La revolución la hizo el pueblo mexicano alrededor de Madero, pero la consumaron los militares. En el siglo pasado la milicia estuvo en el poder durante 36 años (6 sexenios), sin contar diez años del General Porfirio Díaz, con las breves interrupciones, el itinerario del abogado Emilio Portes Gil (14 meses) y la gestión presidencial (dos años siete meses) del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que no sabía cómo hacerle a la política. Los generales se quitaron el uniforme para gobernar. El general Manuel Ávila Camacho, vestido casi siempre de civil, estimó que había que llevar a la milicia de regreso a los cuarteles. La etapa civil la inició el carismático presidente Miguel Alemán.
El general Calles entendió que la institucionalidad de la revolución necesitaba un partido político que aglutinara a la milicia. Su proyecto hizo realidad la dictadura perfecta, bautizada tan atinadamente por el ahora tan recordado Mario Vargas Llosa. Un partido político debe como dice la Constitución: “promover la participación del pueblo en la vida democrática… hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan…” Si bien eso dice la Constitución también previene que solamente “los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos”, además establece la prohibición de “la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos”, como “cualquier forma de afiliación corporativa”.
Además del catecismo constitucional los partidos políticos existen para acceder y mantenerse en el poder. El PRI lo hizo 80 años en un arreglo con los militares, los auténticos detentadores del poder real. No obstante, las fuerzas armadas se han convertido, a invitación presidencial, en el brazo ejecutor del Estado mexicano, sin que esto haya generado mayor alerta o preocupación social. Los militares mexicanos han suplantado a la gestión civil en múltiples tareas: administran aeropuertos, carreteras, aduanas, trenes, una línea aérea y hasta distribuyen libros de texto gratuito. Esta creciente suplantación del servicio civil por el servicio militar no empezó con la 4T, sino que también PRI, PAN y ahora Morena han sido igualmente responsables.
Los militares en México no tienen partido, ya ni siquiera disponen de cuotas como en el viejo PRI que apartaba curules, cedía algunos gobiernos estatales a militares con pretensiones políticas. Lo militares no tienen partido, pero tampoco lo necesitan. No requieren la legitimación que dan los votos, ni tienen que hacer campañas, ni siquiera tienen que rendir cuentas a la sociedad. Tienen presupuesto creciente, estructura, logística y casi total control territorial, salvo los espacios que ocupa el crimen organizado.
Unos datos solamente: en 2024, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina controlaron 20 proyectos estratégicos el gobierno federal, entre otros el Tren Maya, el AIFA y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Más delicado aún es el papel de la milicia en la seguridad pública. Se estima que el 80 por ciento del territorio nacional está cubierto por militares en funciones que, en una sociedad democrática debería corresponde a los civiles.
La gestión de Omar García Harfuch es un signo alentador: un modelo de administración civil, con perfil técnico, con una biografía aceptada históricamente por la milicia mexicana, al frente de la tarea más delicada y relevante del tiempo mexicano.
El gran riesgo de mantenerse esta tendencia de concentración de tareas y facultades civiles en manos militares es que en México dejen de gobernar los partidos políticos… y gobiernen los uniformes.
Profesor de Derecho Constitucional en la UNAM