En una reunión reciente con integrantes del primer círculo político de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los principales cuadros del movimiento prepararse para disputar todas las posiciones posibles rumbo a las elecciones de 2027. No importó que algunas de esas plazas estuvieran consideradas dentro de los acuerdos históricos con el Partido Verde Ecologista de México o con el Partido del Trabajo. El mensaje fue “ir por todo”.
Entre los asistentes estuvieron figuras con peso dentro de la estructura territorial y electoral del partido, como Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, además de algunos de los coordinadores de circunscripción. La conclusión fue que Morena no puede depender de aliados cuya lealtad se ha vuelto cada vez más relativa y circunstancial. En Palacio Nacional existe la percepción de que tanto el Verde como el PT han empezado a actuar más como socios con agenda propia que como integrantes de un mismo proyecto político.
La molestia no surgió de la nada. La Presidenta aún resiente la forma en que sus aliados se comportaron durante la discusión de la reforma electoral y de otras iniciativas estratégicas impulsadas desde el Ejecutivo. El diagnóstico que circula entre los principales operadores de la Presidenta es que varios dirigentes del PVEM han comenzado a calcular escenarios de supervivencia política frente a un eventual deterioro de la relación entre México y Estados Unidos y ante las investigaciones que avanzan en aquel país sobre personajes ligados a Morena y contra el propio partido.
Ese cálculo tiene además una variable electoral que preocupa a los aliados de Morena. Aunque el partido gobernante conserva una posición dominante en el escenario nacional, diversas mediciones recientes muestran una erosión de la marca Morena. No se trata de un desplome, pero sí de una pérdida de atractivo asociada a factores como la desaceleración económica, la inseguridad persistente y, más recientemente, los señalamientos provenientes de agencias e instituciones estadounidenses sobre vínculos con las organizaciones criminales. En el Verde y el PT crece la percepción de que esa tendencia podría profundizarse conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2027.
Por eso la decisión de disputar incluso estados que parecían reservados para el Verde. Quintana Roo es el caso más visible, aunque no el único. También aparecen en el radar entidades como la CDMX, el Edomex, San Luis Potosí, Nayarit y Querétaro.
El senador Luis Armando Melgar ha expresado en distintos momentos posiciones que no coinciden con las de Morena. En la Ciudad de México, Jesús Sesma ha impulsado una agenda distinta a Morena y ha esbozado una posible ruptura, mientras que el Estado de México, José Alberto Couttolenc también ha dejado ver que el Verde buscará sus propias posiciones en 2027.
De acuerdo con fuentes empresariales y políticas consultadas para esta columna, durante las últimas semanas varios empresarios de alto nivel vinculados al partido, así como dirigentes y legisladores ecologistas, han buscado a Jorge Emilio González para plantearle su preocupación. Quieren conocer cuál es la estrategia del partido frente al deterioro de la relación entre Morena y Estados Unidos.
Algunos le han pedido autorización para comenzar a tomar distancia política de Morena. Otros han ido más lejos y han planteado la necesidad de diseñar una ruta de separación gradual antes de que los costos sean mayores.
No es solamente una discusión ideológica o electoral. Hay intereses patrimoniales de por medio. Una parte importante de la dirigencia verde tiene propiedades en Estados Unidos, inversiones familiares, hijos estudiando en escuelas estadounidenses o actividades empresariales que dependen de una relación fluida con ese país. También están quienes viajan constantemente a Florida, Texas o California y observan con preocupación el endurecimiento del discurso político entre ambos gobiernos.
Por eso llamó particularmente la atención una frase pronunciada por Sheinbaum esta semana en torno a que la política requiere valentía y que quienes guardan silencio por temor a perder la visa estadounidense o enfrentar algún tipo de represalia de Estados Unidos prácticamente no tienen cabida en el movimiento.
La observación tenía destinatarios múltiples dentro del oficialismo, pero en el Verde fue interpretada como una advertencia directa, porque si existe una fuerza política dentro de la coalición gobernante cuyos liderazgos mantienen vínculos patrimoniales y personales relevantes con Estados Unidos, esa es precisamente la franquicia del “Niño Verde”.
Posdata 1
Durante meses se asumió que el senador Eugenio “Gino” Segura sería el relevo natural impulsado por la gobernadora Mara Lezama y respaldado por Jorge Emilio González, el histórico líder real del Verde. Los números lo acompañaban y los acuerdos políticos parecían alineados. Sin embargo, la irrupción de Rafael Marín Mollinedo modificó la ecuación.
El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México es uno de los personajes más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante mucho tiempo se daba por hecho que su aspiración a gobernar Quintana Roo había perdido viabilidad. El propio Marín había comentado en privado que los números no le favorecían. Pero la decisión de Morena de competir con candidatos propios en todas las plazas relevantes volvió a colocarlo en la conversación.
La Presidenta no está dispuesta a entregar posiciones estratégicas por adelantado. Menos cuando observa señales de distanciamiento entre algunos de sus aliados. Así que el estado donde no se avizoraban tantos problemas, vuelve a convertirse en una dificultad para la sucesión de la cuestionada gobernadora Mara Lezama.
