Hace unos meses Felipe González y Mariano Rajoy conversaron en un foro internacional. Una de las primeras cosas en que coincidieron ambos exmandatarios (uno de centroizquierda y el otro de derecha) es que la principal tarea de los políticos consiste en dotar algo de certidumbre a la ciudadanía. Ya es lugar común decir que la impronta de nuestros tiempos es la incertidumbre. Pues bien: la labor de los que gobiernan es construir islas de certezas en el mar de lo cotidiano.
En México vemos todo lo contrario. Tenemos un presidente que al parecer disfruta causar más incertidumbre con el único propósito de concentrar más poder. Lo que sucederá con el Plan B electoral es que reinará el caos en ese ámbito durante los dos años que vienen. Entraremos a la contienda del 2024 sin las reglas claras del juego democrático. El escenario más probable no pinta nada bien. El paquete de reformas incluye la modificación de seis leyes. Parte de las reformas ya fue aprobada por el Congreso y el primero de febrero se pretende aprobar en el Senado la parte restante. Todas las modificaciones serán objeto de querella constitucional. Estas discusiones llegarán a la Corte. Se asignará a un ministro o ministra ponente. Por la importancia del tema y el nuevo liderazgo de la ministra Piña, probablemente se discuta en breve en la Corte. Aunque “en breve” puede significar un mes o más (normalmente esto asuntos tardan entre 9 y 10 meses en resolverse). Podría decidirse una suspensión completa de la reforma, es decir, que el efecto de sus disposiciones normativas se detenga. Pero no es sencillo. La ley señala que “la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.” Aunque ya hay un precedente con la Ley de Remuneraciones, no es sencillo argumentar en contra del texto expreso de la ley. Además, la suspensión, a su vez, puede ser impugnada por el Presidente. También habrá impugnaciones que tendrá que resolver el Tribunal Electoral. En resumen, varios juicios constitucionales correrán en paralelo.
Todo esto, si bien nos va, podría resolverse en tres meses (o más). El problema es que se abrirán muchos frentes judiciales y podrán surgir nuevos juicios. Además, no hay garantía de que todas las reformas se declaren inconstitucionales. Habrá partes que sí y otras que no, lo que hará todavía más complicado el panorama porque habría que encontrarle algo de coherencia a un cuerpo normativo de por sí abigarrado y contradictorio. Baste leer el “Informe sobre la incidencia en la función electoral” que publicó el INE hace unos días para dimensionar sus efectos nocivos. En una de sus partes dice “con esta reforma estarían conviviendo indebidamente dos sistemas o modelos de operación incompatibles: el que deja todo intocado en la actual estructura del INE para las elecciones de Coahuila y el Estado de México y el que mandata la restructuración del resto de la institución”. Es decir, por un lado se mandata a empezar la reestructura del Instituto desde ahorita, por el otro, a celebrar los comicios bajo las reglas vigentes. El problema es que la eficacia de las reglas depende de la actual estructura administrativa de INE. Este es sólo un botón de muestra de todo lo que puede suceder.
Lo que quiero decir es que el solo hecho de haber presentado esta reforma hará que sí o sí lleguemos al proceso electoral del 2024 con muchísima incertidumbre jurídica y política. Partidos, candidatos y autoridades electorales no tendrán un marco jurídico claro. Todo esto porque el presidente decidió enviar su reforma en el peor momento posible: en vísperas de la elección presidencial y en la que se renovarán alrededor de tres mil puestos de elección popular.
Habría que preguntarnos quién sale ganando en todo esto. Bien dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quiénes serán los pescadores en este caso? Una pista: visten de guinda. Estamos en manos de la Corte. Ojalá decrete la suspensión de toda la reforma. De no hacerlo la legitimidad de la elección del 2024 estaría en riesgo.
Abogado y analista político
