Han pasado tres semanas desde la explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se registran 30 víctimas mortales, entre ellas el conductor de la pipa, a quien la Fiscalía capitalina investigaba por presunto exceso de velocidad. La empresa detrás de la tragedia, Transportadora Silza, ha respondido con comunicados ambiguos, mientras el poderoso conglomerado gasero al que pertenece, Grupo Tomza, arrastra varios escándalos.
La historia de Tomza, fundado por el juarense Tomás Zaragoza Fuentes y convertido en la gasera más grande de México, está marcada por explosiones, muertes y un monopolio que durante años ha contado con la complacencia oficial. Según registros oficiales y reportes de prensa, en los últimos 12 años la red de empresas del grupo ha acumulado al menos 24 accidentes en México y Costa Rica. Fugas en plantas, explosiones en tortillerías, siniestros vehiculares e irregularidades en instalaciones que han dejado cerca de 100 lesionados y más de 50 muertos. Solo por explosiones, se cuentan al menos 11 desde 2013, la mitad con consecuencias fatales, sin contar la tragedia reciente en Iztapalapa.
Así, mientras en su página web Tomza presume ser “la principal cadena gasera del país” y abre una sección de certificaciones completamente vacía, sus antecedentes exhiben fallas de seguridad reiteradas y nula rendición de cuentas. El caso más extremo ocurrió en 2013, cuando una explosión en su planta de Amozoc, Puebla, reveló que operaba sin permisos estatales completos. En Baja California, dos explosiones en instalaciones de Silza dejaron seis muertos y sus respectivas indemnizaciones, pero nunca sanciones ejemplares. Incluso en Yucatán se giró una orden de aprehensión contra Tomás Zaragoza que quedó sin ejecutarse.
El poder del grupo no se limita a la operación comercial. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, Tomza y sus filiales concentran más de 300 permisos de distribución y expendio de gas LP en el país, una cifra que lo coloca muy por encima de competidores medianos y que en algunos estados supera el 30% de participación. En Baja California, por ejemplo, controla 26 de los 91 permisos estatales para expendio de gas LP y concentra casi 30% de las licencias federales con vigencia de tres décadas. Su competidor más cercano apenas suma 12.
A ese poder de mercado se suma una relación fluida con gobiernos locales. En los últimos 15 años, más de 17 contratos fueron adjudicados directamente a Gas Silza en Baja California, principalmente durante el gobierno del panista Francisco Vega. Recientemente, se hizo de un contrato para suministrar gas LP a las cocinas de los ocho Ceresos y centros para adolescentes en el estado por un monto mínimo de 18.5 millones de pesos.
En la Profeco, Tomza acumula más de un centenar de quejas contra sus filiales por abusos en precios y prácticas monopólicas, aunque pocas han llegado a sanciones efectivas.
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Pemex han vinculado a pipas de Grupo Tomza con el robo de gas LP en tomas clandestinas, como lo reveló EL CEO. En 2021 se aseguraron siete vehículos cisterna presuntamente propiedad del conglomerado, utilizados para trasiego ilegal en el Estado de México, Hidalgo y Puebla. Dos de esas unidades, con capacidad de 42 mil litros —casi del tamaño de la pipa volcada en Iztapalapa— fueron identificadas como parte de Transportadora Tomza, una de las principales filiales del grupo.
La tragedia del Puente de la Concordia pone en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum su primera gran prueba de fuego: decidir si el caso de Silza y Tomza será otro capítulo de impunidad resuelto con indemnizaciones y nuevos contratos, o el inicio de un cambio real en el escrutinio al sector gasero. Se trata de un conglomerado que abastece a millones de hogares y negocios en todo México, que tiene la capacidad de presionar precios y contratos, y cuya historia muestra omisiones que podrían derivar en otra tragedia.
Posdata 1
A propósito de la tragedia, este martes la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció un decreto que limita de manera drástica la operación de estas unidades. El nuevo marco obliga a las pipas con más de 20 mil litros a circular sólo entre las 22:00 y 5:00 horas, prohíbe el tránsito en vías primarias como Periférico, Circuito Interior y Viaducto, reduce la velocidad máxima a 30 km/h, veta unidades con más de 40 mil litros, exige dictámenes de seguridad y constancias de capacitación para los operadores, e incrementa multas con apoyo de radares en accesos carreteros.
El problema es que estas reglas llegaron después del desastre. Si se hubieran aplicado antes, es posible que la tragedia no hubiera ocurrido. De ahí la crítica para el gobierno de Brugada: más que planeación preventiva, la medida luce como un golpe de timón para recomponer la narrativa política y mostrar control tras una crisis que tomó desprevenida a la administración capitalina.
Para colmo, la alcaldía Iztapalapa —que catapultó a Brugada al máximo poder en la capital— exhibió esta semana un hundimiento en la carpeta asfáltica del Puente de la Concordia, justo en la zona del siniestro. Así que no sólo el transporte de alto riesgo estaba fuera de control, también la infraestructura más básica.
Posdata 2
Lo que sucedió ayer en el Senado podría ser muy sintomático de lo que viene con la oposición panista: mientras la secretaria Rosa Icela Rodríguez arrancaba su comparecencia, Adán Augusto López se dio unos minutos para bromear y estrechar manos con Enrique Vargas y Marko Cortés. Entre sonrisas y apretones de manos, lo que quedó fue la postal de un presunto pacto entre los líderes del PAN y el exsecretario de Gobernación. No es la primera vez que se sugiere un entendimiento y ahora las señales son más evidentes.
Ricardo Anaya, que hoy volvió a la tribuna para arremeter contra el huachicol y la inseguridad, cuidó escrupulosamente no rozar a Adán Augusto en su discurso. Como si existiera un acuerdo tácito, un “pacto de no agresión” en el que el panismo prefiere apuntar hacia otro lado antes que confrontar directamente al líder morenista.
Dicha escena revive la tesis de una “alianza silenciosa” —como la describí hace unas semanas— que conviene a ambas partes: a Adán, porque le permite aislar sus frentes de fuego en el Senado; y a los panistas, porque abre la puerta a negociaciones y contrapesos que de otra forma no tendrían.
La imagen de este martes en la Cámara Alta exhibe también el costo político en el que podrían incurrir los panistas, quienes en público confrontan al régimen, pero en privado se alinean con sus cuadros más poderosos.
Posdata 3
Hablando de panistas, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, va de mal en peor. La investigación que documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que la señala por haber adquirido en 2023 una parcela ejidal de 20 mil metros en Silao por 4 millones de pesos, pero en su declaración patrimonial de noviembre de 2024 la reportó en apenas 3 millones, la tiene en crisis.
El expediente notarial detalla una construcción inicial de 274 metros, pero las imágenes satelitales muestran la rápida metamorfosis en un rancho con canchas, alberca, caballerizas, sembradíos y bardas perimetrales, cuyo valor real, según valuadores independientes, rebasa los 10 millones de pesos.
Acusada de “subvaluar” sus bienes, la mandataria se defendió alegando que todo fue un error de captura y que la cifra declarada correspondía al monto del crédito solicitado y no al costo total del predio. Asegura haber corregido la omisión en abril de 2025 con un oficio dirigido a la Secretaría de la Honestidad, y sobre la parcela contigua de 2 mil 800 metros explicó que se trata apenas de una promesa de compra condicionada a un juicio sucesorio.
El escándalo patrimonial se suma a la crisis de violencia e inseguridad en su entidad. De enero a agosto de 2025, Guanajuato acumula alrededor de mil 700 homicidios dolosos, lo que mantiene al estado como el más violento del país.
@MarioMal