Desde Aladino y su lámpara maravillosa existe la ilusión de que un genio vendrá, escondido en una botella, a cumplir deseos. Los genios que han emulado a Aladino se han ocupado de cumplir pretensiones personales. No ha surgido un genio que atienda cuestiones políticas. Si uno me ofreciera cumplir dos deseos, pediría un sólido sistema educativo y un poder judicial independiente.
México estaba a punto de edificar un poder judicial autónomo cuando tiraron a la basura decenios de esfuerzo colectivo. Uno de los ejes de la educación pública han sido los libros de texto gratuito. El presidente López Mateos, su creador, confiaba en que fueran “dignos de México y no contengan expresiones que susciten rencores, odios, prejuicios y estériles controversias”.
Hay un asunto casi desapercibido, salvo un testimonio de José Woldenberg, en estas páginas de EL UNIVERSAL (“Desvergonzado abuso de poder”). Se trata de un amparo promovido por Lorenzo Córdova en contra de la inclusión en los libros de texto gratuito de una mención oprobiosa a su persona por haberse mofado: “de los representantes de las naciones originarias”.
Hace años el Presidente de la República en turno difundió la grabación de una conversación privada —acto prohibido por ley—, que debió haberse investigado y sancionado. Córdova se disculpó inmediatamente de sus lamentables expresiones. El Presidente ordenó inferir a Lorenzo Córdova el oprobio de ser el ejemplo para la niñez mexicana de un funcionario público que no respeta los derechos de los pueblos originarios.
La Suprema Corte de Justicia —bueno, lo que queda de ella—, a través de la Segunda Sala se ocupó de la propuesta intachable del ministro Javier Laynez de amparar a Córdova, quedando el asunto empatado 2-2. Se convocará a un ministro de la Primera Sala para desempatar el asunto. Quien sea el escogido determinará el resultado. Si aleatoriamente le corresponde a la ministra que se dice del pueblo, es evidente que no ampararan a Lorenzo Córdova, se habrá consumado un atentado a los derechos humanos, nada menos que por el órgano constitucional encargado de que se respeten.
Utilizar los libros de texto, con los que se enseña a millones de niños mexicanos a ser ciudadanos de provecho, para una venganza política es una canallada. No lo digo yo. Jaime Torres Bodet, el insigne intelectual mexicano, creador de los libros de texto junto con Martín Luis Guzmán, el mejor escritor de México (Carlos Fuentes dixit) preguntaba si en las páginas de los libros “¿…hay alguna orientación que se aparte de los principios y de los ideales de nuestra democracia?”. Contestaba que las “páginas de los libros son obras escritas dentro de una voluntad positiva de unión patriótica, sin pasiones, sin rencores”.
La Suprema Corte tiene la oportunidad de dejar un botón de muestra al amparar a Lorenzo Córdova. Sus expresiones son reprochables, pero se dieron en una conversación privada. No hubo injuria o discriminación directa. Al haberse obtenido de manera ilícita no puede darlas como verídicas la publicación oficial del Estado como aparece en los libros de texto.
En un país con instituciones sólidas, Lorenzo Córdova sería merecedor a un desagravio y a una indemnización por el irreparable daño que le han causado. Llama la atención que las instituciones académicas encargadas de la docencia y la investigación jurídica se mantengan calladas, inexistentes, como si Lorenzo Córdova, no fuera un investigador jurídico de la UNAM. El principio elemental de un gremio es defender a sus agremiados. Si no es así, ¿cuál es su objeto?
Profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. mmelgar@satx.rr.com
