El Senado de la República aprobó una de las más amplias reformas en la historia del Poder Judicial. En un país de leyes, pero de muy poca justicia como México, esta enmienda era necesaria para corregir males como la discrecionalidad, el nepotismo, la corrupción, el despilfarro de recursos públicos, el acoso, la inequidad de género y la falta de sensibilidad por parte de jueces y magistrados.
Este cambio es resultado de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo y tiene como base la iniciativa enviada por el Presidente de la República al Senado y presentada en conjunto con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con lo aprobado por la Cámara Alta se instaura el sistema de carrera judicial, se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados, se pone fin a la costumbre de favorecer con nombramientos a familiares y, en cambio, se busca que las designaciones recaigan en quienes obtengan los resultados favorables en los concursos de selección.
Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, que se encargará de brindar a jueces y magistrados una formación distinta, basada en la ética.
Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública que ahora, además de las asesorías en materia laboral y penal, brindará orientación jurídica en materia de amparo familiar.
También se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, de tal forma que solo conozca de amparos directos en revisión cuando impliquen un interés en materia constitucional y de derechos humanos.
Se transforman los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación.
También se reordena la construcción de las jurisprudencias, incorporándose el método basado en la figura del precedente para acortar el largo camino de las reiteradas resoluciones en el mismo sentido y sin ninguna en contrario.
Todas las tesis en las que se basen las resoluciones judiciales deben exponer, claramente, los hechos relevantes de los casos, los criterios jurídicos y los argumentos que justifiquen las decisiones que se toman.
También, se establecen sanciones severas a jueces y magistrados que incurran en nepotismo o corrupción y en el caso de los sobornos se establecen mecanismos de restitución de estos beneficios ilegales obtenidos para sí o para una tercera persona.
Se establece un principio ordenador que impide la reproducción de cotos y feudos alejados de las normas generales. Así, ya no se trata de defender privilegios, corporativos, ancestrales, sino de defender la justicia, eso es lo fundamental.
Además, se combate el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y se establece la paridad de género, lo cual permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios del Poder Judicial con las consecuentes repercusiones en materia de sensibilidad frente a muchos temas ante los cuales el Poder Judicial no ha sido receptivo. Ahí están los numerosos casos de impunidad frente a feminicidios, aún con denuncias públicas debidamente documentadas.
Urgía ya una reforma al Poder Judicial de la Federación para dar respuesta al histórico reclamo de justicia. No se puede transitar hacia un régimen democrático en medio de la impunidad que implica que sólo el 2% de los delitos tengan una sentencia condenatoria. Sin duda hace falta más, pero había que dar el primer paso.
Senador de la República
