En el proceso de finales del 2022, que culminó el primer lunes del 2023 con la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no inmiscuirse directamente ni operar para que uno de sus cercanos quedara al frente del máximo tribunal. Eran tiempos convulsos, de enfrentamiento entre los ministros promovidos por otros gobiernos y los que propuso AMLO. El presidente saliente, Arturo Zaldívar, hizo lo indecible para evitar que lo sustituyera Yasmín Esquivel e impulsó a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien López Obrador lo tildó de ser el “ministro rico” y se descarriló. Fue precisamente Esquivel el que le dio el voto definitivo a Norma Piña para que se convirtiera en la nueva presidenta, sin saber que sería la enterradora del Poder Judicial.
Sirva esta historia para recordar que cuando un presidente deja a la deriva una decisión tan importante, las cosas suelen salir mal. Esta fue la reflexión que hizo Claudia Sheinbaum y su equipo para determinar que debían “operar la elección”. Si bien las manos del gobierno y de Morena se vieron desde de la integración de los Comités de Selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la instrucción inicial era que se filtraran a los perfiles mejor calificados, cercanos al oficialismo o desligados de los gobiernos anteriores y de oposición, y que los ciudadanos tuvieran la última palabra el día de la elección.
Sin embargo, con el paso de los días las cosas se fueron descomponiendo: gobernadores, coordinadores legislativos, presidentes de las cámaras, diputados, senadores, secretarios de Estado y liderazgos de Morena cabildearon en favor de sus candidatos y candidatas. Todos tenían y tienen a su perfiles para “lo que se ofrezca”. También empresarios, sindicatos de trabajadores y otros grupos de poder, incluido el actual Poder Judicial, jugaron sus cartas. Fue entonces que Sheinbaum decidió tomar cierto control e instruyó a su consejera Jurídica, Ernestina Godoy, a elaborar una lista con los candidatos y candidatas idóneos para la Corte, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral, de manera que, consensuadas con el Legislativo, los gobiernos estatales y el partido, se impulsarán el día de la elección.
Varias listas se difundieron e integrantes de la 4T publicaron las suyas. La más cercana a lo que va a suceder el domingo la dimos a conocer hace varios días en esta columna. Algunos nombres aún están en discusión, pero la mayoría siguen muy firmes. Por ejemplo, para la SCJN están confirmadas Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías, por parte de las mujeres. Del lado de los hombres las cosas pueden cambiar; el único confirmado al momento es el candidato indígena Hugo Aguilar Ortiz. Los cercanos a los puros de Morena impulsan a César Gutiérrez, Federico Anaya y, en el caso de mujeres, también a Natalia Téllez. Otros nombres que se manejaron son los de Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figuero Mejía y Arístides Guerrero, pero el que se apresta a ser el caballo negro es el consejero Sergio Molina.
Para el Tribunal de Disciplina Judicial, los tres consejeros de la Judicatura que compiten por una magistratura están muy firmes; es decir, Eva Verónica De Gyves, Celia Maya y Bernardo Bátiz. Los otros dos nombres que se barajaron, Indira Isabel García y Rufino H León Tovar, no están seguros. Y para los cargos vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral es prácticamente un hecho que llegarán Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.
Estos son los “elegidos”, para quienes la maquinaria electoral de los gobiernos estatales y de Morena operarán en su mayoría para que sean “ganadores” en el proceso del domingo. Los otros cientos de cargos también son relevantes, pero el régimen decidió concentrarse en los que consideraron los más importantes.
Lo que vendrá después de la “elección” será la operación cicatriz: el recuento de los daños de los inconformes, quienes impulsaron a sus candidatos y no “llegaron”. Y ni qué decir de los participantes, quienes con las evidencias en la mano podrán impugnar la elección y clamar lo que tanto teme el movimiento oficialista: que la elección fue un fraude.
