La presidenta Claudia Sheinbaum terminó de cerrar una de las pinzas más importantes de su gobierno: la del gabinete de Seguridad y del andamiaje jurídico-judicial del Estado. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, la llegada de Ernestina Godoy a ese cargo y el nombramiento de Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal responden a una lógica de control, alineación política y lealtad que dista del modelo fragmentado con el que Andrés Manuel López Obrador arrancó su sexenio.
Godoy es la abogada más cercana a Claudia Sheinbaum. Su relación se consolidó a partir de 2018, cuando Sheinbaum llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y colocó a Godoy al frente de la Procuraduría local, cargo que después se transformó en Fiscalía. Desde esa posición, Godoy se convirtió en la principal operadora jurídica del gobierno capitalino, con un papel central en la conducción institucional de los casos más sensibles para la administración local, como la tragedia de la Línea 12 del Metro y otros expedientes de alto impacto, incluidos asuntos en contra de la oposición en la ciudad.
Su salida de la Fiscalía capitalina en 2023, tras no alcanzar la ratificación en el Congreso local, no la alejó del círculo de poder. Por el contrario, la llevó directamente al equipo de campaña de Sheinbaum, luego a la Consejería Jurídica y desde hace unos días al centro del aparato federal de procuración de justicia. Al frente de la FGR, Godoy será una funcionaria alineada 100% al proyecto presidencial, con conocimiento pleno de los expedientes sensibles y una relación directa con Palacio Nacional.
El segundo movimiento clave es la llegada de Esthela Damián a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Damián es, para muchos en el entorno presidencial, la segunda abogada más cercana a Sheinbaum. Exdiputada local y federal, exsubsecretaria de Seguridad en la Ciudad de México y de Prevención de las Violencias con Omar García Harfuch, Damián ha sido una figura constante en la operación política y jurídica del grupo de Sheinbaum. Su paso por áreas de seguridad y su conocimiento del aparato administrativo le dan un perfil más operativo.
“Es tiempo de mujeres”, suele decir Sheinbaum para justificar algunos de sus nombramientos, aunque este, como el de Godoy, es un asunto de lealtades probadas. Por eso, a pesar de que sonó con fuerza el nombre de Arturo Zaldívar para ocupar la Consejería Jurídica, su promoción no se concretó. Zaldívar se mantiene en su posición actual, cercano al poder pero sin el control directo de la arquitectura legal del Ejecutivo. Sheinbaum prefirió cerrar filas con perfiles propios antes que ampliar el círculo con otros que no provienen directamente del movimiento.
Este rediseño contrasta con la triada con la que López Obrador inició su gobierno en 2018: Gertz Manero en la FGR, Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Julio Scherer en la Consejería Jurídica. Aquella configuración estuvo marcada por tensiones, agendas paralelas y una falta evidente de coordinación. Durazo dejó la SSPC en octubre de 2020 para buscar la gubernatura de Sonora; Scherer salió de la Consejería Jurídica en septiembre de 2021, en medio de rupturas internas y señalamientos; y la FGR operó durante años como un poder prácticamente independiente del resto del gabinete de seguridad.
Los relevos posteriores intentaron corregir esa dispersión. Rosa Icela Rodríguez asumió la SSPC en noviembre de 2020, y María Estela Ríos González —actual ministra de la SCJN— llegó a la Consejería Jurídica tras la salida de Scherer. Aun así, la distancia con la Fiscalía se mantuvo.
Con Sheinbaum la apuesta es que la Fiscalía, la Consejería Jurídica y el gabinete de Seguridad queden articulados bajo una misma lógica política y estratégica. Con todo ese poder concentrado y alineado, las cosas no tendrían que salir mal. No pueden salir mal. Porque si fallan, ya no habrá margen para culpar a herencias. La responsabilidad será total.
Posdata 1
El testimonio del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ante los comités de Medios y Finanzas del Senado estadounidense lanzó señales relevantes para México en la antesala de la revisión del T-MEC. Más allá del tono político habitual, el USTR puso sobre la mesa datos duros: las exportaciones de Estados Unidos a sus socios del tratado han crecido 56% y el acuerdo ha sido un factor central de certidumbre para la inversión y las cadenas de suministro en América del Norte.
