El acuerdo de pago alcanzado este jueves entre las empresas de Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) marca un punto de inflexión en una de las disputas fiscales más largas y politizadas de las últimas décadas. El conglomerado que preside Ricardo Salinas Pliego aceptó cubrir 32 mil 132 millones de pesos, de los cuales 10 mil 400 millones ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y el resto se liquidará en 18 parcialidades.
De acuerdo con el grupo, el pago no implica aceptar la justicia del cobro ni un cambio de postura frente al gobierno, sino la decisión pragmática de cerrar un frente que consumía tiempo, energía y capital político. Con este desembolso —que incluso rebasa los acuerdos pactados originalmente en 2024—, Grupo Salinas sostiene que no adeuda un solo peso más al fisco mexicano, por ningún concepto.
Con el tema fiscal cerrado, la pregunta es: ¿qué sigue para Ricardo Salinas Pliego?
En una entrevista reciente con el Financial Times, Salinas Pliego dijo que su objetivo es trazar una línea política alternativa al régimen actual; una narrativa que confronte al oficialismo desde el liberalismo económico, la defensa de la propiedad privada y la crítica abierta al estatismo que domina hoy en América Latina. Salinas no habla aún como candidato formal, pero sí como actor político en construcción, con peso dentro y fuera del país.
Y es que si algo distingue a los líderes que han irrumpido en la política sin pasar por las estructuras partidistas tradicionales —desde Trump hasta Bukele o Milei— es la capacidad de articular un discurso que capitalice el descontento popular con las élites establecidas. Salinas Pliego, con su enorme plataforma empresarial —TV Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca y otros vehículos de comunicación e influencia— tiene recursos y alcance que muy pocos actores privados en México pueden igualar.
El empresario ha mostrado que no teme la confrontación directa con el gobierno, una postura que si bien ha dividido opiniones también le ha granjeado simpatías entre sectores que se sienten marginados por las posturas del oficialismo. Esos sectores, que incluyen desde empresarios hasta pequeños comerciantes y segmentos de clase media, perciben en Salinas Pliego un símbolo de resistencia frente a lo que consideran un exceso de intervención estatal y de amenaza hacia el sector privado.
En ese terreno, el acuerdo con el SAT le alcanza para mucho a Salinas Pliego. Primero, le quita al gobierno su principal bandera legal para desacreditarlo. Segundo, le permite reordenar su agenda empresarial internacional, particularmente en Estados Unidos, Europa y en una parte de Latinoamérica. Y tercero, lo libera para intensificar una estrategia de influencia política que no pasa por los partidos tradicionales.
Se anticipa que la postura de Salinas Pliego siga siendo ruda, confrontacional y directa contra el gobierno, la 4T y sus operadores. Y si el regimen ya no puede usar los impuestos como arma, ¿cuál será el nuevo pretexto para bloquearlo?
El expediente fiscal agotado abre paso a otros frentes ya conocidos: regulatorio, financiero y mediático. Las presiones sobre concesiones, permisos, campañas de desprestigio, auditorías selectivas, litigios administrativos y el uso político de organismos gubernamentales son herramientas que el oficialismo ha utilizado antes y que puede volver a activar.
Pero hay otro elemento que no debe subestimarse: la narrativa. Para el régimen, Salinas Pliego no solo sigue siendo un adversario económico, sino un antagonista electoral potencial, aunque él se empeñe en decir que solamente si no hay otra alternativa él sería candidato presidencial.
La política mexicana tiene un enorme déficit de representación y una sociedad que, en buena medida, está desenganchada de los discursos y ofertas partidistas tradicionales. Un actor como Ricardo Salinas, con recursos, alcance y músculo mediático, puede llenar ese hueco discursivo y movilizar electorados que hoy no se sienten representados por los partidos de oposición.
El gobierno lo sabe. Por eso, aunque ya no cuestione su solvencia fiscal, continuará cuestionando su legitimidad política, trazando una línea que lo presente no solo como empresario ambicioso, sino como símbolo de los grandes intereses que históricamente han dominado al país. Es la misma narrativa con la que se han enfrentado empresarios en Brasil, Argentina o incluso Estados Unidos.
La historia de confrontación entre Salinas Pliego y el regimen de la 4T está por superar su primera fase. Vendrán muchas más.
Posdata 1
Aunque la ruta que hoy perfila Ricardo Salinas Pliego no es partidista, en la oposición política la escasez de figuras competitivas rumbo a 2030 ha puesto el nombre del empresario en el radar. El presidente del PAN, Jorge Romero, lo reconoció en una entrevista en noviembre pasado con el diario El País. “Si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza, no lo descartamos como candidato presidencial”, dijo. Fue el reconocimiento de que, ante el vacío de liderazgos, la oposición observa con atención a actores fuera del sistema de partidos.
