El asesinato de Carlos Manzo ha conmovido a México. Tanto que los episodios de la corrupción atribuibles a figuras políticas de la 4T: el exsecretario de Marina, los hijos de AMLO, sin dejar de mencionar a Adán Augusto y sus secuaces, toda una basura institucionalizada, pasaron a segundo término. A pesar de lo relevante de estas denuncias, sangre derramada mata dinero mal habido. Conmueve más el alcalde de Uruapan, abatido en plena plaza pública al lado de su atribulada familia que los rateros públicos. El abrazo de su hijito antes del atentado, que ha dado la vuelta a las redes, es una acusación indefendible a los gobiernos estatales y federal que evidentemente no saben cómo hacerle.
Las cifras de alcaldes abatidos son espeluznantes. Conforme a un texto de investigación de EL UNIVERSAL, publicado el 11 de junio, antes del atentado a Carlos Manzo, cada dos meses y medio asesinan a un presidente municipal. Esta es un extracto de la crónica: “El sexenio más mortífero registrado fue el de Enrique Peña Nieto, con 42 casos; le sigue el de Felipe Calderón Hinojosa, con 37; en tercer lugar, se ubica el de Andrés Manuel López Obrador, con 26, y en cuarto, el de Claudia Sheinbaum Pardo, con 10 hasta la fecha”.
Continúa: “El estado con más homicidios de presidentes municipales es Oaxaca, con un total de 24; le siguen Michoacán (faltaba Manzo), con 20; Veracruz, con 13; Guerrero, con 12; Puebla, con ocho; Durango, con seis y Jalisco, con cinco, mientras que en Chihuahua y Estado de México se documentaron cuatro casos, respectivamente”.
El embate a los alcaldes es al mismo tiempo un ataque a la institución municipal. Desde 1519, año de su creación en Veracruz por Hernán Cortes, se instituyó como baluarte ciudadano, institución autónoma, base del sistema político democrático. Se decía que era el eslabón político más cercano a la ciudadanía. No obstante, el municipio es una promesa malograda. Es una ilusión republicana convertida en desencanto. El municipio al representar el eslabón de gobierno más cercano a la ciudadanía ha sufrido los embates del poder centralista. El régimen porfirista anuló la autonomía municipal con la participación de los jefes políticos. Estos delegados nombrados por los gobernadores, algunos por el propio presidente Díaz, ejercían poderes ilimitados en materias administrativas, judiciales y políticas.
Por ello el clamor de los hermanos Flores Magón, exiliados en Saint Louis Missouri, en el Programa del Partido Liberal de suprimir a los jefes políticos; reorganizar los municipios y robustecer el poder municipal. Estas propuestas de los hermanos liberales que se convirtieron en ingenuos anarquistas, las recogió la Constitución de 1917. El país volvió nuevamente los ojos al municipio al asumir el poder Miguel de la Madrid.
Uno de los ejes de la campaña política fue la descentralización de la vida nacional y el fortalecimiento municipal. Se reformó el artículo 115 constitucional y la única evolución de ese esfuerzo fue la creación de las alcaldías de la CDMX en 2017. Los municipios siguen atados a los gobernadores, peor aún, muchos sometidos al crimen organizado, sin que gobernadores ni autoridades federales puedan evitarlo. Los alcaldes tienen que obedecer al que manda en su territorio. Los que no lo hacen corren la suerte de Carlos Manzo y de centenares de alcaldes decapitados.
El embate a los alcaldes es un atentado más a la institucionalidad del sistema político mexicano.