Hace unos días se celebró el 104 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. Como es costumbre, la celebración ameritó un acto en Querétaro y sendos discursos que son una verdadera joya, una oda a los lugares comunes. Entre otras cosas, se dijo lo siguiente: la Constitución “no sólo es un documento legal, es también un instrumento de imaginación política” (Domínguez Servién), que “emerge de la unidad, de la amalgama de distintas corrientes de pensamiento en un afán común y que hoy es factor de cohesión del pueblo mexicano” (Ministra Esquivel Mossa). Y claro, no podía faltar hacer alusión al animismo (esa práctica de dotar de alma a las cosas) que se le imputa: tenemos una constitución que toca a “las generaciones presentes mantener viva a través de las acciones concretas”. (Sánchez Cordero).
Me quiero imaginar qué pasa por la mente de las personas que redactan los discursos y de los personajes cuando los leen. Imagino que saben que lo que dicen en nada corresponde con la realidad. Según la Tercera Encuesta De Cultura Constitucional realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2016, 90% de los encuestados dice conocer a la constitución poco o nada. ¿Cómo podrá la Constitución ser ese documento de “imaginación política”, “factor de cohesión del pueblo mexicano”, con vida propia, si cerca del 90% de los mexicanos ignoran el contenido de la misma?
Esa imagen idealizada de la Constitución la propagan sus principales intérpretes y aplicadores -a saber, nuestras principales autoridades políticas. Pero lo que asombra es que ellos también saben que la imagen real es totalmente distinta a la que transmiten en los floridos discursos que pronuncian. Asombra más la manera en cómo se transita de una imagen a otra sin chistar.
Lo grave es que esta disonancia cognitiva de nuestras autoridades tiene consecuencias. Si realmente creyeran que la Constitución es el gran pacto fundante; entonces ese ideal sería uno normativo. Velarían por su respeto, estudiarían con sumo cuidado qué insertar dentro de la misma y qué dejar para su regulación en otro tipo de instrumento jurídico de menor jerarquía. La realidad es otra. Hemos caído en un engordamiento constitucional burdo -como diría Héctor Fix-Fierro- que, paradójicamente, deconstitucionaliza nuestra vida colectiva. Mientras los miembros del Poder Reformador sigan insertando todo lo que les viene en gana en la misma; entonces seguiremos abriendo el surco entre las dos imágenes antes descritas y la Constitución perderá su principal atribución: su normatividad.
La Constitución, sobre todo, es norma jurídica. Y no es cualquier norma, sino la suprema, a la cual el contenido de todas las otras normas debe adecuarse; y, en última instancia, todas nuestras conductas apegarse. Sin embargo, esta cualidad de la Constitución –la más importante- se diluye entre más se reforme la misma. Van algunos datos. En sus 104 años de historia se han generado 735 reformas al texto original. De la totalidad de su articulado, sólo 20 artículos de la Constitución (14.7% del total) permanecen sin cambios.
Así hemos caído en un circulo vicioso. Entre más reforma, menos conocimiento general de la misma; entre más inflación, menos coherencia interpretativa por parte de los principales operadores jurídicos. El resultado es un verdadero caos constitucional que deviene en lo que Ana Micaela Alterio bien ha descrito: ese híper-reformismo reduce la adhesión de la comunidad política a los postulados constitucionales y, por tanto, “es difícil hablar de supremacía constitucional efectiva”.[1] Al minar la supremacía, se afecta también su cualidad normativa. Así, la Constitución rige menos, porque pocos saben qué dice o cómo resolver las múltiples contradicciones que en ella habitan.
Sumemos a lo anterior, el ímpetu de reformismo constitucional y el desprecio por las formas jurídicas de este gobierno y lo que tenemos en frente es un verdadero proceso de destrucción constitucional. A pesar de que AMLO dijo en campaña que no reformaría la Constitución durante los tres primeros años de su sexenio, en lo que va de éste se han publicado 11 decretos con 44 reformas constitucionales que han modificado 35 artículos de la misma. Más aún, todas las leyes promulgadas por este gobierno hoy son objeto de algún medio de control constitucional –amparo, controversia u acción- porque se ha considerado que vulneran derechos o contravienen contenidos constitucionales.
Pero sigamos con las celebraciones huecas cada 5 de febrero y mejor no hablemos de lo importante. Al fin y al cabo, sólo se trata de la destrucción de la Constitución y de nuestro pacto social. Cuestiones menores, pues.
@MartinVivanco
[1] Alterio, Ana Micaela, “La Suprema Corte de Justicia Mexicana en la transformación social” en Niembro Roberto, Verdugo, Sergio (coord.), La justicia constitucional en tiempos de cambio, SCJN, p. 454