En su conversación reciente con el Financial Times, Salinas Pliego dejó claro que no está obsesionado con una candidatura ni con un cargo, sino con construir una plataforma política e ideológica que funcione como alternativa al régimen actual. Su desconfianza hacia los partidos tradicionales —incluidos los de oposición— es abierta, puesto que los considera estructuras capturadas por burocracias internas, incentivos de corto plazo y cálculos electorales que impiden proyectos de largo aliento. Por eso insiste en una ruta no partidista como punto de partida, más cercana a un movimiento cívico-político que a una maquinaria electoral clásica.
Sin embargo, el empresario no cierra la puerta a los partidos. Lo que plantea es un orden distinto: primero la agenda, el discurso y una base social propia; después, si conviene, el vehículo electoral. En esa lógica, un partido podría servir solo como instrumento. De ahí que haya sostenido reuniones selectivas con políticos a los que considera serios y con potencial, como Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, con quien ha intercambiado diagnósticos sobre el desgaste del sistema político y la necesidad de una alternativa creíble.
Posdata 2
Por cierto que hablando de Salinas Pliego, esta semana se cerró formalmente el acuerdo para vender el Mazatlán FC al empresario Emilio Escalante, dueño del Club Atlante. No se ha dado a conocer el monto oficial, pero se habla de alrededor de 70 millones de dólares.
Con esta operación, Escalante regresará al Atlante a la Primera División. Se prevé que el debut del equipo sea a mediados de julio, en pleno Mundial de Futbol, en el Estadio Azteca (Banorte), que será su casa. Los partidos del Atlante se jugarán los viernes en la noche y se transmitirán simultáneamente en las pantallas de TV Azteca y TelevisaUnivision; en el caso de esta última también en los Estados Unidos.
La expectativa del retorno del Atlante a la Primera División es alta y se prevé que, si todo sale conforme a lo planeado, más adelante entre algún fondo de inversión a reforzar al equipo, aunque Escalante se mantendría como el accionista mayoritario. Por lo pronto, se conformará un consejo de legendarios atlantistas, el cual incluirá a periodistas deportivos, empresarios, deportistas y otras figuras que son seguidores históricos del equipo de futbol.
Posdata 3
La convocatoria para designar al nuevo Auditor Superior de la Federación se emitirá entre el 17 y 18 de febrero, según lo informó ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Y se anticipa un proceso ríspido, pues hay tres grandes grupos con visiones distintas sobre el futuro de la ASF.
Por un lado están quienes apuestan por la continuidad de David Colmenares, un bloque encabezado por el propio Monreal y acompañado por otros actores que ya se han ido alineando en esa lógica de mantener el actual modelo, con ajustes menores pero sin un relevo en la cabeza de la ASF. Del otro lado están quienes impulsan un cambio, aunque incluso ahí las posiciones no son homogéneas ni coinciden en el alcance de ese viraje.
Dentro de este último grupo destaca un frente encabezado por el experto en fiscalización, Gerardo Lozano Dubernard, que ha venido impulsando a Vanessa Pérez Morales, exfuncionaria vinculada al Sistema Nacional Anticorrupción, y que agrupa a perfiles provenientes del extinto INAI, así como a sectores abiertamente inconformes con la gestión de Colmenares. En esa misma ruta aparece el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien parece haber comprado esa causa en su afán de mantenerse protagónico, construir agenda propia y posicionarse políticamente, ya sea como eventual coordinador de la bancada de Morena o como un actor relevante en la discusión legislativa.
Ese bloque a favor del cambio, sin embargo, no es monolítico. La percepción es que la presidenta Claudia Sheinbaum también se ubica del lado del cambio, pero no radical, sino de un relevo en la titularidad de la ASF y ajustes en su funcionamiento —incluso una eventual reforma a la ley orgánica—, pero no una transformación de gran calado que implique rehacer todo el sistema o entregar la conducción a las agendas de las organizaciones civiles y los excolaboradores del INAI.
En ese contexto, la apuesta que se perfila es la de un “cambio con continuidad”, es decir una Auditoría con mayor eficacia y ajustes internos, con autonomía formal, pero también con cercanía política con la Presidencia, sin quedar capturada por los grupos más confrontados ni por quienes buscan convertir la fiscalización en una plataforma personal. En esa línea se habla de José Serrano, excontralor de la CDMX en el gobierno de Sheinbaum.
Otros nombres que suenan son el de José Manuel del Río Virgen y Julieta del Río, ambas cartas de Ricardo Monreal; Muna Dora Buchahin, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Gerardo Lozano y Guadalupe Araceli García, subsecretaria Anticorrupción, la apuesta de Raquel Buenrostro.
@MarioMal