¿Qué pasó en 2022 y qué se desea para 2023? En México políticamente lo más relevante fue el proyecto del gobierno por modificar el marco electoral, lo que encontró una inusitada oposición ciudadana. Los opositores fueron partidos políticos, los grupos ciudadanos y los de a pie, aunque muchos tengan coche. No obstante, el atentado a Ciro Gómez Leyva introdujo un elemento que hará que 2022 no se olvide, sin dejar de mencionar el actual aquelarre en la Suprema Corte.
El sordo debate electoral (con o contra el INE) generó las dos manifestaciones más sonoras del sexenio. La oficial, encabezada por el presidente, siguió las pautas que dejó el viejo PRI. Si hay algo que AMLO pueda presumir es tomar la calle. Antes que estadista el presidente es un provocador social. La agitación electoral llevó a proponer una reforma constitucional que abortó y luego un alterno plan B de modificaciones legales, aplanado en el Congreso por Morena y sus satélites: el Partido del Trabajo y el Partido Verde. La viabilidad constitucional del Plan B, la resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Corte tendrá la oportunidad de acreditar su enorme poder si logra preservar lo que se conoce como supremacía constitucional, al precisar la constitucional de la pretendida reforma. La Corte definirá el rumbo de la división de poderes y de la democracia mexicana: habrá de elegir entre cumbres o abismos. La prestancia y credibilidad de la Corte tendrá que sortear el escándalo para elegir al nuevo presidente, lo que la historia judicial del país habrá de registrar.
Poca estructura institucional va dejando la 4T: La Comisión Nacional de Derechos Humanos es ya un apéndice del gobierno; las universidades autónomas han desaparecido como críticas de los asuntos nacionales; lo mismo ha sucedido con los organismos constitucionales autónomos; la prensa amenazada por los episodios de sangre e impunidad. El Plan B llevaría a desmantelar tareas del INE, lo que sus autoridades consideran, con razón, habrá de vulnerarse los próximos procesos electorales.
El atentado a Ciro Gómez Leyva me recuerda los cuatro asesinatos políticos que mayor huella me han dejado. El asesinato de Álvaro Obregón, atribuido a León Toral, pero con la latente duda si no fue un asesinato colectivo (Julio César). Sobre el magnicidio tuve información directa gracias a las charlas con mi abuelo Leopoldo, presente en la Bombilla como diputado federal. El asesinato de Colosio que marcó a una generación completa, y el de mi gran amigo Pepe Ruiz Massieu, todavía incomprensible a pesar de la mitología que lo ha encubierto.
Para 2023 me parece que a pesar del ambiente enrarecido y de la crispación social, el país necesita una dosis de optimismo. Debe seguir el anhelo por un país tranquilizado; por un orden en la vida política; por resolver la discordia entre los partidos, entre la oposición y Morena y al interior de todos los partidos; por suavizar la polarización a fin de que florezca la riqueza nacional; se ordene la economía y además los pasos hacia una reconciliación nacional.
El atentado a Ciro Gómez Leyva me parece que marcará este sexenio y en concreto la gestión del presidente López Obrador. Como sucedió con Obregón, Colosio y Ruiz Massieu es altamente probable que nunca sepamos toda la verdad.
Hago votos por que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la UNAM salgan airosas de la absurda prueba a la que hoy están sometidas.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
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