México ha tenido momentos estelares en su trayectoria, pero también episodios vergonzosos que forman parte de la historia negra que nunca debió ocurrir. Los ejemplos son varios y de dimensión distinta: la visita a Miramar de los conservadores mexicanos para ofrecer a Maximiliano de Habsburgo el trono de imperio; las chicas mexicanas que acudía a los bailes de los soldados del Ejército estadounidense invasor en 1847; "Mátalos en caliente", de Porfirio Díaz; el dos de octubre de 68; los halcones de Luis Echeverría; la invitación al candidato Trump para que se presentara como jefe de Estado ante Peña Nieto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pretensión oficial de traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional era inconstitucional. La reacción oficial ante esta resolución judicial tanto del Presidente, de diputados y senadores del bloque en el poder fue una muestra más del desprecio a las reglas constitucionales y políticas que merece la división de poderes en un sistema democrático. El ideal republicano en una sociedad democrática es más que la división, la colaboración entre los poderes.
A estos y otros disparates se suma ahora una vergonzosa carta avalada por las y los gobernadores del bloque oficialista que rechazan el fallo de la Suprema Corte. Independientemente de que sepan leer, o no quieran entender, el artículo 21 de la Constitución es inequívoco: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
El creciente clima de enrarecimiento entre los poderes legislativo y ejecutivo con el poder judicial se acrecienta con el rechazo de los gobernadores. Rechazar según el diccionario tiene algunas de estas acepciones: “Forzar a algo o a alguien a que retroceda”; “Resistir al enemigo, obligándolo a retroceder”; “Mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etc.”. Más que oposición, lo que les merece el tribunal constitucional del país.
Para enturbiar aún más las cosas, además de los insultos a la Corte y a su presidenta, el presidente dio una orden inédita a los secretarios de Seguridad Ciudadana y de Gobernación, para que a las y los ministros “ni les contesten el teléfono”. Este desplante prepotente atenta contra las reglas más elementales de la democracia y pluralidad como es el diálogo, la apertura y la colaboración.
No es un asunto retórico o romántico, la Constitución establece la obligación del Presidente de la República de: “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones” (Art. 89 Fr.II). En el elenco de auxilios que el Presidente debe facilitar uno de los más inmediatos sería simplemente contestar el teléfono a los integrantes de la Suprema Corte. Negarse a hacerlo es negar la regla más elemental de convivencia y civilidad política.
La intolerancia presidencial es algo inédito, aún en los momentos más encumbrados del autoritarismo mexicano siempre hubo formas democráticas de consideración y respeto entre los poderes de la República. La carta de las y los gobernadores morenistas quedará inscrita en las páginas oscuras de la república. Esperemos que no sea el prolegómeno de lo que la misma república pudiera esperar en una eventual decisión electoral contraria al interés oficial.
