El presidente Andrés Manuel López Obrador busca asumir el control de los hospitales públicos que actualmente funcionan con inversión privada, justo en el momento en que más se cuestiona la capacidad del Estado como administrador de los centros de salud, luego de la muerte de la pequeña Aitana en el hospital general de zona número 18 del IMSS, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
La decisión de adquirir o cancelar el contrato de 12 hospitales construidos y operados mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP) podría representar otro golpe a las finanzas del país, pues en materia contractual los operadores privados tendrían derecho a una compensación mínima de 40 mil millones de pesos, además de que el costo de los servicios para hacer funcional la infraestructura tendría que ser asumido también por el Estado, otros 80 mil millones de pesos en promedio.
Según los contratos firmados con las empresas, en los hospitales concesionados corresponde únicamente al Estado la administración del personal y los servicios médicos, mientras que los privados son responsables de prácticamente todo lo demás: equipamiento y mantenimiento de las instalaciones; limpieza, desinfección y manejo de residuos; servicios de informática y telecomunicaciones; seguridad y vigilancia; provisión de alimentos; servicios de ropería y de esterilización; de suministro de gases medicinales y de laboratorios y análisis clínicos.
También es responsabilidad de los inversionistas privados el mantenimiento y operación de los elevadores. Estos son contratos de servicios hospitalarios integrados por los que el gobierno paga una tarifa de entre 300 y 1,300 millones de pesos anuales dependiendo del tamaño, la capacidad y la especialización del nosocomio.
De esa docena de hospitales que AMLO ha mencionado son nueve las APP que más le interesan para renegociar: dos del IMSS, cuatro del ISSSTE y tres más bajo la tutela directa de la Secretaría de Salud (SSA). Entre los del IMSS, de Zoé Robledo, están el Hospital General de Zona de Tapachula, Chiapas, y el Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, Nayarit, ambos operados por Prodemex del empresario Olegario Vázquez Aldir, consorcio con experiencia en la administración de hospitales a través del Grupo Ángeles.
El ISSSTE, que encabeza Pedro Zenteno, tiene contratadas una APP de la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, operada por GIA+A de Hipólito Gerard; el Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” en Villahermosa, Tabasco, también en manos de Prodemex; el Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit, que opera INVEX Grupo Infraestructura de Juan Guichard, y el Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, contratado con Sacyr Concesiones de Rafael Gómez del Río.
Los tres nosocomios del sector salud son el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, administrado también por GIA+A; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, bajo la operación de Grupo Marhnos, de Nicolás Mariscal, y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, Guanajuato, operado por la española Acciona de José Manuel Entrecanales.
Si bien hay antecedentes y estadísticas que confirman que los contratos no han sido los más beneficiosos para el sector salud del país, debido a que la infraestructura concesionada no opera a su máxima capacidad, pese a que los recursos del Estado sí se transmiten íntegros, se tiene claro que la absorción de los hospitales por parte del gobierno tampoco sería la solución, por lo que desde la Secretaría de Hacienda se recomienda principalmente un proceso de renegociación de contratos.
Posdata 1
Sobre el presunto “exabrupto” entre Altagracia Gómez Sierra y la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la publicación de un comunicado en el que se aseguraba que la presidenta del Consejo de Grupo Minsa “se sumaba al proyecto de Sheinbaum”, la empresaria nos asegura que no hubo tal enfrentamiento con la aspirante a la candidatura de Morena en el 2024.
“En conjunto con el equipo de la Dra. Sheinbaum acordamos hacer las correcciones pertinentes sobre los errores e inexactitudes del primer comunicado con respecto a mi información personal. Estas correcciones no fueron, son, ni serán motivo de reclamos hacia la Doctora. Niego las comunicaciones con la Dra. Sheinbaum a las que se hace referencia. Conversé con ella por última vez en el marco de un evento de la Canaco de la Ciudad de México”, nos envió como réplica a lo publicado en este espacio el viernes pasado.
Reiteró que “México está listo para que una mujer con capacidad probada para gobernar como Claudia Sheinbaum sea la primera Presidenta”.
Posdata 2
El 1 de junio pasado se cumplieron 16 años de la huelga en Cananea, donde se halla una mina de cobre explotada por Grupo México.
Los mineros pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana han bloqueado desde entonces infraestructura pública y privada, como la autopista Cananea-Imuris, y amenazan con tomar la mina Buenavista del Cobre, en un acto desperado para que intervenga el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alfonso Durazo.
Este fin de semana, finalmente el presidente decidió intervenir. De gira por Sonora, a López Obrador le acercaron un teléfono para que hablara con el líder minero Napoleón Gómez Urrutia. En el video que publicamos el domingo en Twitter se ve al mandatario hablar con “Napito”, a quien le asegura que su secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se comunicará con él este lunes para tratar el tema de sus trabajadores en la entidad.
Posdata 3
Una de las elecciones que no se ve nada fácil el próximo año es la de Morelos. Por un lado, las alianzas de partidos, y por otro -el más problemático- las pugnas internas y los fantasmas en el clóset que arrastra el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Blanco llegó al gobierno abanderado por el partido Encuentro Social, pero ahora la alianza será, previsiblemente, entre Morena, el PT y el Verde. El candidato del exfutbolista es Víctor ‘El Güero’ Mercado, actual coordinador de asesores del gobernador y extitular de la Secretaría de Movilidad de Transporte. Fue este empresario quien financió la campaña de Blanco para saltar de la presidencia municipal de Cuernavaca al gobierno estatal. El otro es su hermano Ulises Bravo, con nulas posibilidades.
Sin embargo, l@s aspirantes mejor posicionados son la senadora de Morena, Lucy Meza, y el coordinador General de Política y Gobierno de la 4T, Rabindranath Salazar. El problema es que Blanco va a hacer todo lo posible para vetarlos y dejar a alguno de sus “delfines”. La negociación del gobernador tendrá que ver también con sus aspiraciones para la jefatura de Gobierno de la CDMX y, más precisamente, con la candidatura para competir por la alcaldía que lleva su nombre.
Blanco dejará al presidente López Obrador esa decisión. Lo que podría inclinar la balanza es el tema de género. Si a Morena le conviene impulsar a una mujer por la candidatura de Morelos, nadie podrá evitar que sea la senadora Meza la candidata y posible nueva gobernadora de Morelos en 2024.
@MarioMal