En su exposición, Greer reconoció explícitamente los avances derivados de los acuerdos con México. En un contexto de presiones proteccionistas y de creciente preocupación por la seguridad económica, el USTR admite que el diálogo que ha permitido pasar de discusiones puntuales a conversaciones de carácter estructural, un punto clave rumbo al proceso de revisión conjunta del acuerdo.
Otro elemento fue la apertura del gobierno estadounidense a negociar tanto de manera bilateral como trilateral. Greer adelantó que Washington no descarta ajustes diferenciados, como lo ha anticipado el secretario Marcelo Ebrard, pero mantiene al T-MEC como el eje central de la relación comercial con México y Canadá, en lugar de apostar por una ruptura o por acuerdos aislados que fragmenten la región.
El mensaje de Greer sugiere que, aunque vendrán negociaciones complejas y exigencias adicionales —sobre reglas de origen, comercio con Asia y temas de seguridad económica—, el T-MEC no está en la cuerda floja. Al contrario, todo apunta a que seguirá siendo el marco de referencia del comercio regional, con ajustes, pero con continuidad.
Posdata 2
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un paquete de inversiones por 4 mil 328 millones de dólares (unos 81 mil millones de pesos) para reforzar la generación firme de electricidad en México a través de cinco proyectos estratégicos de centrales eléctricas que suman 2 mil 913.9 megawatts (MW) de nueva capacidad. El mayor de estos es la Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos Tula II, en Hidalgo, con 1,013.8 MW, seguido por plantas en Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y una unidad de generación en Baja California Sur, todas con ingeniería lista y contratos firmados para iniciar obras a corto plazo. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, expuso que estas inversiones contribuyen a asegurar que el Estado mantenga al menos 54 % de la generación eléctrica nacional, conforme a la ley vigente del sector.
El anuncio se inscribe en una serie de compromisos públicos de la CFE y la Secretaría de Energía desde el inicio del actual sexenio. En noviembre de 2024, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, presentó el Plan de Expansión 2025-2030, con una estrategia general de inversión de 23 mil 400 millones de dólares para fortalecer generación, transmisión y distribución, de los cuales 13 mil millones estaban destinados específicamente a generación eléctrica estatal, con proyectos diseñados para ampliar capacidad y confiabilidad del sistema nacional.
En agosto pasado se anunció que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se destinarán 8 mil 177 millones de dólares a la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión, junto con subestaciones y obras asociadas, en lo que se describió como una inversión histórica para modernizar la red y atender el crecimiento de la demanda en más de 50 millones de usuarios.
Posdata 3
El Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, cerró el año con la asignación del procedimiento IA-50-GYR-050GYR975-I-22-2025, correspondiente al PNAEC VI, por 765.2 millones de pesos, la oferta económica más baja presentada en el concurso.
La empresa ganadora fue Provectus Tecnología, que suministrará 37,805 equipos de escritorio, 101 laptops intermedias y 115 laptops avanzadas, todos de la marca Hewlett-Packard. Se trata de uno de los paquetes de equipamiento tecnológico más relevantes del año dentro del sector público federal.
El proceso registró cinco participantes en la junta de aclaraciones y cuatro en la etapa de presentación de propuestas. El fallo confirmó que la adjudicación se definió por precio y cumplimiento técnico.
El equipamiento será destinado a la red de clínicas y hospitales del IMSS, con el objetivo de fortalecer la operación administrativa y médica. Con ello, el Instituto cierra 2025 con un avance concreto en infraestructura tecnológica, un rubro clave para la gestión interna y la atención a derechohabientes.
Posdata 4
El dato de 40 mil 906 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa que llegó a México entre enero y septiembre de 2025, si bien sorprendió por el bajo crecimiento de la actividad económica, comienza a tomar forma con información presentada por los estados del país. Parte de esos flujos se han dirigido a Baja California, uno de los estados que ha logrado capturar inversiones asociadas a la reconfiguración industrial y al nearshoring.
Ayer, la gobernadora Marina del Pilar Ávila expuso que Baja California se ubica como el cuarto estado con mayor captación de IED y como el primero a nivel nacional en anuncios de inversión. Detalló que los capitales se concentran principalmente en sectores de alto valor agregado como semiconductores, biotecnología, industria automotriz y aeroespacial, y aseguró que tres de las empresas globales más relevantes en semiconductores ya operan en la entidad. También reconoció que existe una rotación natural de empresas, con cierres y aperturas, pero sostuvo que el balance neto se mantiene positivo.
@MarioMal