Primero lo primero. Si quien lee este texto se encuentra en Durango y sufre de dolores de cabeza intensos, dolor en el cuerpo e insomnio y se sometió a una cirugía en donde le hayan anestesiado —“bloqueado” con el anestésico bupivacaína— de la cintura para abajo; asista, por favor, al Hospital General 450. En especial si usted fue intervenido en los hospitales: del Parque, Santé, San Carlos o Dikcava. Mediante la aplicación de una prueba usted sabrá si tiene o no meningitis. Es importantísimo que acuda en cuanto antes, ya que el tratamiento es mucho más eficaz en etapas tempranas de la enfermedad. La meningitis es una inflamación aguda de las membranas que cubren el cerebro y puede ser fatal, o causar un daño irreversible al cerebro.
Dicho esto, la crisis de meningitis en Durango va para largo. El anestésico administrado en los 4 hospitales mencionados resultó contaminado por un hongo que se reproduce en el líquido cefalorraquídeo e invade las membranas del cerebro. En la meningitis por hongos, el periodo de incubación puede ser de días, semanas o meses; a diferencia de la meningitis bacteriana aguda, cuyo periodo de incubación puede ser de 6 horas y afecta principalmente a los bebés.
Un periodo de incubación tan extenso implica que, con seguridad, se presentarán nuevos casos en los días venideros. Peor aún, porque esta semana subió a 1,800 el número de personas en riesgo de haber contraído la enfermedad (hace una semana el cálculo era de 1,400).
En este momento lo más importante es salvar vidas. Sin embargo, en paralelo, debe avanzar la investigación para dilucidar exactamente de qué manera el hongo se inoculó por medio del anestésico y quiénes son responsables. Hacer nada no es opción. Encontrar a los responsables es un imperativo legal y ético ante las víctimas y la sociedad. En este caso no hubo accidentes, sino que alguien no hizo lo que debía hacer, punto.
La semana pasada se liberaron 7 órdenes de aprehensión por homicidio doloso y lesiones en contra de los dueños y administradores de los 4 hospitales. Esto implica que alguna acción suya y premeditada causó el desastre que estamos viviendo. El comunicado de la Fiscalía del Estado señala que la causa estuvo en “los procedimientos”, pero eso no aclara nada. No explica quiénes fueron directamente responsables. Pudieron haber sido malas condiciones de almacenamiento, reutilización de las jeringas, malas medidas de higiene, aunque no podemos descartar la posibilidad de que hubieran adquirido el medicamento de forma ilegal. El precio de las cesáreas en los 4 hospitales mencionados era considerablemente más bajo que en los demás. Normalmente una cesárea cuesta 30 mil pesos, en estos las practicaban por 20 mil o menos. De alguna manera mitigaban sus costos, si no, las cesáreas no hubieran sido redituables. Además, vaya casualidad, los 4 hospitales pertenecían a sólo dos familias.
También hay indicios significativos de corrupción. El sector salud es de los más regulados en el mundo y en el país. En México el ente encargado de verificar que no haya riesgos sanitarios es la COFEPRIS, cuyo brazo estatal en Durango es la COPRISED. Ambas deben, por ley, verificar que toda la normatividad se cumpla en todos los hospitales y consultorios médicos. Hoy sabemos que al menos uno de los hospitales operaba sin licencia sanitaria —el documento legal que autoriza a un establecimiento para realizar actividades relacionadas con la salud, como las cirugías—. ¿Cómo es que el titular de la COPRISED de sexenio anterior, Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla, no se percató de esto o, peor aún, quizá lo solapó? ¿Tampoco se dio cuenta de que los precios de las cesáreas eran ridículos? Y lo mismo aplica para el titular de a COFEPRIS, Alejandro Svarch, ¿por qué nunca actuó? La COFEPRIS tiene inspectores en los estados que deben realizar visitas periódicas a los hospitales y, además, pedir cuentas a la COPRISED. ¿Se hicieron esas verificaciones o han disminuido como resultado del austericidio del actual gobierno federal?
Hay demasiadas preguntas que responder. Es un caso gravísimo, de la magnitud de la tragedia en la Guardería ABC de Sonora. Donde hay claras responsabilidades penales, administrativas, civiles y violaciones gravísimas a los derechos fundamentales de las víctimas y sus bebés: a sus proyectos de vida, a la igualdad (en su mayoría son mujeres), a la salud, integridad y, por supuesto, vida.
Ayer en la portada de este diario se narró la desgarradora historia de Armidia, una mujer de 31 años que perdió la vida después de dar a luz. Su esposo declaró: “Nos destruyeron la vida, a mí y a cuatro niños”. Hoy, domingo, uno de los encabezados de El País cita a uno de los padres de las víctimas: “Como padre ya no pienso qué muchacha se va a salvar, sino cuál se va a morir”. Ante estas historias de terror y la clara responsabilidad de autoridades estatales y federales, uno pensaría que el Presidente Andrés Manuel López Obrador estaría preocupado, afligido, presto a ayudar en todo lo posible.
Este fin de semana AMLO estuvo en Durango, en la zona de La Laguna. Y no encuentro una declaración del Presidente al respecto. Pudo haber visitado a las víctimas, ofrecer algo de sosiego y comunicar que el estado tendría todo el apoyo. Nada. Veintitrés muertes, más de 70 casos confirmados, 1800 personas en riesgo y AMLO ni se inmuta. Vaya “humanismo mexicano”.
Al parecer los duranguenses estamos solo frente a esta crisis.
@MartínVivanco
