No solo murió él, murieron dos.
-Grecia Quiroz García
El alcalde Carlos Manzo llamó en su momento a las familias de Uruapan a evitar o denunciar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
Seis días después de su homicidio, se conoció la identidad del asesino material, un joven de 17 años, originario de Paracho, Michoacán.
Quiero precisar, antes de proponer la reflexión contenida en este artículo, que es evidente e indiscutible que la víctima de estos hechos es el valiente político uruapense y, desde luego, su familia, así como sus compañeros de movimiento y los habitantes de Uruapan, cuya seguridad y derechos defendió. Su asesinato es una tragedia y una gran pérdida para el país.
Ahora bien, pensar en el homicida remite al menos a dos enfoques: por una parte, es un victimario menor de edad que por dinero comete un crimen de imposible reparación; y por otra, es un adolescente víctima de contextos y circunstancias que de alguna forma lo llevan a ser la mano armada de un brazo del crimen organizado. Las dos condiciones son ciertas y están presentes en la misma persona.
La tragedia de este joven tiene una cara visible: es abatido en el lugar en el que ha herido de muerte al alcalde; y tiene otra invisible: su incorporación inducida o forzosa a un grupo delictivo.
¿En qué momento este adolescente es llamado, cautivado, forzado, a sumarse a un cártel y, específicamente, “contratado” para asesinar? ¿Será la primera vez que lo haga? ¿Sabe quién es la víctima y lo que representa? Tiene menos de 18 años, pero no es un niño. Sabe lo que es la muerte y la ventaja que le dan el arma y la sorpresa. Y tal vez esté consciente de que puede perder la vida. Aun así, decide ir. Imposible conocer sus temores y motivos. Quizá piense en el dinero o en el renombre clandestino. Matar por encargo se ha vuelto un trabajo.
Ante este probable laberinto de confusiones, cabe citar algunos datos acerca de lo que se sabe de los menores de edad que son reclutados por el crimen organizado.
De acuerdo con un estudio de Reinserta, de cada 10 adolescentes en internamiento que antes fueron reclutados por cárteles, seis tenían al menos un familiar que se involucró previamente en delincuencia organizada; cuatro tuvieron acceso a drogas en su entorno familiar; cinco fueron reclutados por un amigo; y ocho dijeron haber desarrollado un sentido de pertenencia dentro del cártel.
Es aberrante que la delincuencia reclute a menores de edad por la fuerza o mediante engaños, y hasta convocándolos abiertamente en redes sociales, para luego privarlos de su libertad y obligarlos a extorsionar, asaltar, traficar e incluso a matar. Se trata de una perversión que en este caso potenció su desafío al Estado: atentar, en un evento abierto y concurrido, contra un político custodiado por elementos de seguridad y rodeado de sus seguidores.
En estos dos destinos que convergen, el del dirigente que lucha para defender a su comunidad del crimen, y el del adolescente que le quita la vida, hay una inquietante síntesis de dos de nuestros desafíos más relevantes y urgentes: el apremio de castigar a todos los eslabones de los homicidios por encargo y acabar con la impunidad, y la enorme, ineludible e inmediata responsabilidad del Estado de proteger a la niñez para ponerla a salvo del reclutamiento criminal, logro indispensable para alcanzar la paz que anhelamos todas y todos los mexicanos.
Resulta paradójico y conmovedor pensar que el adolescente que asesinó al alcalde de Uruapan no supo, y jamás sabrá, que Carlos Manzo, de haberlo tenido de frente en otras circunstancias, le habría tendido la mano para rescatarlo.
Especialista en derechos humanos. @mfarahg