Los primeros datos de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos apuntan a que en este año pueden retornar los históricos flujos migratorios que se registraron en los primeros ocho años de este siglo.
De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de enero a marzo los arrestos de migrantes mexicanos y centroamericanos en la frontera ascendieron a 351 mil 803, una cantidad trimestral no alcanzada en más de una década.
Otra cifra reveladora es que sólo en marzo pasado las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 172 mil 331 migrantes indocumentados, la mayor cantidad registrada en un mes desde hace 20 años.
Desde 2020 asomó una tendencia al alza en la migración procedente de México y Centroamérica: en el primer semestre de ese año, el promedio mensual de detenciones en la frontera sur de EU fue de 31 mil; en el segundo se duplicó al llegar a 61 mil; y en el primer trimestre de 2021 volvió a duplicarse al alcanzar un promedio mensual de 117 mil arrestos en la frontera sur estadounidense.
Del total de 351 mil migrantes detenidos en el primer trimestre, 147 mil corresponde a mexicanos, cifra equivalente al 66 por ciento de los mexicanos detenidos en todo 2020 en la frontera.
Una proyección simple de estos primeros tres meses del año nos llevaría a calcular en 588 mil la cifra de mexicanos detenidos al finalizar 2021. La última vez que se registró un flujo de esta magnitud fue en 2008, cuando se detuvo a poco más de 600 mil mexicanos.
Las altas tasas de migración tienen causas endémicas, como la pobreza y la inseguridad, a las que ahora se suman los efectos económicos de la pandemia en muchos países, las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos y las señales de apertura hacia la migración por parte del gobierno del presidente Joe Biden, que alentaron en cientos de miles la esperanza de que serían bien recibidos, sin tomar en cuenta que una visión comprensiva de la migración no implica una aceptación inmediata e indiscriminada.
El creciente ingreso de migrantes centroamericanos ha llevado a México a robustecer la vigilancia, medida que el gobierno explicó como una acción para atender a migrantes, principalmente a niñas y niños, y para evitar el tráfico de personas.
El principal desafío en este sentido es asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes e impedir cualquier tipo de abuso en sus procesos de detención y devolución a sus países de origen.
México debe cumplir con pulcritud este objetivo, y al mismo tiempo incluir en su agenda de atención social el hecho de que por su frontera norte alrededor de mil 500 mexicanas y mexicanos salen todos los días hacia Estados Unidos en busca de oportunidades.
Tanto en México como en Centroamérica y otros lugares del mundo, de lo que se trata es de ofrecer oportunidades de desarrollo, empleo y seguridad para que la migración sea en todo caso una opción y no un fatal destino para las personas y familias de menores recursos.
Se dan pasos ya en ese sentido: México como promotor del desarrollo regional y aportando algunos recursos para atender el desempleo, y la Unión Americana mediante un plan de apoyo a Centroamérica por un monto total de cuatro mil millones de dólares a lo largo de toda la administración de Joe Biden y que requiere la autorización del Congreso.
Lo que falta por hacer es mucho y además es indispensable. No hay más que ir hacia adelante: crear mejores condiciones de vida y de desarrollo para reducir la necesidad de emigrar y, mientras tanto, formular políticas públicas adecuadas para gestionar la migración y, especialmente, para proteger y cuidar que se respeten los derechos humanos de los migrantes.
Secretario general de Servicios Administrativos del Senado y especialista en derechos humanos.
@mfarahg
