de la República, gozaban de un " fuero constitucional".
Pero, ¿qué quería decir esto? Sabemos que todos nosotros somos representantes de la nación. Por eso, durante el tiempo que dura la labor en nuestras respectivas administraciones o Cámaras, debemos dejar de lado nuestros intereses personales y dedicarnos exclusivamente a los que tienen que ver con el bienestar del pueblo. Hasta ahí todo iba bien. Y entonces, a cambio de este esfuerzo, el pueblo brindaba protección. ¿De qué manera? Mientras se encontraban trabajando, estos políticos gozaban de total inmunidad . Lo que quería decir que ninguno podía ser detenido por la policía, aunque cometiera una falta o incluso un delito grave o un crimen. Ahí, la cosa empezaba a complicarse, porque no todos entendían la honra que significaba contar con un fuero. Al contrario, abusaban de él.
Sin embargo, esto del fuero no podía ser eternamente así, porque muchos se aprovecharon de esta posición y se propició, terriblemente, la impunidad. Muchos fueron los que hicieron un uso inadecuado de esta inmunidad y fue entonces que quedó evidenciado el problema de fondo: la ineficacia de nuestro sistema de justicia, para perseguir y castigar estas conductas. El fuero hubiera sido virtuoso si tuviéramos una Fiscalía verdaderamente autónoma. Pero el hubiera no existe.
Finalmente, en abril de 2018, fue aprobada por la Cámara de Diputados la eliminación del fuero constitucional para servidores públicos, con una votación de 370 a favor y cero en contra. Dos años después, en septiembre de este año, también en esta Cámara, pero distintos diputados, aprobaron por 420 votos a favor, una reforma constitucional que elimina el fuero presidencial y permite que el jefe de Estado en funciones pueda ser imputado o juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Esta reforma era una de las grandes promesas del Presidente. A ésta le queda un camino largo por recorrer, pero el debate ya está servido en la mesa. Aunque su supresión pueda interpretarse como un acto de igualdad con el resto de los ciudadanos, la “figura del fuero” no debería de ser mala por sí misma.
El fuero no era necesariamente para proteger a la persona, sino para proteger al cargo público, para que su ejercicio no se viera interrumpido. Así debía de ser. Tal vez por eso, tanto en el Congreso como en el Senado, con mayoría afín a Morena, se había rechazado en varias ocasiones una iniciativa similar, que incluía también el fin de los fueros para los legisladores.
Pero esta vez los diputados la aprobaron. Probablemente, y sólo estoy suponiendo, detrás de esta reforma sólo hay un motivo electoral, que le quita todo el sentido real a esto. Quizá como dice don Porfirio, "se hacen bolas en San Lázaro sobre el fuero constitucional”, porque el Presidente de la República no tiene propiamente fuero y podría ser sometido a juicio de procedencia, con cualesquiera que fueran las causas.
Así que quizá no hubiera sido necesario reformar nada y tal vez esto termine siendo, como tantas otras cosas en este país, sólo un show mediático y electorero de un gobierno populista, que atiende las formas, pero deja vacío el fondo. Por lo pronto tendremos que darle tiempo al tiempo, para que éste nos responda.
