¿Será que a México ya se lo llevó la chingada? Las respuestas difieren entre quienes apegados a la tradición dicen que el país es más grande que sus problemas; que de peores hemos salido bien librados; por el contrario otros, generalmente en la oposición política, ven un panorama desolador, irremediable: la llegada del Apocalipsis. Lo cierto es que ni tanto ni tan poquito. Problemas sí los hay, pero también manera de arreglarlos. No soy fan de la 4T, pero valoro la serenidad y equilibrio para conducir el país ante el desconcertante escenario internacional, en particular la relación con Estados Unidos. Ningún otro país va mejor librado. Por lo mientras… (como decía Esperancita mi vecina).
Montesquieu no lo hubiera creído, el insigne Emilio Rabasa hubiera confirmado lo que escribió: el llamado poder judicial no es en realidad un poder. Lo cierto es hay un desmantelamiento de verdades constitucionales como la división de poderes. El poder ya no estará dividido, como exige la Constitución, sino que después de las elecciones judiciales habrán de reunirse dos poderes en una corporación. Esto no ocurre solamente en México, donde somos buenos para quejarnos, sino en el mundo entero.
Cerca de nosotros, en EU, se aproxima una crisis constitucional. Es previsible que algunas resoluciones judiciales contrarias a gobierno que ya no se acaten, ni siquiera se combatan con recursos jurídicos. El gran dilema que ellos corren es si el gobierno observará una decisión final de la Suprema Corte, contraria a sus intereses.
En México se dio recientemente una resolución jurídica aberrante, escandalosa. Un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, vanagloriado como el más grande del mundo, condenó a Enrique Graue Wiechers, exrector, y a Fernando Macedo, ex director de la Facultad de Estudios Aragón, de la UNAM, a pagar, cada uno, 15 millones de pesos a una exprofesora que asesoró múltiples tesis plagiadas, hecho acreditado a simple vista; no obstante para la jueza Flor de María Hernández la actuación de los funcionarios universitarios le ocasionó un daño moral (?). Existen todavía recursos para combatir este atentado a la justicia, aun cuando la atmósfera de incredulidad jurídica está de tal manera volátil que podría resultar resolución definitiva.
El asunto es tan grave que decenas de investigadores universitarios, curiosamente del área de la investigación científica, han irrumpido mediáticamente para condenar un fallo judicial. Llama la atención que, si bien algunos investigadores del área jurídica se han sumado, apenas participaron unos cuantos profesores de la Facultad de Derecho. La pregunta que salta es qué sucede con la Facultad de Derecho de la UNAM; qué con las comunidades de las demás escuelas y facultades de derecho del país; qué con las barras y organizaciones de abogados. Si los abogados de México no protestan por este atentado a la justicia, ¿quién lo hará entonces? ¿Será que la sentencia los dejó petrificados?
La asesora plagiaria cobró presuntamente por los trabajos que le encargaron, algunos miles de pesos, pero ahora hacerse de 30 millones de pesos resulta comparable a las treinta monedas de plata que Judas recibió por entregar a Jesús (Mateo 26:14-16).
De consumarse esta injusticia de la justicia sería la UNAM la que debe cubrir la indemnización, finalmente el rector Graue y el director Macedo actuaron como representantes de la UNAM, no a título personal. Lo hicieron en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Universidad que establece su responsabilidad: “Cuidar que se desarrollen las labores ordenada y eficazmente, aplicando las sanciones que sean necesarias, conforme al Estatuto General y sus reglamentos”. Por esto la UNAM debe entrar al rescate.
Ex Abogado General de la UNAM
