La reforma judicial se presentó y aprobó con la consigna de que “democratizaría la justicia”. Apenas empezó el proceso electoral del Poder Judicial y ya cayó este mito por su propio peso. Las campañas anticipadas, las tómbolas, la pérdida del comité evaluador del PJF y la postulación de personas cercanas a actores clave de la 4T, son sólo la punta del iceberg. Los mayores vicios de este proceso electoral son estructurales y entre ellos está la normativa electoral que han fraguado a modo. La última estocada la dio el TEPJF al elevar el tope de los gastos de campaña al cielo, violando así el principio de equidad en la contienda. Pero no sólo va en contra de los principios democráticos más básicos, sino que exhibe el engaño detrás de las promesas de la reforma judicial. Voy por partes.
En julio del año pasado, la ministra Lenia Batres asistió a un foro para defender la reforma en donde le preguntaron sobre la posibilidad de que se viciaran las campañas por el dinero involucrado. La cuestión no era menor: se presumía que someter a las personas juzgadoras a contiendas electorales conllevaba el riesgo conocido de que una vez llegados al cargo se debieran a quien hubiera financiado su campaña y no a la Constitución. Ante este problema, Batres respondió, textualmente: “no hay campañas que necesiten dinero, que es eso muy importante también que se sepa, lo que se propone ahorita es campañas vía foros, vía Internet y los espacios de radiodifusión oficial, nada más”.[1] Desde luego mentía, las campañas son muy costosas. También le preguntaron sobre la injerencia de dinero del crimen organizado y Batres respondió: “si no hay dinero, no hay delincuencia organizada financiando ni nada”.
No ha pasado un año y la retórica de la 4T ya cambió drásticamente. Ahora son conscientes de que las campañas cuestan tanto que 220 mil pesos les parecieron insuficientes. Ese fue el primer tope de gastos de campaña fijado por el INE e impugnado por aspirantes cercanos a la 4T. Lograron subir el límite del gasto más de seis veces, a 1.4 millones de pesos. En su argumentación, el Tribunal Electoral consideró que es “un supuesto meramente hipotético” asumir que los aspirantes no cuentan con ahorros personales de entre 220 mil y 1.4 millones de pesos. La reforma se proponía abrir las puertas del Poder Judicial a la ciudadanía y todo ciudadano tiene esas cantidades de dinero, ¿cierto? Obviamente no.
Alguien podría llegar a pensar que el tope de gastos no es un requisito de entrada, pero la evidencia demuestra todo lo contrario. En México, como en todos los países que no regulan adecuadamente los límites del gasto electoral, los aspirantes suelen superar los topes definidos y pagar las multas. Esto porque, desde luego, sale mejor pagar para ganar que perder. También porque es fácil conseguir “donaciones” de recursos privados: pensemos en los intereses de todos los poderes fácticos para conseguir sus propios jueces, magistrados y ministros. No hace falta darle más vueltas: están vendiendo al Poder Judicial al mejor postor. Lo que nos regresa a la segunda respuesta de Batres, ¿quién va a financiar las contiendas?
Insisto en que el libreto oficialista dictaba que la reforma permitiría que el pueblo llegara al poder judicial, sacaría a las élites de allí. Pero lo que hicieron fue cambiar a los juzgadores y juzgadoras de carrera por los peones de quienes puedan financiar sus campañas: sí, las élites. Es por eso que cualquier elección democrática debe respetar el principio de equidad en la contienda. Porque si no se garantizan los derechos políticos fundamentales, si los aspirantes no tienen las mismas posibilidades de ganar, entonces la elección es una farsa, no hay competencia real.
Todos los pasos del proceso estaban hechos para limitar las posibilidades de que cualquier ciudadano llegara a las elecciones, pero ahora, incluso quienes hayan llegado a las boletas sin padrinazgo oficialista, no podrán competir realmente. No si no se aseguran un buen patrocinio de parte de las élites. En suma, la reforma fue una manera abigarrada de poner al Poder Judicial a la venta.
Abogado y analista político
@MartinVivanco
[1] García, Carina, “Batres: Sin financiamiento a campañas del PJF, no habrá injerencia del narco”, Expansión, 20 de julio de 2024, disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2024/07/20/batres-sin-financiamiento-a-campanas-del-pjf-no-habra-injerencia-del-narco
