La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 no solo ha expuesto las vulnerabilidades de los sistemas de salud y ha subrayado las disparidades entre las regiones, sino que también ha generado nuevas confrontaciones, principalmente por la dimensión geopolítica que se ha dado a las vacunas. Un ejemplo de lo anterior son los mal llamados “pasaportes COVID”.
Los certificados en cuestión acreditan si una persona se ha vacunado, el medicamento biológico que ha recibido y su marca, si ha padecido la enfermedad o si cuenta con una prueba PCR negativa reciente. Su reconocimiento por algunos países permitirá o denegará el libre tránsito de las personas, atentando contra sus derechos individuales y condicionando la validez de los esquemas de vacunación nacionales, pudiendo discriminar vacunas que incluso hayan sido avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Si algo nos ha enseñado esta crisis es que debemos actuar de forma global y colectiva, con soluciones que no vulneren la equidad. Es fundamental reactivar la economía, el turismo y fortalecer los flujos migratorios seguros y ordenados. Los pasaportes COVID, lejos de ayudar a este propósito, se convierten en una medida de corto plazo de índole particular, que generará obstrucciones a los objetivos antes señalados. El que una persona haya recibido una vacuna en su país que no sea reconocida en otro no debería ser impedimento para que pudiera realizar un viaje de turismo o negocios. Estamos hablando de que los países están pensando no solo en discriminar a vacunados de no vacunados, sino en excluir a aquellos que no hayan usado determinada marca.
La comunidad internacional debe trabajar en conjunto para que todos los países tengan acceso a suficientes vacunas para inocular a sus poblaciones, sin que su aplicación se vea intervenida por predisposiciones comerciales. En ese sentido, ningún país o ciudadano puede ser discriminado por no haber obtenido un certificado de vacunación, o por el origen de la vacuna con la que cuenta: la salud y la libertad no deben ser coartados de acuerdo con la marca de un biofármaco, en lugar de la autorización de las agencias sanitarias competentes, muchas de las cuales están homologadas entre sí.
No debemos perder de vista que las restricciones mencionadas podrían limitar el desarrollo de nuevas patentes. Actualmente hay al menos 34 vacunas en fase III y IV de validación por la OMS. Sin embargo, el reconocimiento limitado de los antígenos por los países podría desincentivar estos esfuerzos y retrasar el proceso de vacunación. Los pasaportes COVID podrían reducir el número de vacunas disponibles e incrementar la resistencia de la población a inmunizarse, por no garantizarle a un individuo la posibilidad de libre tránsito a otros países. Esto último soslaya los esfuerzos de cooperación, en un contexto en el que la solidaridad debiera ser la salida de la crisis y el eje de la recuperación global.
Lejos de que la pandemia haya terminado, el virus continúa mutando y esparciéndose. Hoy más que nunca existen incentivos para trazar rutas de acción de largo plazo que fortalezcan las capacidades de los sistemas de salud y los protocolos de libre tránsito transfronterizo. En medio de una de las mayores crisis sanitarias y económicas de la historia, hoy más que nunca hay motivaciones colectivas para establecer puntos de acuerdo basados en el multilateralismo, por medio de iniciativas que no distingan fronteras ni nacionalidades.
La Organización Mundial de la Salud debiera ser la garante de esa equidad e intervenir en la confección de una política pública de carácter global, pero, desafortunadamente, se ha limitado a hacer llamamientos. Si se toma en cuenta que, ante la incertidumbre, los países habían logrado avanzar en un blindaje contra la propagación del virus a partir de exigir pruebas PCR negativas, es evidente que hay salidas mucho más justas y menos restrictivas. Después de todo, estar vacunado con cualquiera de las vacunas disponibles no garantiza que la persona no sea portadora del virus.
**Director ejecutivo de Diplomacia Pública, SR
