La vertiente más importante y urgente en materia electoral es cómo asegurar que la legislación y las instituciones detecten, eviten y sancionen financiamientos ilícitos, entre estos el del crimen organizado, en los procesos electorales.
Desde 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la atribución de fiscalizar ingresos y gastos de partidos, precampañas, campañas y candidaturas independientes. El principal obstáculo que enfrenta su Unidad Técnica de Fiscalización es su naturaleza contable y reactiva: el sistema está diseñado para revisar procesos formales y ver con lupa facturas, contratos y reportes bancarios, pero por un camino paralelo podrían estar pasando transacciones ilícitas, invisibles para los auditores.
La detención, entre otros casos, de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, presuntamente por vínculos con la delincuencia organizada y específicamente por acusaciones de extorsión y colusión criminal, ejemplifica el riesgo que prevalece de que poderes fácticos puedan dañar la certeza e integridad electoral y democrática del país. Cada vez que este riesgo se materializa, es probable que algún grupo delictivo termine controlando la seguridad y el erario de una demarcación.
Estos son las principales causales detectadas en las deficiencias de la fiscalización del INE:
1. El Instituto revisa informes de ingresos y gastos que presentan partidos y candidaturas, audita documentación comprobatoria y cuenta con un sistema de registro contable en tiempo real a través del Sistema Integral de Fiscalización; sin embargo, sus efectos correctivos y sancionadores son predominantemente posteriores a la jornada electoral, y carece de mecanismos cautelares robustos para suspender o bloquear recursos cuando detecta patrones financieros atípicos graves. En la práctica, cuando se imponen sanciones, el dinero ya pudo haber influido en el resultado.
2. El INE parte en gran medida de la buena fe del autorreporte de la o el fiscalizado (quién aportó, cuánto y en qué se gastó), y aunque la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con facultades legales para requerir información a autoridades fiscales y financieras, el intercambio de datos no es automático ni permanente en tiempo real, sino que depende de solicitudes específicas y de la colaboración interinstitucional. Además, el modelo no contempla una auditoría estructural de terceros operadores como empresas fachada o asociaciones de “simpatizantes”.
3. El INE detecta el gasto en especie ilícito solo si es reportado, pero el eventual financiamiento del crimen incluye control, amenazas y logística ilegal, lo que nunca aparecerá en los informes.
Ante este escenario, es indispensable reconocer la necesidad de hacer frente a los riesgos reales que corre la integridad electoral y la importancia de preservar un diseño institucional que garantice certeza jurídica, a fin de fortalecer la autonomía operativa de la autoridad electoral fiscalizadora, consolidar la coordinación con otras instancias del Estado y reafirmar a la fiscalización como un instrumento para proteger la equidad democrática.
Se requiere una reforma que otorgue al INE reforzadas facultades administrativas y de coordinación interinstitucional para rastrear el dinero ilícito, particularmente en municipios con alerta criminal, para ejercer la función fiscalizadora con mayor eficacia e inhibir conductas que afecten la contienda.
Especialista en derechos humanos. @mfarahg