Posdata 1
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la marcha que prepara la industria del gas LP para los primeros días de junio, de la cual dimos cuenta la semana pasada. Los distribuidores del energético han argumentado que los precios regulados por el gobierno desde el año 2021, junto con una nueva tarifa de distribución impuesta en 2025, han provocado una reducción de sus ingresos, lo que ha afectado la viabilidad del negocio.
La Presidenta confió en que habrá acuerdo para no llegar al paro. “Hay pláticas con la Secretaría de Energía. Ellos dicen que no les está saliendo el gasto, digamos, su inversión, lo que gastan todos los días para repartir el gas LP. Ahora el precio del gas LP ha bajado. Entonces, por eso hay una mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Energía”, dijo.
El problema es que la industria acusa que la titular de Sener ha hecho oídos sordos, quizá porque más bien la directriz de mantener a raya los gaseros, en beneficio de la empresa gubernamental Gas Bienestar, que tiene un balance en números rojos, viene desde su tierra natal: Tabasco, o más bien cerca de ahí, en Palenque, Chiapas.
Ya van varias veces que la Presidenta instruye a su secretaria de Energía a dialogar con la industria, pero las reuniones no se han concretado y los trabajadores del sector permanecen en vilo. Lo que piden los gaseros es que se revise el esquema de precios máximos. La propuesta puntual de los distribuidores de gas LP en la Ciudad de México es un incremento de 4 pesos por litro, aunque el aumento podría ser menor; sin embargo, no ven voluntad de las autoridades del sector energético.
Actualmente, en la capital del país el precio es de 10.61 pesos por litro y 19.66 pesos por kilogramo de gas LP, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía.
Posdata 2
Este viernes deben llegar a su fin los procedimientos de subastas inversas que lleva a cabo Birmex, a cargo de Carlos Ulloa, para garantizar el abasto de fármacos e insumos médicos del sistema de salud, por lo menos para lo que resta del 2025. Se espera destinar finalmente unos 50 mil millones de pesos a proveedores que, presuntamente, son dueños de registros sanitarios o bien distribuidores autorizados.
De acuerdo con fuentes de la propia industria, se están priorizando las adjudicaciones a los grandes laboratorios asiáticos que ofrecen el menor precio, pero que no garantizan la existencia del producto y mucho menos la capacidad de distribución.
Esta lógica de compra contrasta con el plan que presentó ayer, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se iba a fomentar la producción nacional de medicamentos, priorizando en las adquisiciones a los laboratorios que tienen inversión en el país.
Posdata 3
Otra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien ahora es acusada de negarse a entregar información sobre el manejo de más de 900 millones de pesos de recursos públicos en 2023, a sabiendas de que está incumpliendo la ley.
El diputado morenista Joaquín Badillo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, expuso que hay un procedimiento técnico, legal, que se ha seguido con los 85 municipios y más de 150 entes fiscalizables del estado, y solo uno –Acapulco– no entregó la información requerida.
La diputada local Luissana Ramos Pineda afirmó que el proceso de revisión a la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Acapulco es completamente institucional y técnico, y llamó a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez a no politizar el procedimiento ni victimizarse públicamente.
La legisladora subrayó que la Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía técnica y operativa, encargado de revisar el uso de los recursos públicos sin sesgo político, y que el actual proceso forma parte de la programación anual establecida desde la legislatura anterior.
Así las cosas con la rendición de cuentas en Acapulco.
Posdata 4
Y en más del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, finalmente admitió su postura intolerante tras reclamar a un reportero una pregunta que le incomodó sobre la Ley de Arbolado Urbano, y luego, como si fuera una amenaza, le tocó el brazo y le dijo: “que Dios te bendiga”. El mandatario admitió el error y se disculpó públicamente con el periodista.
Ayer también se reportó que asesinaron a dos personas en una balacera en el tianguis “Los Lavaderos”, y por si fuera poco la autopista México-Puebla permaneció cerrada por más de cuatro horas a la altura de San Miguel Xoxtla. Pobladores exigen el cierre del pozo 4 que envía agua a la capital poblana y demandan la renuncia de la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez. Mala racha para el gobernador poblano.
Mario Maldonado
@MarioMal