Una sociedad es más plena en proporción a las bases normativas y la materialización de sus derechos. En razón de ello, las naciones conforman sus constituciones y sus normas secundarias buscando dar las garantías suficientes a la ciudadanía para que cuenten con los elementos de desarrollo, estabilidad, armonía y crecimiento.
El establecimiento de reglas en una sociedad parecería que reconocieron, de entrada, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, no ha sido así.
Las mujeres han tenido que librar una larga lucha por conseguir derechos que, hasta hoy, no alcanzan desafortunadamente las prerrogativas convertidas en ventajas del género masculino. Esto trae como consecuencia una inequidad en los elementos que nuestra Constitución Política establece para lograr una plenitud social, familiar, laboral y de representación.
Parecería que el país ha ido en contra de los diagnósticos y resultados emitidos por organismos internacionales como la OCDE, que ha establecido a través de indicadores, por ejemplo, que si en una sociedad existe un aumento en el número de mujeres ocupadas, la economía crece. De igual forma, el aumento en la educación de mujeres y niñas es también indicativo de mayor crecimiento económico.
Estos y otros indicadores nos permiten ver con claridad que una auténtica igualdad de derechos entre hombres y mujeres genera no sólo una equidad sino un equilibrio social, necesario en nuestra época.
Para que nuestra sociedad sea igualitaria debemos partir con reconocer, como lo disponen la Constitución y diversas leyes, que el género femenino tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el género masculino.
Así, para que una “paridad total” sea viable es necesario instrumentar varias acciones, entre las que destacamos sólo algunas:
Que se haga efectivo el principio jurídico de igualdad sustantiva en candidaturas registradas en elecciones locales y federales. Esto incluye que, para el caso de las elecciones de autoridades en los ayuntamientos, la paridad abarque la dimensión vertical y la horizontal.
Que se establezca en las normas que rigen la vida del Poder Judicial de la Federación, medidas afirmativas que faciliten la igualdad, además de la conformación paritaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tanto en su Sala Superior, como en Salas Regionales y Especializada. Lo mismo en sus homólogos a nivel local.
Que se incremente la asignación presupuestal determinada en la legislación electoral —que es sólo de 3%— para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, así como en la estructura de los cuadros políticos de los partidos, con la finalidad de que tengan mayor conocimiento, habilidad y capacidad para el desempeño de los cargos públicos que se disputen en elecciones locales y federales.
Que la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado al Congreso de cada año, se integre con perspectiva de género y, consecuentemente, contemple los recursos necesarios que hagan viable la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres.
Que se establezcan normas para que en la administración pública federal, estatal y municipal, al igual que en los organismos autónomos se integren en su estructura orgánica con igual número de hombres y de mujeres, a través del análisis de los perfiles y cumpliendo con los requisitos normativos que cada instancia establezca. Sería loable que dicha igualdad sea equitativa, además, por niveles y cargos directivos.
Que se definan sanciones ejemplares por violentar la igualdad sustantiva.
Que diversas políticas públicas sean implementadas a fin de materializar la “paridad total”.
Éstas y otras acciones permitirán arribar a la tan anhelada igualdad. Alcanzándola seremos una mejor sociedad.
Diputada ciudadana y analista político.
@MarthaTagle @fdodiaznaranjo
