Acuérdate de Acapulco, no lo olvidemos
La propuesta del presidente al Poder Judicial de la Federación de donar los recursos de los fideicomisos extinguidos, para apoyar a la población de Acapulco, tuvo una respuesta inmediata de la presidenta de la Suprema Corte. El nuevo tono (Norma Piña se despide por escrito del Presidente con un “reciba un saludo cordial”) augura una nueva etapa en las enrarecidas relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial.
Por primera ocasión, desde que la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte hay un signo de entendimiento entre los dos poderes. Por primera ocasión desde asumió la presidencia de la Suprema Corte, el presidente se refiere al Poder Judicial de la Federación, sin necesidad de insultos o improperios. Algo bueno además de toda la desgracia acumulada trajeron los vientos huracanados de Otis.
En los años treinta, se dio una confrontación histórica entre el presidente Franklin D. Roosevelt y la Suprema Corte de Estados Unidos. Los bancos estaban quebrados; la tercera parte de la fuerza laboral (15 millones) estaba sin trabajo; los precios agrícolas por debajo de los precios de producción. Admiradores de la Unión Soviética, cien mil estadounidenses, habían solicitado trabajo en Rusia, hecho que evidenciaba el descrédito del sistema capitalista frente al comunismo.
Las medidas de Roosevelt para resolver la crisis encontraron fuerte oposición de la conservadora Corte, por lo que el presidente decidió desmantelarla. La Corte estaba integrada, como ahora, por nueve jueces, cuyo promedio de edad era de 71 años. Entonces en EU la esperanza de vida era de 57 años, por lo que sus integrantes (todos varones) se conocían como The Nine Old Men (Los Nueve Ancianitos).
Roosevelt la tenía más fácil que AMLO en el intento de debilitar a la Corte. El número de sus integrantes no estaba señalado en la Constitución, sino en ley, por lo que Roosevelt propuso algo ingenuo: el ejecutivo estaría facultado para nombrar un juez de la Suprema Corte por cada uno que tuviera más de setenta años o se retirara. Eso le daría a Roosevelt la posibilidad de proponer al Senado a seis integrantes, lo que le permitiría salvar al New Deal. Nada de eso ocurrió, el Congreso y la opinión pública, independientemente de la aceptación de FDR, sabían que retirar la autoridad a la Suprema Corte significaría ir en contra de valores más relevantes de los principios nacionales.
Para el segundo periodo de Roosevelt, cerca de la segunda guerra mundial, la Corte, resolvió a favor de las políticas liberales del presidente. Años más adelante, inició la defensa crucial de derechos humanos al cancelar la segregación racial. Nadie sabe lo que hubiera pasado de haber alterado aquella corte de ancianos. Lo cierto es que se hubiera lastimado irremediablemente el principio de división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y el Estado de Derecho.
La respuesta de Norma Piña al presidente es inteligente, oportuna y política, además no tenía otra. Colaboración, más que confrontación es lo que corresponde a los poderes del Estado. El propósito central de este posible arreglo es brindar alivio a mexicanos seriamente lastimados, pero además cancela el escenario del conflicto constitucional que enfrentaría a los dos poderes, cuando la Suprema Corte resolviera las eventuales acciones de inconstitucionalidad y los amparos masivos ya presentados.
Con razón en los corrillos de los juzgados se oye el refrán: mejor un buen arreglo que un pésimo pleito.