Posdata 2
La amenaza de la CNTE de escalar sus protestas hasta afectar el Mundial de Futbol 2026 está exhibiendo una de las principales debilidades del gobierno de Claudia Sheinbaum. Tras semanas de bloqueos, plantones y movilizaciones en la Ciudad de México y otros entidades, ninguno de los funcionarios encargados de la interlocución ha logrado desactivar el conflicto. Ni el secretario de Educación, Mario Delgado; ni la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; ni el subsecretario César Yáñez han conseguido acordar una salida. En privado, incluso dentro del gabinete se reconoce que las mesas de negociación llegaron a un punto muerto porque las demandas centrales de la Coordinadora implican compromisos financieros que el gobierno no está dispuesto —o no puede— asumir. Y también que los mandan sin muchas herramientas para negociar con el magisterio.
El origen del problema se remonta a las promesas hechas durante la campaña presidencial y a los compromisos posteriores con el magisterio disidente. La principal exigencia de la CNTE sigue siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, la recuperación de un esquema solidario de pensiones y aumentos salariales muy superiores a los otorgados hasta ahora. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha reconocido públicamente que revertir completamente la reforma de 2007 resulta financieramente inviable en las condiciones actuales, lo que abrió una brecha entre las expectativas creadas y la realidad presupuestal.
En ese contexto, quien sigue acumulando sospechas dentro y fuera del gobierno capitalino es Martí Batres. El exjefe de Gobierno interino y actual director general del ISSSTE aparece cada vez con más frecuencia relacionado con la movilización de algunas de las secciones más radicales de la Coordinadora. A Batres le atribuyen viejos vínculos políticos y operativos con grupos de la CNTE que hoy encabezan las protestas más agresivas. El tema ya llegó a Palacio Nacional, donde se tiene información sobre presuntos apoyos financieros de Batres a sectores del magisterio disidente.
Este y muchos otros asuntos ya golpean con fuerza la imagen de gobernabilidad de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuya evaluación enfrenta dificultades crecientes.
Posdata 3
Por cierto que hablando de los Batres, quien sigue despertando inquietud en los círculos empresariales es la ministra Lenia Batres. La futura presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emprendido en los últimos meses una estrategia de acercamiento con organismos de la iniciativa privada, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra. El episodio más reciente ocurrió hace unos días en una reunión privada con integrantes del CCE, donde, según asistentes, una de las condiciones fue evitar fotografías y mensajes públicos que pudieran interpretarse como respaldo mutuo. La petición duró poco. Horas después, la propia ministra difundió imágenes del encuentro en sus redes sociales para presumir una relación de diálogo y entendimiento con el sector empresarial.
La publicación provocó molestia entre varios dirigentes empresariales. En privado aseguran que la reunión fue institucional, pero distó mucho de representar un voto de confianza hacia la ministra. Más bien fue una oportunidad para expresarle directamente las preocupaciones que existen sobre el rumbo que está tomando el Poder Judicial tras la reforma impulsada por Morena. Los empresarios reconocen que Batres ha moderado el tono de sus declaraciones públicas y que incluso ha buscado tender puentes con sectores que históricamente le han sido adversos, pero sostienen que las dudas sobre su visión jurídica y su independencia permanecen intactas.
La preocupación no está centrada únicamente en sus votos dentro del pleno. En el sector privado asumen que, aun cuando no consiga construir mayorías para modificar criterios relevantes o impulsar resoluciones de alto impacto, sí tendrá amplias facultades administrativas cuando sustituya a Hugo Aguilar Ortiz en la presidencia de la Corte. El control presupuestal, la designación de equipos, la conducción de la agenda interna y la administración del flujo de asuntos que llegan al máximo tribunal son atribuciones que pueden moldear el funcionamiento de la institución durante años.
Por eso llamó la atención que, mientras impulsa la promoción de su libro sobre la elección judicial por voto popular y multiplica sus encuentros públicos con empresarios, Lenia Batres también haya comenzado a recibir un trato más amable en algunos espacios mediáticos “de derecha”, tradicionalmente críticos de la llamada Cuarta Transformación. La ministra parece estar construyendo una nueva narrativa alrededor de su figura. El asunto es que, detrás de las fotografías, los mensajes conciliadores y los trascendidos favorables, persisten las mismas preguntas sobre la concentración de poder que tendrá la próxima presidencia de la Corte y sobre el papel que jugará una de las figuras más ideologizadas del bloque gobernante.
Posdata 4
La crisis provocada por la CNTE ha puesto a Oaxaca nuevamente en cierta tensión política y social. Sin embargo, a diferencia de otros momentos, el gobierno de Salomón Jara ha buscado contener los efectos del conflicto mediante el diálogo con el magisterio y la continuidad de los proyectos de infraestructura y desarrollo económico. Pese a las protestas, los bloqueos y las afectaciones a la actividades económicas, la administración estatal no detendrá las inversiones consideradas prioritarias para la entidad.
Recientemente se puso en marcha el programa Linda Oaxaca o Sicarú Lula’, que contempla una inversión superior a los 2 mil 800 millones de pesos para transformar la Zona Metropolitana de Oaxaca, donde se concentra buena parte de la actividad económica, turística y de servicios del estado. El proyecto incluye la intervención de accesos y cruceros estratégicos, la rehabilitación de calles y banquetas, la construcción de pozos, la creación de más de un centenar de Senderos Seguros, la mejora de espacios públicos y el reordenamiento del transporte, una de las principales demandas de movilidad en la ciudad.
@MarioMal